Las organizaciones gremiales aseguran que la medida podría cancelarse si se concreta la audiencia solicitada. Los transportistas piden comprensión a los usuarios ante la posible suspensión del servicio.

Los gremios de transporte urbano de Lima y Callao anunciaron una paralización del servicio para el martes 25 de agosto. Esta medida responde a la falta de respuestas del Gobierno frente a casos graves de extorsión, sicariato y ataques contra trabajadores y directivos del sector. La Unión Gremial de Lima-Callao fue quien comunicó la convocatoria, exigiendo una reunión con el Ejecutivo para conocer qué acciones de seguridad se aplicarán ante el avance de la criminalidad.

No obstante, la convocatoria podría quedar sin efecto si, antes de la fecha prevista, el Gobierno concede la audiencia solicitada por los transportistas. El objetivo es verificar si existe un plan de seguridad real, cómo se viene ejecutando y si contempla las propuestas presentadas por sus organizaciones para proteger a conductores, cobradores, pasajeros y responsables de las empresas.

Transportistas denuncian extorsiones y asesinatos en Lima y Callao

Las organizaciones señalaron que durante agosto se han producido nuevos ataques contra personas vinculadas al transporte público. Entre los casos más graves mencionaron el asesinato de Eugenio Benítez Tacanga, de 69 años, gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego, ocurrido el 6 de agosto en Los Olivos. En este ataque, ejecutado por sujetos que se desplazaban en una motocicleta, su esposa resultó herida.

Ante esta situación, los transportistas piden comprensión a la ciudadanía ante la posible suspensión del servicio. La crisis de seguridad ha generado un clima de alarma que amenaza con detener el movimiento urbano masivo si no hay acciones contundentes por parte del Estado para garantizar la integridad física de quienes trabajan en el sector.

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Los gremios sostienen que las agresiones denunciadas no son aisladas, sino parte de una problemática mayor vinculada a organizaciones dedicadas a la extorsión y el sicariato. Ante este escenario, plantearon reforzar las unidades policiales y fiscales especializadas, controlar las comunicaciones desde los centros penitenciarios y aumentar la presencia policial en corredores y paraderos considerados de mayor riesgo. También denunciaron que el cobro de cupos afecta económicamente a las empresas y repercute directamente en la prestación del servicio.

Paro del 25 de agosto podría levantarse si el Gobierno concede una reunión

La Unión Gremial de Lima-Callao afirmó que ya solicitó en diversas oportunidades una audiencia con la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, pero indicó que hasta el momento el encuentro no ha sido concedido. Según el comunicado, los transportistas buscan que el Ejecutivo detalle la estrategia que aplicará para enfrentar los ataques contra el sector. La paralización fue planteada como una medida de presión para obtener respuestas concretas, aunque los gremios precisaron que será suspendida si se instala antes una mesa de trabajo efectiva.

También pidieron comprensión a los usuarios ante una eventual suspensión del servicio en Lima y Callao. Las organizaciones señalaron que mantienen su disposición al diálogo y que la protesta será pacífica, esperando que el Ejecutivo asuma la responsabilidad de restablecer la seguridad vial y económica del transporte público.

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