El Frente de Transportistas de Arequipa mantiene un paro que ya cumple su segundo día consecutivo. La medida de fuerza, organizada por los conductores de la Ciudad Blanca, busca presionar a la Municipalidad Provincial (MPA) para que reconsidere el recorte tarifario aprobado recientemente.
Según informó El Buho, Patricia Velásquez, presidenta del gremio, rechazó tajantemente retornar a una tarifa anterior sin contar con un nuevo estudio técnico. La dirigencia argumenta que los costos actuales de combustible, cercanos a los S/ 25.00, elevarían la tarifa técnica real hasta los S/ 2.00. Además, aseguraron haber presentado las adendas correspondientes para respaldar el reajuste y exigieron transparencia respecto a la identidad de los especialistas que desestimaron el acuerdo previo.
La disputa se originó tras la orden municipal que dispuso cobrar S/1.00 en seis de las diez concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT). Se trata de Cono Norte, Transcayma, Unión AQP, Etrabus, Megabus y Cotum. La MPA justificó este cambio indicando que estas empresas no cumplieron con presentar la documentación necesaria para modificar sus contratos y mantener el incremento temporal a S/1.30.
Por su parte, las otras cuatro concesionarias —Unión Grau, AQP Masivo, Emarsitran y Sabandía-Characato C-8— presentaron información de manera parcial y tienen un plazo para subsanar las observaciones; caso contrario, también podrían perder la autorización para cobrar el pasaje al precio mayor. El conflicto afecta principalmente a usuarios que se trasladan hacia distritos como Miraflores, Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Cerro Colorado y Yura.
La alcaldesa provincial Ruccy Oscco confirmó que no habrá marcha atrás en el ajuste del pasaje a S/ 1.00, decisión que desató una fuerte reacción por parte del gremio de transportistas formales.
Según El Buho, los representantes advirtieron sobre la falta de sostenibilidad económica del servicio con dicha tarifa. Los ingresos netos por vehículo cayeron drásticamente de S/ 150 a un promedio diario de S/ 50 o S/ 60 debido al alza en los insumos operativos.
Esta reducción complica el pago de las cuotas para renovar la flota automotriz, cuyos costos oscilan entre los 70 mil y 90 mil dólares por unidad. Asimismo, precisaron que el sistema formal asume obligaciones legales fijas, como la compra obligatoria de pólizas SOAT para vehículos fabricados a partir del año 2008.
Los representantes enfatizaron que el contrato inicial contemplaba únicamente dos años de etapa preoperativa. Sin embargo, este marco ya superó los ocho años de vigencia sin una actualización realista frente al costo de vida actual.
Otra denuncia central es la competencia desleal con el sector informal. Los transportistas indicaron que habría un apoyo de funcionarios municipales a este grupo, al que acusan de operar sin regulaciones y cobrar tarifas elevadas de S/ 2.50 a S/ 3.00.
Mientras se gestiona la solución del conflicto por el transporte público, las autoridades educativas mantienen la suspensión de clases presenciales en Arequipa como medida de contingencia.
La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) exhortó a la Municipalidad Provincial de la ciudad para que resuelva el problema del transporte público, situación que afecta tanto a los estudiantes como al resto de la población. Ante esta coyuntura y persistiendo las dificultades generadas por el paro acatado por los transportistas en protesta por la reducción tarifaria, se mantiene la suspensión de las actividades educativas presenciales. «Esta medida tiene como prioridad garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes y de toda la comunidad educativa», manifestó mediante un comunicado oficial.
Tal acción obedece a lo establecido en la Resolución Ministerial N. 501-2025-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica para el Año Escolar 2026 y contempla la reprogramación de los días lectivos afectados por situaciones que comprometan la seguridad. «Los días de clases no desarrollados serán recuperados, de acuerdo con la normativa vigente», apuntó la autoridad educativa.
Dicha recuperación se ejecutará mediante un plan coordinado por la GREA junto a las respectivas UGELs y los directores de las instituciones educativas. El objetivo es asegurar que el proceso pedagógico continúe sin mayores contratiempos una vez restablecido el servicio de movilidad en la capital sur.
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