La Contraloría General de la República advirtió una situación crítica en el manejo de fondos para enfrentar las emergencias asociadas al fenómeno El Niño. Según los datos oficiales, 109 municipalidades a nivel nacional registraron un nivel de ejecución presupuestal del 0% respecto al Programa Presupuestal 0068, diseñado específicamente para reducir la vulnerabilidad y atender crisis climáticas.

Luis Castillo, vocero de la Contraloría, detalló que esta evaluación abarcó a entidades locales de todo el país. El funcionario explicó que los efectos del clima podrían impactar tanto a la costa como a las regiones del centro y sur, por lo que se monitoreó rigurosamente su desempeño.

Entre las zonas con mayor incidencia de falta de ejecución destacan San Martín, Tumbes, Piura, Áncash y Puno. Específicamente en Áncash, alrededor de diez distritos reportaron un nivel nulo de uso de estos recursos. Asimismo, Castillo agregó que, al inicio del año, más de 600 gobiernos locales —de un total aproximado de 1.800— no contaban con un plan de prevención definido.

Sobre el terreno, la situación es aún más alarmante: de los 1.576 puntos críticos identificados en ríos y quebradas, el 79% carece de inversión destinada a labores preventivas como limpieza y descolmatación. Este vacío eleva significativamente el riesgo de desbordes e inundaciones frente al incremento del caudal fluvial.

Como ejemplo concreto, Castillo mencionó el reciente desborde del río Surco en Lima debido a las precipitaciones registradas. Ante esto, el vocero indicó que los gobiernos locales y regionales disponen de recursos para actuar; la normativa presupuestal les permite reorientar hasta el 20% de su presupuesto hacia acciones relacionadas con la prevención de emergencias, una herramienta que muchas entidades parecen estar ignorando.

Según explicó el vocero, los planes diseñados sirven para identificar zonas vulnerables y determinar medidas preventivas antes de que estalle una emergencia. Sin embargo, la falta de planificación y la incapacidad para detectar riesgos se erigen como las principales causas de la baja ejecución presupuestal observada hasta ahora.

En ese contexto, Castillo recordó que las autoridades locales del agua ya han comunicado a los municipios los puntos críticos de ríos y quebradas que exigen atención e intervención preventiva. Además, señaló que el reporte sobre esta situación a nivel nacional fue remitido al Gobierno central el pasado 24 de julio.

Aún queda un margen de tiempo para ejecutar las acciones mínimas indispensables en esos puntos críticos; no obstante, advirtió que las autoridades deben actuar con rapidez debido a que el plazo es cada vez más reducido. Ahora se busca que los gobiernos locales y regionales prioricen las zonas de mayor riesgo y destinen recursos a la ejecución de trabajos preventivos.

Finalmente, Castillo recordó que los gobiernos locales son la primera línea de respuesta frente a una emergencia. Por ello, deben disponer de almacenes abastecidos con alimentos, carpas, herramientas y otros bienes necesarios para atender a la población afectada en caso de desastre.

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