La PNP capturó al empresario sentenciado por homicidio calificado en su domicilio de Manantay, Ucayali. Hasta el momento, el caso Saweto cuenta con dos sentenciados en calidad de detenidos.

Este martes 18 de agosto, la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a Hugo Soria Flores, empresario procesado como autoría mediata en el crimen de cuatro líderes indígenas: Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima, ocurrido en 2014. El operativo se desarrolló en la vivienda del sospechoso ubicada en el distrito de Manantay, Coronel Portillo.

Según fuentes policiales preliminares, participaron un capitán y ocho suboficiales en la detención. Soria había sido buscado a nivel internacional; de hecho, en agosto de 2025 el Poder Judicial lo condenó a 28 años y tres meses de prisión. El Ministerio del Interior ofrecía S/50.000 por información que ayudara a localizarlo.

Esta captura suma al caso emblemático otro nombre clave: José Estrada Huayta, también empresario sentenciado por dar la orden de ejecutar a los líderes y ya detenido en mayo en Campoverde. Ambos fueron procesados por su rol en el trágico suceso que conmocionó al país.

Con estas novedades, el caso Saweto cuenta ahora con dos sentenciados bajo custodia, un avance significativo tras años de investigación para justicia a las víctimas y sus familias.

El caso Saweto

Hugo Soria Flores, condenado como autor mediato del homicidio calificado de cuatro líderes indígenas en septiembre de 2014, enfrenta ahora la ratificación judicial. En agosto de 2025, la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó 28 años y 3 meses de prisión efectiva contra él y José Estrada Huayta; por su parte, los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix fueron sentenciados como coautores del crimen.

La víctima principal fue Edwin Chota, junto a Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo. Estos miembros de la comunidad Alto Tamaya-Saweto eran reconocidos defensores de la Amazonía que habían realizado denuncias contra la tala ilegal en su territorio.

El trágico desenlace ocurrió cuando se trasladaban hacia la comunidad nativa de Apiwtxa, ubicada en el estado brasileño de Acre, con destino a Brasil. Según la resolución del sistema judicial, los defensores ambientales fueron ejecutados con escopetas; este dato fue corroborado por un testigo protegido que dio cuenta de la emboscada.

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