Pese a que el crimen sigue cobrando la vida de transportistas, el sector denuncia que el Gobierno no responde a sus pedidos para dialogar y coordinar medidas contra la inseguridad. Esto motivó la convocatoria a una paralización para el 25 de agosto.

La medida de fuerza fue anunciada la noche del último martes ante la falta de respuestas del Ejecutivo frente a los casos de extorsión, sicariato y ataques contra trabajadores y directivos del sector. Sin embargo, podría ser cancelada si se entabla una comunicación directa entre el despacho presidencial y el gremio de transportes. La paralización convocada por el gremio de transporte urbano de Lima y Callao para el martes 25 de agosto podría quedar suspendida si el Gobierno abre un espacio de diálogo directo con los dirigentes del sector.

Motivo del paro

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, aseguró que solicitaron conversar con la presidenta Keiko Fujimori para conocer las medidas que van a implementar en el corto y mediano plazo para luchar contra la inseguridad ciudadana, pero no obtuvieron respuesta. "Hasta el momento, la presidenta no nos ha recibido. Nadie del Ejecutivo nos ha manifestado qué es lo que se piensa hacer y ahí es donde alzamos nuestra voz de protesta y planteamos una medida de fuerza para el día 25, en la medida en que no sabemos lo que el Gobierno piensa hacer en materia de seguridad", aseguró en RPP.

Exigen diálogo directo

Vargas aclaró que el paro del 25 de agosto podría suspenderse, pero bajo una condición estricta: la mandataria debe convocarlos a un diálogo directo. Según el dirigente, conocer las estrategias que planea implementar la autoridad para combatir el crimen es vital. «El solo hecho de saber de que vamos a conversar con el Ejecutivo y que nos digan cuál es su política en materia de seguridad ciudadana, haría que levantáramos el paro», afirmó. Esta expectativa se basa en la premisa de colaborar con el nuevo gobierno siempre que haya claridad.

No obstante, advirtió que no tolerarán la falta de interlocución ni la indiferencia ante el caos social. «Lo que no nos parece bien es que el Gobierno sea indolente, hayan muertes, asesinatos, la situación continúa y hasta el día de hoy no nos digan qué es lo que se va a hacer», agregó. A pesar de pedir paciencia por ser un nuevo gobierno, la gremialidad exige respuestas inmediatas frente al deterioro de la seguridad.

Propuestas del sector

Mientras tanto, desde el gremio tienen intención de colaborar con el Ejecutivo, en caso no tengan claras las medidas a adoptar frente a la inseguridad. A corto plazo, proponen que se adopten acciones que generen un impacto inmediato a través del control territorial y de los penales. Asimismo, sugieren el acompañamiento de militares a los policías en las calles mediante un estado de emergencia, y la limitación para que solo circule una persona en moto. Estas medidas buscan frenar la violencia antes de cualquier negociación formal.

A mediano y largo plazo, el gremio plantea crear una unidad de élite para inteligencia que opere articulada con la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. «Nosotros creemos que con inteligencia y trabajando de manera articulada entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, se puede hacer frente a esta situación», añadió. Esta propuesta surge justo cuando los ataques contra el sector no cesan. La madrugada del 19 de agosto, un chofer de combi en la ruta informal Lima-Callao fue asesinado por sujetos armados en el cruce del jirón Saco Oliveros con la Calle Palma, en el Cercado de Lima; dos pasajeros resultaron heridos. En otro hecho ocurrido esa misma madrugada, en San Luis, un bus interprovincial de Cruz del Sur fue atacado a balazos con pasajeros a bordo. Los atacantes dispararon en dos ocasiones, pero afortunadamente no se reportaron heridos ni víctimas mortales.

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