Alcaldes de Villa El Salvador y Chorrillos exigen acciones reales a Sedapal tras nuevos desbordamientos

Ernesto Astonitas

En el programa Ampliación de Noticias, las autoridades locales de Villa El Salvador y Chorrillos coincidieron en atribuir la responsabilidad directa del colapso de los sistemas de saneamiento a Sedapal. Esta postura refuerza las declaraciones emitidas por Keiko Fujimori el último lunes, quien anunció la reestructuración del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima tras el desborde de aguas servidas en Villa El Salvador por un evento climatológico.

Durante la entrevista, Guido Íñigo, alcalde de Villa El Salvador, fue enfático al señalar que las declaratorias de emergencia solo tendrán validez si cuentan con un respaldo real del gobierno central para solucionar las deficiencias técnicas recurrentes. "Yo responsabilizo, así como el día de ayer también la presidenta de la República dijo que es responsabilidad total de Sedapal", afirmó Íñigo.

Detalló que el desastre ocurrió el último domingo en el Sector 1, Grupo 1, impactando gravemente a la comunidad. Aseguró que aproximadamente 74 viviendas han sufrido pérdidas totales y más de 350 personas resultaron damnificadas por el evento.

"Nosotros hemos notificado a Sedapal, no este año, no el año pasado... lo venimos haciendo hace 6 años, 6 años que Sedapal no hace nada", cuestionó el edil en RPP. Para él, es la tercera vez que ocurre un colapso de esta magnitud y la empresa ha ignorado las notificaciones municipales durante los últimos seis años.

El burgomaestre añadió que, si la competencia fuera del alcalde para ejecutar obras y mejorar el alcantarillado en esa zona, lo haría inmediatamente. Comentó que se dice priorizarán el cambio de todas las redes, pero así nos tienen año tras año.

"Es más, nosotros tenemos un proyecto de inversión con firma desde el año pasado para ejecutar las pistas y veredas en el sector 1, grupo 1, 2 y 3. Tenemos ya firmado el contrato, pero, ¿por qué no podemos iniciar obra ahí? Porque Sedapal tiene que darnos la conformidad y decirnos: 'Vamos a entrar nosotros a cambiar todas las redes de agua y desagüe'", expresó en Ampliación de Noticias.

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, cuestionó a Sedapal por carecer de un protocolo establecido para reaccionar ante emergencias. Agregó que la empresa demora "por lo menos 3 a 4 horas para recién enviar bombas de inyección", una ineficiencia que coincidió con las declaraciones de Keiko Fujimori sobre la necesaria reestructuración del proveedor. Según el funcionario, en ningún momento ha realizado algún trabajo sabiendo que va a haber lluvias y que estos colapsos son repetitivos. "En el año 2023 hubo un hecho casi similar con menos carga, pero aún así [Sedapal] no asumió sus responsabilidades y no indemnizó a ninguno de los comerciantes", mencionó Cortés al recordar la falta de obras preventivas.

"Esto no es un desborde simple... todo el mundo estaba inundado con agua de desagüe. Entonces, hemos tenido que trabajar casi toda la noche, baldeando con algunas bombas y con la colaboración de muchos de los vecinos", declaró en RPP. El burgomaestre sostuvo que la zona más afectada se ubica entre la avenida El Sol y la avenida Guardia Civil, así como la inundación de tres grandes centro de abasto y el mercado Sarita Colonia. Como consecuencia, informó que más de 400 comerciantes perdieron toda su mercadería.

Respecto a las declaratorias de emergencia, ambos alcaldes coincidieron en que solo serán efectivas si cuentan con un respaldo "real" del gobierno central, para solucionar las deficiencias técnicas de Sedapal que se repiten anualmente. Guido Íñigo, alcalde de Villa El Salvador, añadió que se declarará en emergencia su distrito a través de una sesión de consejo municipal.

"Esto es porque Sedapal no tiene un trabajo preventivo", enfatizó el edil de Chorrillos tras detallar los daños colaterales y la movilización ciudadaria necesaria para mitigar el impacto del desborde. La situación evidencia cómo la falta de mantenimiento preventivo genera crisis recurrentes que obligan a los distritos a asumir labores de limpieza y rescate de comerciantes, tal como ocurrió en 2023 cuando no hubo indemnizaciones. Ante este escenario, las autoridades locales buscan garantizar que cualquier medida administrativa tenga el soporte gubernamental requerido para enfrentar estas fallas sistémicas del servicio de agua potable y alcantarillado en la costa sur.

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