Las aguas frente a Ecuador y la costa norte peruana han dejado de tener la temperatura habitual. Zonas oceánicas registran anomalías térmicas entre 5 y 7 grados superiores a lo normal, lo que indica que el sistema océano-atmósfera del Pacífico ha entrado en una emergencia silenciosa. La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene al país en estado de alerta por El Niño costero, mientras que la NOAA estima un 97% de probabilidad de que este fenómeno persista hasta abril de 2026 y un 81% de que alcance una intensidad "muy fuerte" hacia el cuarto trimestre del mismo año. El Niño ya está aquí; lo desconocido es si tenemos los recursos para recibirlo.

El verdadero desastre no radica en el clima, sino en la falta de anticipación institucional. La llegada de este fenómeno no ocurre por sorpresa: cuenta con una memoria histórica de eventos pasados como los de 1983, 1998 y 2017, presentando señales más visibles que antes. Lo preocupante es la inercia repetitiva del Estado peruano al quedar atrapado en su propia gestión.

En el escenario donde El Niño sea un evento de fuerte a muy fuerte intensidad, la nación podría perder entre 1.2% y 2.6% del PBI (sobre el nominal proyectado por el MEF para este año de S/ 1'221,417 millones). Esto equivaldría a una caída económica de entre S/ 14,657 y S/ 31,757 millones. Si el evento se convierte en "extraordinario" —escenario que ENFEN no descarta— la pérdida llegaría al 5% del PBI: cerca de S/ 61,071 millones.

Además, casi 8 millones de peruanos habitan en distritos calificados de "muy alto riesgo" por inundación. A ellos se suman 2.5 millones de viviendas, 17,213 escuelas, 4,378 establecimientos de salud y 8,250 kilómetros de vías en la misma categoría (Cenepred 2026). Nadie puede predecir con exactitud cuánta agua caerá ni cuántos huaicos bloquearán las vías. Pero sí sabemos, con márgenes razonables de confianza, dónde están los nodos frágiles.
Nadie puede predecir con exactitud cuánta agua caerá ni cuántos huaicos bloquearán las vías. Pero sí sabemos, con márgenes razonables de confianza, dónde están los nodos frágiles. (Foto: Gob.pe)
Y, en el centro de esta geografía de la vulnerabilidad, una región evidencia con crudeza todos esos déficits: Piura.

Nada de esto exige empezar desde cero: requiere decisión política y voluntad de coordinación antes de que llegue la lluvia. Este nuevo fenómeno climático puede ser el primero en el que el Perú deje de ser sorprendido por lo previsible, gracias a un enfoque basado en datos y no en reacciones tardías.

Nadie puede predecir con exactitud cuánta agua caerá ni cuántos huaicos bloquearán las vías. Pero sí sabemos, con márgenes razonables de confianza, dónde están los nodos frágiles, qué medidas cuestan poco y producen mucho, y qué decisiones ya no pueden seguir postergándose.

La prioridad inmediata no está en la infraestructura física, sino en ordenar la información, establecer reglas claras y tomar decisiones a tiempo. El país necesita un panel de control que active alertas y habilite presupuestos de manera automática cuando las lluvias o caudales de los ríos alcancen niveles peligrosos.

También requiere brigadas especializadas listas para restablecer servicios esenciales y un inventario priorizado de los puentes, carreteras, centrales eléctricas y demás activos críticos que no deben fallar bajo ninguna circunstancia. Una política pública responsable actúa con la información disponible, usa los recursos existentes y no espera a que la emergencia se convierta en desastre.

Es fundamental entender que el orden administrativo es tan vital como el concreto para enfrentar las inundaciones. La gestión de riesgos debe ser proactiva, identificando vulnerabilidades clave antes de que la naturaleza imponga su agenda. Al integrar estas estrategias, la administración pública puede transformar la incertidumbre climática en planificación estratégica efectiva.

Nora Moreno es decana de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima.

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