El diputado Harvey Colchado, integrante del partido Ahora Nación, impulsó este martes una iniciativa legislativa destinada a endurecer el combate contra las organizaciones criminales. La propuesta busca considerar como delito la posesión de mensajes o imágenes de contenido extorsivo en dispositivos móviles. Esta medida tiene como objetivo facilitar que la Policía Nacional actúe con mayor celeridad frente al crimen organizado.
Según explicó el legislador, si durante una intervención policial a un presunto delincuente se halla un mensaje extorsivo en su teléfono, este elemento serviría para iniciar acciones penales de inmediato. Colchado argumentó que la iniciativa surge tras reuniones con policías especializados en investigaciones de secuestro y extorsión.
"Necesitamos ser más agresivos; (mi propuesta) es idéntica al delito de la pornografía infantil: el solo hecho de que una persona tenga en su teléfono ese material es delito y, si la difunde, mucho más", declaró en el programa Las Cosas Como Son de RPP. Añadió: "Es un delito abstracto, de peligro. Igual, el que tiene un arma de fuego y no posee licencia es delito".
De prosperar la ley, la víctima de extorsión no tendría que realizar una denuncia formal para iniciar el proceso judicial. El simple hallazgo del material en el celular del sospechoso sería suficiente para procesarlo y sancionarlo penalmente. Colchado describió este esquema como un "delito abstracto", similar a quien porta un arma sin licencia, donde la mera tenencia constituye la infracción.
Además de esta medida, el parlamentario adelantó que presentará un segundo proyecto de ley. Este nuevo intento busca ampliar los plazos para las intervenciones legales en comunicaciones durante investigaciones contra organizaciones criminales. El diputado enfatizó que ambas propuestas son herramientas clave para fortalecer la labor policial y judicial en la lucha contra la criminalidad violenta en el país. La propuesta deberá ser analizada por las comisiones competentes del congreso.
El diputado Harvey Colchado cuestionó que la legislación vigente limite las escuchas a un periodo inicial de solo dos meses, con una única ampliación por otros 60 días. En su opinión, dicho plazo es insuficiente para investigaciones complejas, por eso indicó que su propuesta podría modificar la situación a favor de las autoridades.
"Ese teléfono del extorsionador ya no lo vamos a tener solo cuatro meses, sino el plazo que dure la investigación criminal", añadió. "Por lo general, una banda criminal es un delito complejo y el plazo (de investigación) es ocho meses".
Colchado adelantó que estas propuestas irán a la comisión de Defensa y Orden Interno, así como de Justicia para su respectivo debate antes de ser visto en la Cámara de Diputados. Estas medidas buscan adaptar el marco legal a la realidad operativa de las fuerzas encargadas de combatir la extorsión digital.
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