El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció durante la inauguración del primer Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GES 2026) que se buscará redireccionar el canon minero para que llegue directamente a las comunidades cercanas a las operaciones mineras. El objetivo es modificar la forma en que estos recursos llegan a los territorios donde se desarrolla la actividad extractiva.
"Desde el sector, vamos a impulsar modificaciones estructurales para poder redireccionar el canon", enfatizó Shinno. Explicó que actualmente, el canon es devuelto a las regiones e invierte generalmente en la capital de las provincias o distritos. "Hoy día hemos visto que se invierte en cosas que no sirven, o en otros casos se va en corrupción", señaló el funcionario.
"Tenemos que lograr que parte de ese canon vaya sí o sí a las comunidades aledañas, a los entornos mineros", afirmó Shinno. De esta manera, busca garantizar que estos poblados vean cómo se llega a la infraestructura básica que tanto reclaman. El ministro consideró que esta modificación permitiría que las poblaciones cercanas a los proyectos mineros puedan percibir de manera más directa los beneficios económicos de la actividad extractiva.
No obstante, Shinno reconoció que la modificación en la distribución del canon no sería suficiente si no se mejora simultáneamente la capacidad de las autoridades encargadas de ejecutar los recursos. "Nos va a faltar un tramo más que es ver cómo fortalecemos la capacidad de los gobiernos locales y provinciales principalmente para que dichas inversiones se den oportunamente", indicó.
Para el Gobierno, esta reforma busca asegurar que una parte de los fondos sea destinada obligatoriamente a las comunidades ubicadas en las zonas aledañas y en los entornos de las operaciones mineras. Así se evita la dispersión administrativa y se prioriza la inversión local inmediata, alineada con las necesidades reales de quienes viven cerca de las minas.
La iniciativa forma parte de un esfuerzo mayor para mejorar la relación entre el Estado y las comunidades afectadas por la minería, asegurando que los recursos generados por este sector lleguen a donde más se necesitan sin intermediarios innecesarios ni pérdidas por corrupción. La transparencia y eficiencia en el uso del canon son claves para el desarrollo sostenible de estas zonas.
El ministro vinculó esta propuesta con un cambio en la gestión de los conflictos sociales. Según explicó, el Estado no debería limitarse a intervenir cuando un conflicto ya estalló, sino participar de manera permanente en la planificación del desarrollo de los territorios donde se realizan actividades minero-energéticas.
En esa línea, planteó una gobernanza territorial preventiva, en la que Estado, empresas y comunidades trabajen conjuntamente para definir las prioridades de desarrollo.
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