La diputada Catherin Palomino, representante del partido Juntos por el Perú, fue electa por unanimidad para presidir la Comisión de Justicia y Derechos Humanos durante las sesiones ordinarias 2026-2027. La votación interna se realizó con el respaldo total de los parlamentarios presentes en la sala legislativa.
No obstante, tras concretarse la instalación formal del órgano, surgieron diversas críticas por parte de otros congresistas. Estos reparos se centraron en investigaciones periodísticas que vinculan a la legisladora con su cercanía al expresidente Pedro Castillo. En este sentido, Cecilia Chacón, vocera de Fuerza Popular, exigió explicaciones públicas sobre la designación, señalando presuntas discrepancias internas dentro del grupo de trabajo.
Por otro lado, el diputado Diego Bazán advirtió sobre un posible conflicto de intereses, dado que la comisión coordinará directamente con el Poder Judicial y el Ministerio Público en el marco del proceso penal contra Castillo. A pesar de estas advertencias, Palomino declaró que las sesiones se llevarán a cabo los martes a las 3 p.m., en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.
Al asumir su nuevo cargo, la parlamentaria detalló sus prioridades: fortalecer la función fiscalizadora y atender la provisionalidad de los magistrados. Asimismo, propuso reducir la carga procesal en los fueros judiciales. Un aspecto innovador de su gestión será implementar el uso de Inteligencia Artificial para mejorar la interoperabilidad tecnológica del sistema.
El vicepresidente designado fue Edgar Gonzales Polar, quien remarcó su compromiso de impulsar reformas institucionales para preservar la independencia judicial y el Estado de derecho. La secretaría del grupo de trabajo quedó a cargo de Indira Isabel Huilca Flores. El equipo directivo estará al frente por un periodo anual que se extiende hasta 2027.
La conformación de esta mesa refleja una decisión unánime, aunque no exenta de tensiones políticas y cuestionamientos sobre la imparcialidad futura del órgano ante el caso presidencial en juicio. El equilibrio entre las propuestas técnicas de modernización y los desafíos éticos planteados por la oposición marcará el inicio de su gestión.
A su turno, la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Katherine Ampuero, cuestionó la idoneidad técnica de la legisladora frente a las denuncias públicas difundidas recientemente. En contraste, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Marquez, defendió la validez del acuerdo partidario recordando la formación en derecho de la titular, mientras que el vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, evitó responder a las consultas de los medios de comunicación.
La designación parlamentaria coincide con reportes de Cuarto Poder sobre el funcionamiento de un taller textil en el inmueble de la legisladora en Huancavelica sin licencia municipal ni registros ante la Sunat. El subgerente de Comercialización de la comuna provincial, Macario de la Cruz, certificó que la propiedad no registra permisos comerciales para la confección de prendas.
Asimismo, investigaciones del dominical revelaron que la parlamentaria acumuló cerca de 61 visitas al penal de Barbadillo para entrevistarse con Pedro Castillo, además de difundir presuntas amenazas e insultos vía WhatsApp dirigidos a familiares del exgobernante. La congresista mantiene además una querella judicial con pedido de indemnización por 300 mil soles contra Jaime Vásquez Castillo, sobrino de Castillo, por presunta injuria.
A pesar de estos antecedentes que vinculan su gestión pública y privada con irregularidades administrativas y conductas cuestionables hacia figuras políticas, la legisladora asumió el liderazgo de la comisión. Su elección como presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso suscitó debate inmediato entre autoridades legislativas.
Katherine Ampuero puso en duda su capacidad técnica para conducir asuntos legales complejos, mientras Analí Marquez apeló a los méritos académicos de Palomino para validar el nombramiento. Ernesto Zunini, por su parte, optó por el silencio ante las preguntas periodísticas sobre la controversia.
El caso evidencia una tensión entre la defensa institucional de los acuerdos partidarios y las investigaciones periodísticas que exponen supuestas faltas a la ética pública. La diputada Catherin Palomino ahora lidera un órgano clave del sistema jurídico nacional, bajo el escrutinio de sus pares y la opinión pública.
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