La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados tiene como función investigar y sancionar malas conductas en los representantes. Debería presidirse por personas probas, con trayectoria impecable, para fomentar transparencia y respeto entre los padres de la patria. Sin embargo, la realidad ha sido otra. La semana pasada, el diputado Heber López debía asumir la presidencia del órgano. Su vocero, Víctor Piñán, anunció su reemplazo por Henry Albañil. Ante la sorpresa, Arturo Alegría de Fuerza Popular preguntó: "Para hacer un cambio en Ética tiene que existir una motivación". La respuesta oficial fue que el perfil de López calzaba mejor para la Comisión de Acusaciones Constitucionales debido a su condición de abogado. Pero todo era falso. El diario Correo descubrió que Pérez había sido denunciado en 2006 por una Fiscalía del Cusco por violación de libertad sexual contra un menor de 14 años. Tres años después, el proceso se formalizó y, finalmente, en abril de 2016, fue archivado. Los detalles del archivo permanecen desconocidos por la antigüedad. Cuando el medio periodístico consultó a la bancada, esta detuvo su designación para evitar un escándalo masivo. Nadie tuvo la entereza de explicar los reales motivos del desembarco repentino, ocultando la gravedad de la denuncia que pesaba sobre él. Incluso Henry Albañil, el nuevo presidente, faltó a la verdad. Afirmó que el mismo Pérez había pedido su cambio, cuando muy bien sabía lo que había sucedido con el expediente penal. Esta maniobra busca proteger la imagen de sus allegados sin ofrecer claridad sobre un caso judicial que, aunque archivado, mantiene una sombra sobre la integridad del legislador. La falta de transparencia en este nombramiento pone en duda los principios éticos que la comisión debería defender frente a las denuncias de malas conductas cometidas por integrantes de todas las tiendas políticas. El silencio institucional ante un caso de abuso sexual contra menores, incluso si está archivado, genera sospechas sobre la real idoneidad moral de quienes lideran estos organismos de control interno en el Congreso de la República.

No menos grave es que el excoronel de la Policía Harvey Colchado haya sido elegido segundo secretario de la Comisión de Ética. Sin embargo, una Fiscalía lo ha acusado por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica, solicitando una pena de nueve años y cuatro meses de prisión.

Hace dos semanas, cuando se publicó esa noticia, Colchado, conocido por su astucia, amagó que se retiraría de ese grupo. Pidió a sus miembros que ellos decidieran si se quedaba o no. Nadie es culpable mientras no se pruebe lo contrario, pero la acusación contra el expolicía no tiene ningún ‘trasfondo político’, como él ha querido hacer creer en las redes sociales.

La misma Fiscalía lo ha desmentido. La incriminación fiscal señala, documentadamente, que en el año 2021 Colchado ocultó, en un documento notarial, su condición de policía en actividad, para que pudiera continuar alquilando un inmueble de él a su propia institución. Asimismo, han sido denunciados los funcionarios, también policías, que permitieron ese contrato, a sabiendas que Colchado era miembro policial.

Pese a ello, se le permitió continuar en esa comisión y fue designado miembro de la presidencia. ¿Estamos ante una Comisión de Ética o una comisión antiética? Nos vemos el otro martes.

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