Las elecciones generales de 2026 se desarrollaron bajo un escenario de alta polarización, crisis política marcada por la sucesión de cuatro mandatarios en el período anterior y una fragmentación partidaria con 37 organizaciones compitiendo. Según el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), el proceso electoral se llevó a cabo en medio de complicaciones operativas.
"En un contexto político competitivo, el proceso electoral fue, en líneas generales, creíble y transparente, a pesar de algunas deficiencias en la administración electoral y de la persistencia de narrativas de fraude".
No obstante, la misión internacional también planteó revisar el marco jurídico para unificar la legislación electoral. Su objetivo era eliminar vacíos, duplicidades y normas inaplicables que afectaron la integridad del sistema.
El informe señala que las leyes electorales fueron modificadas de manera constante en los años previos a los comicios, lo que generó confusión y vacíos legales. "El Congreso ha aplicado un criterio oscilante, aprobando y posteriormente revirtiendo sucesivas reformas con importantes repercusiones para la configuración del sistema político y del marco electoral".
Dentro de este contexto de inestabilidad jurídica y decisiones de última hora, se registraron otros fenómenos políticos relevantes. Se reportó una diferencia de solo 3% entre Rafael López Aliaga y Carlos Bruce según encuesta de Datum sobre intención de voto para la Alcaldía de Lima.
Asimismo, la gestión de Fernando Rospigliosi incrementó en 15% los sueldos de todos los trabajadores del Congreso. Estas acciones reflejaron las tensiones que permeaban el entorno institucional durante el período electoral y sus etapas previas.
El informe de la Unión Europea destaca que entre las reformas implementadas se encuentran el retorno de la bicameralidad, la reelección inmediata de congresistas y la derogación del sistema PASO. Estas modificaciones, junto con ajustes técnicos en la cédula y el recuento de actas, generaron un escenario problemático. Así lo señala el documento: «(…) las continuas reformas parciales de la legislación, que han dado lugar a inconsistencias, a una dispersión normativa y a duplicidades». Esta falta de claridad obligó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a tomar decisiones ad hoc para cumplir con los plazos constitucionales. «Estas decisiones comprometieron el principio de seguridad jurídica y la estabilidad del marco jurídico», advierte el informe, indicando que las dificultades para aplicar nuevas disposiciones afectaron directamente la integridad institucional.
Específicamente durante el conteo tras la primera vuelta de abril, el JNE tuvo que adaptar sus procedimientos ante esas fallas previas. Las actas observadas restantes se resolvieron mediante un recuento de votos, donde los primeros cálculos se realizaron el 20 de abril. Sin embargo, dos días después, el organismo modificó su estrategia para acelerar el proceso: «decidiendo que no se realizarían recuentos en aquellos casos en que las inconsistencias estuvieran relacionadas con el voto preferencial». Esta flexibilidad operativa fue necesaria para sortear la complejidad normativa.
Más allá de los aspectos técnicos, la misión internacional documentó que los resultados estuvieron acompañados por acusaciones infundadas. «Las continuas reformas parciales...» y la narrativa de fraude debilitaron el sistema. En este contexto, líderes políticos como Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) protagonizaron un clima adverso. El informe señala específicamente que López Aliaga, además de cuestionar los resultados sin sustento, amenazó al titular del JNE. Tales acciones, combinadas con la incertidumbre legal, erosionaron la confianza en el proceso electoral 2026.
"En ambas vueltas presidenciales, los candidatos Roberto Sánchez y Rafael López-Aliaga formularon acusaciones infundadas de fraude. Convocaron protestas públicas recurriendo a narrativas polarizadoras, alegando que las instituciones del Estado discriminaban y no respetaban a sus respectivos electores".
El informe advierte sobre el impacto directo de estas acciones en la legitimidad del proceso electoral. "Estas prácticas menoscaban la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y afectan la percepción del electorado sobre la legitimidad de las autoridades electas".
Neutralidad y cobertura de los medios de comunicación
En cuanto al desempeño periodístico, la misión registró diferencias significativas entre sectores. Por un lado, el informe señala que "los medios de comunicación estatales ofrecieron una cobertura equilibrada y neutral de la campaña".
Sin embargo, la situación en el sector privado fue distinta, ya que "mostraron un mayor sesgo, que se hizo más patente durante la segunda vuelta presidencial al proyectar una imagen predominantemente negativa de Roberto Sánchez y contribuir así a la polarización".
Del mismo modo, el documento señala que el libre ejercicio periodístico se vio afectado durante los comicios. "El entorno mediático se deterioró, en un contexto marcado por amenazas contra algunos periodistas que no fueron debidamente atendidas por las autoridades competentes".
Recomendaciones
Para subsanar las deficiencias detectadas, el informe propone consolidar la legislación electoral en un código único junto con su proceso, optimizando plazos y eliminando inconsistencias o normas inaplicables. Sin embargo, frente al deterioro del debate público, se exhorta a las autoridades para que condenen de inmediato el discurso de odio, las amenazas y la incitación a la violencia dentro de la retórica electoral, adoptando medidas firmes para poner fin a estas prácticas nocivas.
En paralelo, la labor periodística requiere mayor protección contra ataques e intimidaciones. El documento destaca la necesidad de detectar agresiones contra los profesionales de los medios y tomar acciones frente a la retórica hostil de cargos públicos o candidatos que amenace dicho personal. "Instar a las autoridades competentes a que condenen con prontitud el discurso de odio, las amenazas de violencia, la incitación a la violencia y la retórica intolerante en el discurso electoral" es una recomendación clave para preservar la integridad democrática.
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