La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense anunció hoy sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y a Abdoulaye Seye, fiscal senegalés. Esta medida, implementada desde este martes, permite operaciones limitadas con cuentas vinculadas a ambos para liquidar transacciones pendientes hasta el 17 de septiembre. Además, se sancionará cualquier entidad en la que Akane o Seye posean una participación del 50 % o más.
El Gobierno del presidente Donald Trump considera estas acciones un paso firme para desmantelar lo que califica como un tribunal corrupto. "La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y profundamente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio.
Seye fue señalado por supervisar investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos, temas que Washington no acepta bajo la jurisdicción del tribunal. Por su parte, como presidenta, Akane se encarga principalmente de las funciones institucionales y representativas.
El anuncio refuerza la postura de EE.UU., que no reconoce la legitimidad de la CPI. Rubio había adelantado en julio su intención de endurecer la campaña contra el tribunal. Trump ya declaró abiertamente la guerra a este organismo tras retornar al poder, firmando una orden ejecutiva en febrero que calificó varias iniciativas de la CPI como una "amenaza" para la seguridad nacional.
La medida se centra específicamente en las investigaciones sobre las fuerzas armadas estadounidenses en Afganistán y las órdenes de detención emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Ambos son acusados por supuestos crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Gaza. Estas acciones judiciales han sido vistas como un desafío directo a la soberanía estatal según el criterio de Washington.
Con estas sanciones, Estados Unidos intensifica su rechazo al tribunal internacional. La medida busca aislar financieramente a los líderes de la CPI mientras se avanza en su estrategia para limitar su influencia global. El conflicto entre la administración Trump y la Corte Penal Internacional parece estar en un punto sin precedentes, con consecuencias que podrían afectar el funcionamiento del sistema judicial internacional.
La situación refleja las tensiones geopolíticas actuales, donde las potencias mundiales disputan cada vez más el control sobre los mecanismos de justicia global. La CPI sigue siendo un pilar fundamental para la rendición de cuentas en conflictos armados, pero enfrenta ahora su mayor desafío político desde su creación.
Hasta el momento, la Administración Trump ha utilizado esta orden ejecutiva para imponer sanciones tanto a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional como a Francesca Albanese —la Relatora Especial de la ONU sobre derechos humanos en Palestina— y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos. El gobierno estadounidense no reconoce la jurisdicción de dicha corte para juzgar a sus ciudadanos, ya que nunca firmó el Estatuto de Roma; asimismo, aplica esa misma tesis jurídica respecto a Israel y sus nacionales al no ser parte del acuerdo.
No obstante, estas medidas generan un debate intenso sobre la soberanía internacional. Por otro lado, se ha destacado cómo el presidente Trump insiste en considerar el estrecho de Ormuz como un "nuevo territorio estadounidense", una postura que contradice las normas internacionales establecidas. En el ámbito diplomático interno, un senador demócrata calificó como "uno de los mayores fiascos" el memorando firmado por Trump con Irán.
Más allá de la tensión geopolítica en Oriente Medio, la administración enfrenta otros desafíos globales. Se ha informado que Kim Jong-un respondió a las comunicaciones del mandatario estadounidense y que el intercambio resultaría positivo, aunque el tono de las relaciones sigue siendo volátil. En un evento diferente, la reportera de CNN fue silenciada tras cuestionar al presidente sobre Corea del Norte.
La escena internacional también se mueve en otros frentes. La astronauta Sophie Adenot ha hecho historia como la primera mujer francesa en realizar una caminata espacial. Simultáneamente, Meta vuelve a los tribunales de Estados Unidos acusada de provocar adicción en niños y adolescentes mediante sus plataformas digitales.
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