MADRID, 18 ago. (EUROPA PRESS) — La Administración Trump ha ampliado el cerco contra la justicia internacional al incluir hoy en su lista de sanciones a Tomoko Akane, presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI), y al abogado litigante Abdoulaye Seye. Ambas figuras fueron designadas por el Departamento del Tesoro estadounidense debido a su rol en la investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza.

Sin ofrecer detalles adicionales, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) procedió a sancionar a la magistrada japonesa y al letrado senegalés. De manera inmediata, el organismo emitió una licencia que autoriza la liquidación de transacciones financieras vinculadas a ambos miembros del tribunal hasta el próximo 17 de septiembre.

Esta medida no es aislada. La Administración Trump ya había sancionado previamente a otros ocho magistrados del TPI, al exfiscal jefe Karim Jan y a dos fiscales adjuntos adicionales. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la nueva acción acusando a Akane y Seye de "participar directamente en las iniciativas del TPI para investigar, detener, encarcelar o enjuiciar" funcionarios de gobiernos que no han ratificado el Estatuto de Roma.

Rubio advirtió en un comunicado que esta conducta "sienta un peligroso precedente para todas las naciones". Enmarcó estas sanciones como parte de una "campaña diplomática" diseñada para frenar lo que considera "abusos de poder" del tribunal y manifestó su deseo de que otros países se sumen a la iniciativa.

"La Administración Trump ha sido clara: el TPI es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal", afirmó Rubio para zafar del tema.

El contexto de las sanciones remite a una orden de arresto dictada por el TPI en noviembre de 2024. El tribunal emitió sendas órdenes contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su anterior responsable de Defensa, Yoav Gallant. Las acusaciones se refieren a presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados durante la ofensiva militar lanzada sobre Gaza hace más de un año.

Ante estas sanciones, cuatro organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han decidido demandar formalmente a la Administración Trump por afectar el funcionamiento independiente del tribunal. La controversia internacional se agudiza mientras continúan las operaciones militares y las investigaciones en la región del Levante.

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