La Justicia taiwanesa ordenó prisión provisional para un empresario que intentó comercializar al Ejército aeronaves ensambladas con componentes originarios de la China continental. Esta medida, informada por la Fiscalía, marca el primer caso en el que se sospecha una vulneración de la Ley de Seguridad Nacional tras la adquisición de drones militares.
El expediente se remonta al año pasado, cuando la firma del acusado, cuyo nombre no fue divulgado, ganó una licitación para abastecer de aeronaves no tripuladas al VIII Cuerpo del Ejército. Esta unidad castrense tiene como misión proteger la región meridional de la isla.
Tras la recepción y verificación de los equipos, el organismo militar detectó que los drones "presuntamente incorporaban componentes de fabricación china". Según la investigación, la procedencia se habría ocultado mediante la eliminación del etiquetado original y la presentación de certificados falsos. Al violar lo estipulado en el contrato, las fuerzas armadas no abonaron el importe correspondiente y remitieron el caso a la Fiscalía.
Durante las primeras pesquisas, los investigadores se personaron el 11 de agosto en la sede de la empresa acusada, así como en otra compañía vinculada, para realizar registros e incautar pruebas. También citaron a declarar a los imputados y otros testigos. En este momento, el equipo fiscal identificó dos responsables principales: un hombre de apellido Chang, dueño de la firma local, y su jefe técnico.
Ambos están acusados formalmente por dos delitos graves. Primero, la entrega y suministro al Ejército de productos originarios de la "zona continental", una conducta contemplada en la Ley de Seguridad Nacional. En segundo lugar, estafa en grado de tentativa para la obtención de bienes, previsto en el Código Penal.
Tras los interrogatorios realizados, los fiscales solicitaron inicialmente prisión provisional en régimen de incomunicación para ambos acusados. Sin embargo, el tribunal solo aprobó esta medida restrictiva contra Chang, dejando sin la restricción al segundo imputado.
En un comunicado oficial, la Fiscalía del Distrito de Ciaotou, ubicada en la ciudad sureña de Kaohsiung, detalló los hechos y las bases legales que sustentan el proceso judicial. La autoridad destaca la gravedad de intentar introducir tecnología extranjera no autorizada dentro de las fuerzas armadas locales.
Este suceso resalta la sensibilidad del gobierno taiwanés respecto a la seguridad nacional y la integridad de sus compras militares, estableciendo un precedente legal para futuras adquisiciones que involucren componentes de la China continental.
La investigación detuvo a un empresario acusado de vender al Ejército taiwanés drones con componentes chinos. Esta acción se enmarca en el objetivo de la administración del presidente Lai Ching-te de crear una cadena de suministro "no roja", es decir, exenta de fabricación china, para reforzar la autosuficiencia de la isla e impulsar sus exportaciones a países aliados. El mandatario busca así garantizar que los vehículos no tripulados utilizados por las fuerzas armadas dependan exclusivamente de tecnología local o extranjera libre de influencias geopolíticas rivales.
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