Contraloría advierte que 109 municipios no ejecutaron presupuesto para enfrentar El Niño

La Contraloría General de la República ha emitido una advertencia crítica tras evaluar el nivel de preparación ante el fenómeno climático. Luis Castillo, vocero institucional, explicó a Canal N que este análisis se llevó a cabo en todo el territorio nacional, dado que los impactos pueden afectar desde la costa hasta las regiones del sur y centro. Los resultados son contundentes: 109 municipalidades registraron una ejecución de 0 % de los fondos asignados al Programa Presupuestal 0068, creado específicamente para reducir vulnerabilidad y atender emergencias relacionadas con el fenómeno El Niño. Entre las zonas más afectadas por esta inacción figuran San Martín, Tumbes, Piura, Áncash y Puno. En el caso de Áncash, la situación es particularmente grave, ya que alrededor de diez distritos presentan una ejecución nula de recursos. Además de la falta de uso presupuestal general, Castillo detalló un problema específico en la infraestructura hídrica: de 1.576 puntos críticos identificados en ríos y quebradas, el 79 % no ha recibido inversión alguna para labores preventivas como limpieza o descolmatación. Esta omisión incrementa directamente el riesgo de desbordes e inundaciones ante las lluvias y crecidas fluviales. Como ejemplo reciente, señaló el río Surco en Lima, que se desbordó tras intensas precipitaciones. A pesar de esta carencia, el vocero precisó que los gobiernos locales y regionales sí cuentan con los fondos necesarios para realizar estas tareas. La normativa presupuestal vigente permite reorientar hasta el 20 % de sus recursos hacia acciones vinculadas a la prevención de emergencias, una herramienta que parece haber sido ignorada en gran parte del país frente al avance de las lluvias asociadas al fenómeno climático.

Más de 600 municipios carecen de planes de prevención

Castillo indicó que más de 600 gobiernos locales, dentro de un universo aproximado de 1.800, no contaban con un plan de prevención al inicio del año. Estos documentos son esenciales para identificar zonas de riesgo y establecer las acciones a ejecutar antes de una emergencia.

De hecho, la falta de planificación y capacidad para reconocer los riesgos se señalan como factores principales detrás de la baja ejecución presupuestal observada en 109 municipios que no destinaron fondos contra El Niño. Ante esto, las autoridades locales del agua ya han informado a los municipios sobre los puntos críticos de ríos y quebradas que requieren intervención inmediata.

No obstante, el vocero sostuvo que todavía existe una ventana de tiempo para ejecutar las acciones mínimas indispensables en estos puntos críticos, aunque advirtió que las autoridades están contra el tiempo. La Contraloría informó que el reporte sobre la limpieza de puntos críticos a nivel nacional fue entregado al Gobierno central el 24 de julio.

El objetivo actual es que los gobiernos locales y regionales prioricen las zonas de mayor riesgo y reorienten recursos para ejecutar trabajos de prevención efectivos. Asimismo, recordó que los gobiernos locales constituyen la primera respuesta ante una emergencia y deben contar con almacenes, alimentos, carpas, herramientas y otros bienes necesarios para atender a la población afectada.

Castillo explicó finalmente que, una vez culminada la etapa preventiva, la Contraloría realizará controles posteriores. Estas fiscalizaciones determinarán las responsabilidades por las acciones que no fueron ejecutadas pese a las advertencias realizadas oportunamente por los organismos de control.

La omisión de funciones en la gestión del riesgo de desastres puede acarrear una pena de hasta dos años de privación de libertad, además de las responsabilidades administrativas o civiles que correspondan. Preciso que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres contempla estas sanciones explícitas por incumplimiento.

No obstante, la Contraloría señaló que continuará acompañando las acciones de prevención y posteriormente evaluará la actuación de las autoridades para determinar si corresponde iniciar procedimientos o formular denuncias. Esta evaluación es vital dado el contexto de crisis climática actual.

Mientras tanto, la realidad muestra un escenario preocupante en cuanto a los recursos disponibles. La Contraloría ha advertido que 109 municipios no ejecutaron presupuesto para enfrentar El Niño, dejando a las comunidades vulnerables sin protección adecuada frente al fenómeno climático extremo.

Dicha inacción administrativa genera un riesgo latente de desastres que podrían haberse mitigado con una gestión eficiente. La autoridad fiscal mantiene su vigilancia sobre el cumplimiento normativo en materia de prevención y respuesta ante emergencias naturales.

Asimismo, se destacan otros casos de irregularidades bajo escrutinio del organismo supervisor. Montoya advierte irregularidades en contrataciones de Provías y pide investigación de Contraloría para garantizar la transparencia en los fondos públicos destinados a obras viales esenciales.

En el ámbito municipal, los datos son contundentes: 317 municipalidades ejecutaron menos del 40 % de recursos para enfrentar el fenómeno El Niño, evidenciando una crisis de gestión presupuestaria que afecta directamente la capacidad de respuesta local ante las inundaciones y lluvias intensas.

Por otro lado, la Contraloría investiga gastos superfluos en la gestión de José Balcázar tras informe de Cuarto Poder, demostrando que el control fiscal abarca múltiples áreas de responsabilidad gubernamental donde se han detectado desviaciones.

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