La Superintendencia Nacional de Migraciones ejecutó la expulsión de 42 ciudadanos en situación irregular, una medida clave para reforzar el orden y la seguridad nacional. Esta acción se llevó a cabo en coordinación con la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú (PNP), garantizando que los procedimientos cumplan estrictamente con la normativa vigente.

Sobre la composición del grupo expulsado, las cifras son precisas: 35 son venezolanos y siete colombianos. Además, durante las verificaciones previas al traslado, las autoridades identificaron que dos de los intervenidos contaban con sentencia condenatoria, dato que fue considerado dentro del proceso legal correspondiente.

Los ciudadanos fueron trasladados a la frontera para ser expulsados del territorio nacional, aplicando así las medidas administrativas adoptadas. Luis Fares Yunis Herrera, superintendente nacional de Migraciones, afirmó que el Estado mantendrá un control efectivo sobre el ingreso y permanencia de extranjeros. «Quien ingresa o permanece en nuestro territorio debe respetar nuestras leyes», declaró, confirmando que la institución continuará con las fiscalizaciones.

Esta intervención no es aislada; forma parte de una estrategia para intensificar la verificación migratoria en puntos estratégicos y zonas fronterizas. Durante 2026, Migraciones ha desarrollado miles de operativos junto a la PNP para identificar infracciones. En mayo, la entidad informó haber ejecutado más de 2,700 acciones a nivel nacional.

Según la legislación migratoria, la expulsión es una sanción para infracciones muy graves y puede establecer un impedimento de reingreso al Perú de hasta 15 años, dependiendo de las circunstancias de cada caso. El objetivo central sigue siendo blindar el orden público mediante un control riguroso de quienes buscan ingresar o quedan en el país.

La colaboración entre ambas fuerzas del orden asegura que estas medidas se apliquen con la debida celeridad y legalidad, cerrando brechas que podrían ser aprovechadas para actividades ilícitas. La respuesta estatal refleja una postura firme ante las irregularidades migratorias.

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