La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha remitido al Ministerio Público un informe detallado con los hallazgos del proceso de evaluación y ratificación de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en 2024. Según el documento, se identificaron hechos que ameritan una investigación por el presunto delito contra la administración pública.
El informe liderado por María Teresa Cabrera cuestiona que se presentaran como logros de gestión hechos que no mostraban resultados materiales concretos. Un ejemplo claro es la adquisición de un terreno destinado a la sede institucional de la ONPE, presentado como un éxito durante la ratificación.
Además, el documento señala que desde 2022 ya existían denuncias públicas relacionadas con la compra y la falta de avances del proyecto. La institución también cuestionó que hubo reconocimientos entregados a la ONPE como entidad que fueron considerados erróneamente como méritos personales de Corvetto. Entre ellos figuran premios por asistencias técnicas realizadas por el organismo electoral en el ejercicio de sus funciones.
Otro aspecto observado está relacionado con publicaciones de la Editorial ONPE que fueron incluidas como mérito personal del exjefe. El informe sostiene que el anterior Pleno debió determinar con mayor rigor cuál fue el nivel de participación institucional en la elaboración, edición y difusión de estas publicaciones.
Asimismo, se indagó si se utilizaron recursos humanos, materiales o logísticos de la entidad en beneficio del evaluado sin una supervisión adecuada. La JNJ considera que estos elementos deben ser investigados para establecer responsabilidad en el manejo de los bienes públicos.
Más observaciones
La Resolución n.º 090-2024-PLENO-JNJ determinó inicialmente que Piero Corvetto no había alcanzado la votación legal para su ratificación como jefe de la ONPE en 2024. No obstante, tras la reposición judicial de dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia y el recurso de reconsideración presentado por él, se dispuso su ratificación. El informe cuestiona que esta decisión final se haya adoptado sin una mayor valoración y análisis previo.
Aunque en el expediente ya figuraban cuestionamientos sobre la gestión de Corvetto —como los niveles de confianza ciudadana, informes de control, publicaciones, reconocimientos y la adquisición del terreno—, no existe una argumentación suficientemente rigurosa que explique el cambio entre la decisión inicial negativa y la posterior ratificación. La JNJ señala esta falta de rigor como un punto clave en su observación.
"El Pleno de la Junta Nacional de Justicia aprobó por unanimidad remitir copia certificada de los actuados al Ministerio Público para que evalúe la eventual comisión de los delitos de peculado de uso, aprovechamiento indebido del cargo y otros que pudieran corresponder", se lee en el documento. Esta acción busca investigar si hubo irregularidades durante todo el proceso de ratificación.
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