El programa Beto A Saber ha sacado a la luz graves denuncias de presunto maltrato físico y psicológico contra residentes del Centro de Atención Residencial (CAR) Niño Jesús de Praga. Este centro, dependiente del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF), se encuentra ubicado en Pueblo Libre. Entre los hechos reportados figura el caso de una niña de 11 años, quien afirmó haber recibido una cachetada por parte de una funcionaria identificada como Yisela.

Adicionalmente, la menor describió un episodio ocurrido durante una crisis emocional, donde las tutoras Milagros y Dulce habrían sujetado sus manos y posteriormente envuelto su cuerpo con una sábana. Estas situaciones no son aisladas; las investigaciones también detectaron el uso inadecuado de medicamentos psiquiátricos en los menores.

Para sustentar estas acusaciones, se halló evidencia física como blísteres de medicinas en zonas comunes y anotaciones manuscritas sobre dosis prescritas. Los testimonios recogidos durante las indagaciones detallan cómo la niña relató estos abusos con claridad. Actualmente, los casos son materia de investigaciones administrativas y penales para determinar las responsabilidades correspondientes.

Frente a la situación, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, señaló a RPP que su sector conoció las denuncias únicamente a través de la prensa. Tras iniciar sus propias indagaciones, identificó otros casos ocurridos en distintos centros de atención residencial del instituto.

La funcionaria cuestionó directamente por qué estos hechos no fueron comunicados durante el proceso de transferencia de gestión. Según precisó Seminario, algunos de los denunciados ocurrieron antes de su toma de posesión, lo que genera interrogantes sobre la comunicación interna y la transparencia en la administración del INABIF.

La investigación busca esclarecer si hubo negligencia o intencionalidad detrás de estos actos. Mientras tanto, el caso sigue abierto y bajo escrutinio público, esperando las conclusiones oficiales que puedan proteger a los menores vulnerables en estas instituciones.

“Esto no nos lo habían hecho saber en la Comisión de Transferencia. Nosotros nos hemos enterado por la prensa”, afirmó. Ante las denuncias, Seminario anunció una revisión integral de los procedimientos, capacitaciones y mecanismos de supervisión del INABIF. Como parte de estas medidas, el MIMP instalará cámaras de seguridad en las áreas comunes de los centros de atención residencial. Los dispositivos estarán ubicados en espacios como salas, comedores y zonas de recreación. La ministra aclaró que no serán instalados en las habitaciones para preservar la privacidad de los menores. Seminario explicó que actualmente existen cámaras en los ingresos de algunos establecimientos, pero no necesariamente en las áreas comunes. La ministra informó que el INABIF tiene bajo su responsabilidad a 1.344 niños distribuidos en 52 centros de atención residencial ubicados en diferentes regiones del país. También cuestionó la rotación en la dirección ejecutiva del organismo. Según indicó, en los últimos cinco años hubo 13 directores ejecutivos, situación que dificulta mantener políticas y revisar de manera continua los procedimientos de atención. Por su parte, el director del INABIF, Félix Villegas, informó que se han abierto procesos administrativos disciplinarios contra trabajadores involucrados en las denuncias. Asimismo, la Procuraduría presentó las denuncias penales ante la Fiscalía para determinar las responsabilidades legales que correspondan. Así, las denuncias por presunto maltrato a menores han derivado en investigaciones administrativas y penales, además del anuncio de cambios en los mecanismos de supervisión y atención de los centros del INABIF.

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