La Unión Gremial de Lima y Callao confirmó este martes la paralización total del transporte urbano para el próximo 25 de agosto. Esta medida responde a una creciente ola de inseguridad y a la falta de acciones concretas por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los transportistas condicionaron la suspensión de la huelga a una respuesta oficial que permita iniciar conversaciones.
A través de un documento oficial, el gremio explicó que su decisión surge tras el silencio administrativo del Gobierno frente a propuestas técnicas enviadas y la negativa reiterada de la presidenta Keiko Fujimori de concederles una audiencia. Los transportistas sostienen haber solicitado dicha reunión en reiteradas oportunidades sin obtener respuesta alguna.
"No se trata de hechos aislados, sino de una violencia sistemática ejercida por organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y al sicariato", advirtió el comunicado. Según sus palabras, esta violencia alcanza no solo a conductores y cobradores, sino también a los directivos de las empresas.
En lo que va del mes de agosto, "se ha registrado una serie de atentados contra los trabajadores del volante y los pasajeros", quienes han sido atacados mientras cumplían su jornada laboral o se trasladaban a sus centros de trabajo. El caso más grave ocurrió el 6 de agosto en Los Olivos, donde murió Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego, quien falleció tras ser herido de bala.
Más allá del riesgo personal, los transportistas sostienen que la situación se ha agravado por la ausencia de una política pública articulada. Esto permite frenar el cobro de cupos, un problema que no solo asfixia económicamente a las empresas, sino que encarece significativamente el servicio para millones de usuarios.
Ante este escenario crítico, los agremiados afirman haber presentado anteriormente un pliego de propuestas. Estas incluyen el fortalecimiento de unidades policiales especializadas, el control estricto de comunicaciones en penales y la presencia permanente de agentes en paraderos de alto riesgo.
El gremio mantiene que su medida quedará sin efecto si, antes de la fecha anunciada, el Ejecutivo les concede una audiencia. La falta de respuestas del Gobierno ha dejado a los transportistas sin herramientas para proteger a sus trabajadores y usuarios frente a la violencia criminal que asola las calles.
Hasta el momento, los dirigentes del sector aseguran no haber recibido una respuesta formal sobre la evaluación de estas medidas. Enfatizan que la paralización es un llamado de atención urgente para que el Gobierno informe si cuenta con un plan de seguridad real y si las sugerencias del sector han sido consideradas.
"Reafirmamos nuestra vocación de diálogo y nuestro compromiso con la ciudadanía", se lee al final del comunicado oficial. La medida es legítima y pacífica, y será levantada apenas se instale una mesa de trabajo efectiva con resultados verificables. Pedimos comprensión a los usuarios: no exigimos privilegios, exigimos condiciones mínimas para trabajar sin morir en el intento. La seguridad del transporte es la seguridad de todos
"La medida quedará sin efecto si, antes de esa fecha, el Ejecutivo nos concede la audiencia solicitada", precisa el documento suscrito por los representantes de los transportistas. Reafirman que la movilización será pacífica.
Gremios que respaldan la medida de fuerza
El comunicado que oficializa el paro del 25 de agosto cuenta con el respaldo de varias organizaciones de transporte de la capital.
Entre los firmantes se encuentran Héctor Vargas Egas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano; Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara de Transporte Urbano; Manuel Rolando O’Diana Quiroz, presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano (AMETUR); y Waldo R. Poma Gaggluff, secretario de organización de ANITRA.
Asimismo, suscriben el documento Herbert Quispe Yerán, representante de Transportes Unidos del Cono Norte; Javier R. Guzmán Reyna, vicepresidente de AETU; Luis Martínez Fernández, gerente general de la Corporación Empresarial de Transportes SITRA S.A.; Luis Enrique Baca Rivera, presidente de la Corporación de Transporte Urbano de Lima y Callao (CTU); y Emeterio Valdiviezo Kobeñas, presidente de la Asociación de Empresas del Sindicato de Transportistas del Callao (ASESTRACA).
Advertencias previas
La posibilidad de esta paralización ya había sido anticipada días atrás por los agremiados en el programa Prueba de Fuego de RPP.
El último 14 de agosto, Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), advirtió que los gremios estaban evaluando adoptar medidas de fuerza si la Secretaría del Despacho Presidencial continuaba sin confirmar una fecha de reunión con la mandataria para exponer la situación del sector frente a los asesinatos.
Esta falta de respuestas ha generado incertidumbre en el gremio, quien espera que la convocatoria sirva como un catalizador para la negociación. La presión se intensifica ante el contexto de violencia que afecta directamente a las familias vinculadas al transporte público y privado. Es crucial que las autoridades comprendan que detrás de cada manifestante hay una economía familiar que depende del cumplimiento de sus derechos laborales y de seguridad.
El sector mantiene su postura firme: la negociación debe ser inmediata, transparente y con garantías reales para los trabajadores. Sin un compromiso claro por parte del Ejecutivo, el paro se mantendrá como herramienta de presión hasta lograr los objetivos planteados en las mesas de diálogo.
El dirigente advirtió con claridad: «Si es que la presidenta, el Gobierno, no nos recibe o se niega a recibirnos, nos tendremos que ir a un paro». Esta amenaza no viene en soledad; la Asociación de Concesionarios y Transportistas Unidos (ACTU) ya sumó su postura mediante un pronunciamiento que exige acciones inmediatas con resultados verificables. El gremio subraya una crítica contundente hacia la gestión estatal actual: programas como el Plan Escudo no han sido suficientes para contener la amenaza criminal que asola las calles de la capital.
A pesar de estas medidas, el Estado no puede diseñar estrategias de lucha contra el crimen organizado sin escuchar a quienes operan diariamente en esas mismas rutas. La falta de respuestas del gobierno ha llevado al sector a evaluar un paro masivo para abordar la crisis de inseguridad que sufren los transportistas en Lima y Callao.
La situación se agrava con constantes ataques. Recientemente, colegas velaron las prendas de un chofer asesinado en Villa El Salvador tras el ataque contra Vipusa. Mientras tanto, en Comas, otro conductor fue atacado a balazos en la avenida Túpac Amaru, y en el Callao, disparos contra un cúster dejaron herido a su chofer. Estos hechos demuestran que no cesan los ataques contra transportistas.
Frente a este escenario de violencia creciente, las autoridades deben actuar con rapidez. El Ministerio Público inició investigación preliminar al dueño de La Bella Luz por presuntos tocamientos indebidos en otro caso relacionado. Asimismo, el Senamhi activó alerta naranja por fuertes vientos que causaron caída de árboles y calaminas desde el 19 de agosto. Sin embargo, la prioridad para los transportistas es la seguridad.
Mientras tanto, el Ministro del Interior ratificó a Óscar Arriola y altos mandos policiales, afirmando: «Mientras sigan teniendo resultados van a continuar». Aunque se organizan eventos especializados en ferias de plástico y reciclaje, lo urgente es resolver esta crisis. La industria del transporte evalúa firmemente un paro si Keiko Fujimori no los recibe para abordar la inseguridad.
Comentarios 0
Súmate a la conversación
Tu comentario es anónimo, pero para evitar bots necesitamos que te registres. Es gratis y toma 30 segundos.
Crear cuenta para comentar Ya tengo cuenta