Si algo definirá las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, será la facilidad con que ciertos "vivazos" de nuestra política han hecho lo que les ha dado la gana para sacarle la vuelta a la ley. El objetivo: postular a reelecciones encubiertas, lanzar a parientes a cargos públicos o hacer campaña desde una posición oficial.

Sobre las reelecciones disfrazadas, el panorama nacional muestra casi 60 casos de alcaldes actuales que se presentan como primeros regidores detrás de aspirantes a burgomaestres. Estos últimos habrían presentado "oportunas" renuncias para abrirles el camino. El caso más sonado es el de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien, criollada de por medio, podría terminar nuevamente en el sillón de Nicolás de Ribera.

Luego están los 15 casos, solo en Lima, de alcaldes que dejan a esposas, padres y demás familiares para que los releven en caso de ser electos. ¿Los partidos permiten esto? Parece que sí, lo que deja en claro la informalidad y sinvergüencería de muchas de las agrupaciones políticas.

También está el caso de megavivazos como el actual alcalde de Ate, Franco Vidal (Avanza País). Él lanza a su cuestionado padre para burgomaestre mientras él va como primer regidor. El agravante es que hace campaña siendo aún un funcionario público, según Cuarto Poder.

¿Y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que debería parar esto? Bien, gracias. Incluso su máxima autoridad, Roberto Burneo, ha dicho que no puede hacer nada. Así estamos ante una práctica que desborda la normativa y pone en riesgo la integridad del proceso democrático.

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