Minedu recibe a diputados de JP y dirigentes de FENATE PERÚ para discutir pensiones de maestros ¿Diálogo o presión?

El debate sobre las pensiones docentes alcanza un momento crítico. Pese a que el 11 de agosto, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, declaró que el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) es el único interlocutor válido reconocido por el Gobierno para tratar asuntos educativos, otro escenario se abrió este martes. El Ministerio de Educación, bajo la gestión del ministro José Antonio Chang, recibió a diputados del Congreso de la República y a dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATEPERÚ).

La reunión se desarrolló entre las 9:41 a. m. y las 12:42 p. m. en la sala 11 de la sede central del ministerio, según el registro de visitas oficial. El encuentro fue coordinado por Roger John Rodríguez Delgado, jefe de la Oficina de Diálogo del Minedu.

Del lado legislativo, entre los asistentes identificados figuran varios diputados del partido Juntos por el Perú para el periodo 2026-2031: Amalia Emilia Palomino Pacheco (Arequipa), Olver Peña Córdova (San Martín), César Hugo Tito Rojas (Puno), Graciela Chipana Condori y Alejandro José Manay Pillaca (Ayacucho). También participaron seis dirigentes de la organización docente: Mauro Concha Villegas, como secretario general del FENATEP; Segundo Vásquez González, Walter Alfredo Licla Zamora, Belinda Medrano Alfaro, César Enrique Díaz Dávila y María Elena Atoche Vilca.

La alta dirección del Ministerio estuvo presente. Lorena Gavilano Iglesias asistió en calidad de secretaria general, acompañada por Sandra Inés Ramírez Méndez, jefa del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial. Los funcionarios del Minedu que participaron fueron Lorena Gavilano Iglesias y Sandra Inés Ramírez Méndez.

Uno de los ejes centrales fue la reglamentación de la Ley N.º 32581, promulgada en abril, la cual garantiza una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual de la primera escala de la Carrera Pública Magisterial para maestros jubilados y cesantes. La norma sigue pendiente de su reglamento y el propio Congreso la mantiene en su listado de leyes en espera de implementación por parte del Ejecutivo.

El contexto es complejo: esta semana, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, adelantó que el Colegio de economistas de Lima llevará al Tribunal Constitucional la Ley N.º 32581 —junto con la Ley N.º 32563, sobre CTS del personal CAS—. Su argumento es que ambas normas comprometen recursos públicos sin contar con un respaldo presupuestal suficiente.

La tensión entre el Ejecutivo y los distintos actores sociales se agudiza mientras la reglamentación de estas leyes se mantiene en suspenso. La presencia de diputados de Juntos por el Perú en este espacio de diálogo oficial genera interrogantes sobre si se busca una negociación genuina o ejercer presión política para acelerar procesos que, según economistas, podrían tener problemas de viabilidad financiera.

La reunión concluyó sin anuncios inmediatos, pero deja claro que la discusión sobre las pensiones docentes no ha terminado. La expectativa ahora recae en cómo el Gobierno responderá a las críticas del Colegio de Economistas y si logrará avanzar en un marco regulatorio que satisfaga a los docentes sin comprometer la estabilidad fiscal del país.

DATO: En mayo, los dirigentes del FENATEP también fueron recibidos por la exministra de educación María Esther Cuadros y anteriormente en el Congreso cuando José Jerí era titular del legislativo.

En la política peruana, la trafa no siempre se viste de noche ni actúa en las sombras; a veces se disfraza de “norma” parlamentaria, se firma con papelería oficial y se defiende con impostada indignación moral. Lo de Renovación Popular y su secretaria general, la hoy diputada electa Norma Yarrow, no es más que el enésimo episodio de una vieja maña criolla; la de la legisladora que acomoda el marco legal a la medida de sus apetitos de poder y de la caja chica que garantiza el presupuesto público. Hay que tener cinismo para sostener la bandera de la «ética» mientras se cobra con la mano derecha lo que se pretende objetar con la izquierda.

Gracias a las maniobras y reformas impulsadas en el Legislativo, la señora Yarrow gozará diez años seguidos pegada a la mamadera del Congreso, ostentando una posición de privilegio e incrementando de manera sustancial sus cuentas bancarias. Pero el poder en la Avenida Abancay al parecer nunca parece suficiente para la cúpula celeste. Apagado el barullo de las urnas y recién instalada en su curul, la primera jugada de su agenda no estuvo destinada a resolver la angustia de las calles, sino a presentar un proyecto de ley confeccionado a medida; buscar elevar el mandato de los alcaldes a cinco años e instituir la reelección inmediata.

Tras asegurar una curul por diez años consecutivos con la reforma del Congreso, Norma Yarrow promueve ahora la reelección municipal y el mandato de cinco años. Un banquete legislativo confeccionado a la medida de Renovación Popular y del cálculo político para perpetuar en el poder a su jefe partidario López Aliaga.

Asegurando el feudo celeste: el plan de Renovación Popular para perpetuar a sus alcaldes.

Sobre Leonardo Serrano Zapata: Docente e investigador. Cursa el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Magíster en Gestión Pública y Gerencia Social y Licenciado en educación especialidad Lengua y Literatura Española por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Segunda especialidad profesional en Investigación y Gestión Educativa por la Universidad Nacional de Tumbes además en Educación Básica Alternativa por la UNE Enrique Guzmán y Valle. Es autor de seis libros, entre ellos Tecnológico para niños del siglo XXI: Vocabulario y Caligrafía (2024).

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En el gobierno de Keiko Fujimori saben que la falta de diálogo con los sectores sociales puede provocar huelgas y paros como lo ocurrido en Ucayali. En este contexto, es importante que el ministro Chang y sus funcionarios inicien espacios de conversación con los diferentes actores del sector educación. Se espera que estos encuentros logren acuerdos concretos en beneficio de los maestros.

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La arquitectura del favorecimiento propio se deja entrever con claridad en los hechos. Una subordinada ejecuta una norma a su nombre, sin disimular el apego al mandato de su líder, Rafael López Aliaga, quien busca perpetuar su gestión y retener el sillón municipal más tiempo del debido si es elegido alcalde. La jugada se canta sola: ¿acaso no resulta demasiado evidente la maniobra para allanarle el terreno a su jefe y mandamás partidario? Cuando la prensa encaró por las mañas tramposas de su «tayta» en la contienda municipal, la legisladora despachó una respuesta de antología que delata su concepción del marco institucional: «Acá nadie está desobedeciendo la norma. Allá el Jurado, que se deja sacar la vuelta: ‘Acá hay un vacío legal. Él renunció hace un año y medio. Personalmente, yo creo que debe haber una reelección por única vez y que no puedan ser familiares quienes sucedan en el cargo’». Su explicita declaración no dejó dudas ni margen al error; el respeto al votante o a la neutralidad democrática le importa poco o nada. Su lealtad no responde a los electores que pagan su sueldo, sino a los intereses particulares del dueño del partido que la cobija.

Esa misma incoherencia quedó al descubierto durante la campaña presidencial de noviembre de 2025. En lugar de cumplir con la labor constitucional fijada para ese periodo —escuchar las demandas ciudadanas, recepcionar denuncias, fiscalizar al Ejecutivo y actuar en el territorio—, Yarrow utilizó los recursos de la semana de representación para hacer abierta campaña política en favor de la divisa celeste, justo cuando el partido oficializaba su postulación a la primera vicepresidencia. Amparada en una conveniente modificación al artículo 25-A del Reglamento del Congreso —aprobada en septiembre de aquel año y sumamente cuestionada por romper la neutralidad electoral cuando las Elecciones Generales ya habían sido convocadas—, la parlamentaria celeste prefirió hacer proselitismo con dinero de todos los peruanos. Lo insólito vino semanas después: tras haberse servido del beneficio, el 27 de noviembre de 2025, Yarrow recién remitió un oficio al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (de Fuerza Popular), solicitando suspender la asignación económica de las semanas de representación para congresistas y asesores, argumentando que debía ejecutarse «sin goce de haber» para evitar la desnaturalización de los fondos públicos. Un verdadero espectáculo de pose impostada: primero devora el banquete electoral con recursos del Estado y, cuando la mesa ya está limpia, pide que cierren la cocina para quedar como la guardiana de la moral presupuestal.

El afán de protagonismo y la retórica populista de Yarrow alcanzaron su punto cumbre en el mes de julio durante la entrega oficial de credenciales parlamentarias. El acto, celebrado desde las 11:00 de la mañana en el local del Colegio Médico del Perú y encabezado por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se convirtió en el escenario de su teatro político. Frente a la mirada atónita de los asistentes —que expresaron su rechazo con abucheos y gritos en el recinto—, la diputada por Renovación Popular se negó ruidosamente a recibir su credencial de manos del presidente del JNE, Roberto Burneo, prefiriendo posar a solas frente a los fotógrafos. Esta conducta desmedida y su postura arrogante marcan un precedente negativo en el ejercicio de las funciones legislativas.

A través de su cuenta oficial en X, la diputada Yarrow intentó justificar lo que muchos calificaron como una pataleta. «No puedo posar para una foto con un representante del JNE después de unos comicios tan cuestionados», declaró. Añadió: «La coherencia entre lo que pienso, digo y hago es innegociable». Argumentó que esto no implica faltar el respeto, asegurando que la educación y el trato cordial siempre estarán presentes. Reconociendo que algunos discrepan con su decisión, prefirió ser consecuente con sus principios y con lo que representa.

Aquí radica la trampa de su discurso. Si la elección fue tan cuestionada al punto de negar el registro al titular del máximo ente electoral por supuestas razones de «principios innegociables», ¿por qué no renunció a la candidatura o rechazó asumir la curul? Aceptar la cuota de poder e ingresar al Parlamento por la puerta grande echa por tierra cualquier narrativa de dignidad. Es contradictorio cobrar el sueldo y ostentar la representación de un proceso que califica de viciado.

La diputada se promociona ante las cámaras como una fiscalizadora implacable y una legisladora de mano firme, pero la evidencia demuestra lo contrario. Su presencia en la plaza pública responde a la preservación del aparato de López Aliaga y a la agenda de Renovación Popular. Al final, detrás del discurso principista y de la fachada de austeridad impostada, queda al descubierto la estampa de la vieja política. Se trata de quienes llegaron al poder para enquistarse en el presupuesto, servirse del marco legal y asegurar la permanencia de su cúpula a costa del dinero de todos los peruanos.

Mientras tanto, Keiko Fujimori y ministros hicieron público el anuncio de un paquete de medidas económicas para mitigar el alza de combustibles. Sin embargo, no establecieron canales de diálogo con los frentes de defensa regionales, dejando a las comunidades en la incertidumbre frente al encarecimiento de sus viajes.

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