El juez supremo titular Víctor Prado Saldarriaga ha alertado sobre la necesidad de cambios urgentes en nuestra legislación. Durante la actividad formativa ‘Tendencias actuales y delitos cometidos mediante inteligencia artificial’, organizada por el Poder Judicial con apoyo del programa EL PACCTO 2.0 de la Unión Europea, el magistrado defendió la actualización del Decreto Legislativo n.° 1106 para adaptarlo a los nuevos estándares internacionales de criminalización.
"El lavado de activos virtual es la nueva tipología, el modus operandi para limpiar las ganancias de la criminalidad organizada, es la nueva ruta del dinero ilegal", afirmó Prado Saldarriaga. En su ponencia titulada 'Cibercriminalidad, inteligencia artificial y nuevos estándares internacionales: su impacto en el Perú', detalló que, en nuestro país, la criminalidad organizada desarrolla este lavado a partir de actividades extractivas ilegales, como la minería.
"Lo cierto es que se impone una nueva criminalística, también un nuevo marco legal", añadió. Al respecto, mencionó: "alguien planteó que hay que tener un código penal digital, un código procesal digital, quizá lo tendremos en el mediano plazo, pero sí tenemos la necesidad de reformar el marco normativo". Sostuvo que estos problemas obligan a nuevas lecturas judiciales y procesales para enfrentar eficazmente el flagelo.
El magistrado señaló que las características actuales de la criminalidad incluyen la consolidación de economías ilegales y el uso de criptomonedas con IA para lavar ganancias. Deacuerdo con un reporte de operaciones de la UIF, US$ 692.9 millones vinculadas a criptomonedas no se conoce su origen ni fuente de delito precedente.
Bajo el título 'Criptomonedas con el empleo de IA', el magistrado enfatizó que estas herramientas tecnológicas son fundamentales en la metodología actual para ocultar ilícitos financieros.
Víctor Prado Saldarriaga, basándose en datos recientes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), advirtió sobre el creciente flujo de capitales vinculado a delitos extractivos. Según sus cálculos, entre 2023 y 2024, la criminalidad organizada del sector minero ilegal generaba más de US$ 12 mil millones anuales. Sin embargo, para el año 2025 esa cifra se duplicó: hoy el volumen de este “producto criminal bruto” se aproxima a los US$ 30 mil millones por año.
El experto destacó que, de acuerdo con reportes operativos de la UIF, existen US$ 692.9 millones vinculados a criptomonedas cuyo origen delictivo permanece desconocido. En este contexto, Lima se consolidó como el epicentro de esta actividad ilícita tecnológica. “De hecho, la ciudad de Lima es el centro de la actividad con criptomonedas y empleo de IA, que alcanza US$ 547 millones, de los US$ 853 millones que se han procesado”, indicó Prado Saldarriaga.
No obstante, la intervención estatal sigue siendo marginal. La UIF solo logra reportar el equivalente a U$ 853 millones de una suma total calculada en cerca de US$ 30 mil millones, lo que representa menos del 3 % de intervención. Una paradoja emerge al observar la región Junín: con apenas dos operaciones sospechosas registradas, esta zona concentra un tercio de lo que produce Lima. Esto se debe a que es una de las áreas donde confluyen diversas formas de criminalidad organizada potenciada por la inteligencia artificial.
La consolidación de esta economía ilegal representa un riesgo grave para la democracia. Por ello, Prado Saldarriaga considera crucial hacer cambios normativos urgentes frente a la presencia activa de estos grupos criminales. El desafío radica en que, al año 2025, los datos se han duplicado y hoy se calcula que la producción del ‘producto criminal bruto’, como se le ha llamado a este dinero ilegal, se acerca a US$ 30 mil millones por año.
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