La organización política Partido del Buen Gobierno, comandada por Jorge Nieto, ha suscrito reglamentos para sus futuras bancadas en el Congreso que incluyen una disposición controversial: el descuento directo de parte del sueldo de sus congresistas. Esta medida, revelada recientemente en el programa La Contra de Paolo Benza, ya ha desatado fuertes cuestionamientos sobre su legalidad y constitucionalidad.
Dentro del capítulo dedicado a los derechos y deberes de los integrantes, los artículos 6.14 para diputados y 6.13 para senadores establecen que el Congreso deberá retener fondos de la remuneración parlamentaria para transferirlos a la organización. El mecanismo ha generado dudas porque no se plantea como un aporte voluntario, sino como una orden reglamentaria obligatoria.
Frente al escándalo, el abogado laboralista Cristian Sánchez, consultado por el medio, considera que un descuento obligatorio mediante reglamento partidario carece de sustento legal. Su postura coincide con lo señalado en informes previos sobre casos similares en Fuerza Popular; entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró que las remuneraciones del sector público solo admiten descuentos por ley, cuotas sindicales o mandato judicial.
No obstante, la defensa oficial es contundente. Flavio Figallo, senador electo y vocero del partido, sostiene que esta modalidad corresponde a una contribución de los militantes amparada explícitamente por la Ley de Organizaciones Políticas. La posición del Partido del Buen Gobierno plantea así una diferencia fundamental respecto a la interpretación del especialista citado.
La disputa legal radica en si el reglamento interno puede imponer un descuento que, según Sánchez y la normativa tributaria general, debería ser voluntario o estar expresamente autorizado por ley superior. Mientras Figallo asegura que los militantes aceptan esta condición al afiliarse, la contraparte advierte sobre riesgos de ilegalidad.
El caso pone a prueba los límites entre la autonomía partidaria y las garantías laborales de los legisladores electos bajo el nuevo gobierno. La respuesta final dependerá de cómo interpreten los tribunales la interacción entre reglamentos internos, leyes orgánicas y normas tributarias vigentes en el país.
Mientras tanto, los congresistas del Buen Gobierno deberán esperar a que sus bancadas sean conformadas oficialmente para ver si esta disposición pasará a ser efectiva o será anulada por considerarse inconstitucional. El debate se intensifica a medida que se acercan las sesiones legislativas.
El Partido del Buen Gobierno, figura inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), enfrenta una controversia sobre su reglamento. Jorge Nieto Montesinos lidera la agrupación, mientras que Flavio Figallo Rivadeneyra, elegido senador por el partido en las Elecciones Generales 2026, ocupa la Secretaría de Plan de Gobierno.
El núcleo del debate es si un aporte partidario puede efectuarse mediante un descuento obligatorio de la remuneración o si requiere la voluntad expresa del congresista. El reporte periodístico remarca precisamente esa diferencia entre una contribución voluntaria y una retención establecida por reglamento.
Presuntas diferencias dentro de la bancada
No obstante, el informe también señala discrepancias internas. Según fuentes citadas por La Contra, algunos parlamentarios estarían en desacuerdo con el descuento planteado. Las mismas describieron una división entre congresistas de Lima y de otras regiones. Según su versión, los legisladores de la capital habrían obtenido mejores oficinas y ubicaciones dentro del Congreso, mientras que los representantes de provincias habrían recibido espacios considerados menos favorables.
Figallo negó esa versión y explicó que la distribución de oficinas, curules y presidencias de comisiones corresponde a procesos de coordinación y votación conforme al reglamento. El Partido del Buen Gobierno ya anunció previamente que sus congresistas de Lima y Callao no cobrarían el bono de instalación al inicio del nuevo Congreso bicameral.
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