Educación
Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, confirmó la postura oficial del gobierno de Keiko Fujimori: enviar al Tribunal Constitucional las Leyes N° 32581 (pensiones para maestros jubilados y cesantes) y N° 32563 (gratificaciones y 100% de CTS al personal CAS). Esta decisión se toma sin plantear ninguna propuesta alternativa sobre los beneficios cuestionados.
Cuba fue contundente al señalar que no existe manera de que el Gobierno cumpla normas que, a su juicio, fueron aprobadas ilegalmente y vulneran la Constitución. El argumento central es conocido: el Congreso no puede asumir iniciativa de gasto ni comprometer recursos públicos sin considerar la sostenibilidad fiscal.
Pero aquí aparece el primer problema. Durante años, los maestros jubilados y los trabajadores CAS han escuchado promesas sobre una pensión digna y compensación por tiempo de servicio, mientras sus ingresos pierden capacidad adquisitiva. No estamos hablando únicamente de cifras en una hoja de cálculo, sino de personas que dedicaron décadas al servicio educativo y que ahora reclaman que el Estado cumpla con una deuda social.
Ya advertimos en anteriores columnas sobre el riesgo de comprometer la caja fiscal con decisiones que no tengan respaldo presupuestal. La discusión sobre una pensión digna para los maestros no puede convertirse en una competencia de populismo entre poderes del Estado. Tampoco puede resolverse simplemente diciendo que “no hay plata”.
El conflicto como anunció el ministro, irá al Tribunal Constitucional, en un contexto en el que el Colegio de Economistas de Lima viene impulsando acciones de inconstitucionalidad contra normas vinculadas al gasto público y al régimen de pensiones de docentes y policías.
Además, existe una pregunta que el Gobierno debería responder con absoluta claridad: si considera que estas normas son inconstitucionales, ¿Cuál será su propuesta alternativa para mejorar las pensiones? Porque decir “no va” puede ser políticamente contundente, pero no constituye una política pública.
La declaración del ministro de Economía y Finanzas sobre las pensiones de los maestros jubilados y cesantes y el 100% de CTS al personal CAS abre un debate que va mucho más allá de una disputa entre el Ejecutivo y el Congreso. Se trata de la viabilidad misma de ciertas normas aprobadas por el Legislativo.
En este escenario, la falta de una ruta alternativa deja a los docentes en una expectativa incierta frente a un posible fallo judicial que podría bloquear los pagos prometidos. El silencio sobre nuevas medidas genera dudas sobre si el Ejecutivo realmente tiene un plan o solo busca anular las leyes actuales para evitar gastos futuros.
La tensión se agudiza porque, al igual que ocurre con la policía, el Colegio de Economistas de Lima ya está trabajando activamente para desafiar legalmente estos regímenes especiales. Si el TC decide declarar inconstitucionales estas normas sin que exista un marco sustituto claro, se podría desencadenar una crisis de confianza en las instituciones educativas.
Más allá del tecnicismo jurídico, lo que está en juego es la legitimidad de las promesas hechas a quienes formaron al país. La respuesta del gobierno ante este escenario determinará si prioriza la estabilidad fiscal o el cumplimiento de obligaciones históricas hacia su principal activo humano: los educadores.
Por ahora, la balanza se inclina hacia la vía judicial, dejando a las familias docentes en espera de un veredicto que podría redefinir sus derechos adquiridos durante años de servicio ininterrumpido.
A una semana de la declaración del 16 de julio en Cuarto Poder, el ministro de economía había hablado sobre encontrar una salida al tema de las pensiones docentes. Sin embargo, esto no fue mencionado en la gestión actual. ¿El gobierno cambió de postura? La gestión de Keiko Fujimori acaba de comenzar y tiene una oportunidad para ordenar esta discusión. No sería prudente permitir que las pensiones sean utilizadas otra vez como moneda política por el Congreso.
DATO:
Elmer Cuba tiene razón en advertir sobre el equilibrio fiscal. Pero el Gobierno también debe demostrar que detrás de la defensa de la caja fiscal existe una alternativa concreta para quienes esperan una jubilación que les permita vivir con dignidad. De momento no se hace pública otra alternativa.
Mediante la Resolución Ministerial N.° 466-2026-MINEDU, el Ministerio de Educación designó a Miriam Zuloeta Seclén como jefa de la Oficina de Gestión del Desarrollo y la Capacitación de la Oficina General de Recursos Humanos del MINEDU. La designación se produce pese a que EPSEL mantiene una demanda por daños y perjuicios en su contra ante el Primer Juzgado Transitorio de Trabajo de Chiclayo, de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. En este proceso, mediante la Resolución de Gerencia General N.° 000065-2025-OTASS-GG, del 23 de septiembre de 2025, el OTASS le otorgó defensa legal. Dicha resolución fue suscrita por María Teresa Cornejo Ramos, entonces gerente general del OTASS.
Secundaria en deuda: solo uno de cada diez estudiantes alcanza los aprendizajes esperados en matemática y lectura
Leonardo Serrano Zapata. Docente e investigador. Cursa el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Magíster en Gestión Pública y Gerencia Social y Licenciado en educación especialidad Lengua y Literatura Española por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Segunda especialidad profesional en Investigación y Gestión Educativa por la Universidad Nacional de Tumbes además en Educación Básica Alternativa por la UNE Enrique Guzmán y Valle. Es autor de seis libros, entre ellos Tecnológico para niños del siglo XXI: Vocabulario y Caligrafía (2024).
Las brechas de aprendizaje persisten entre colegios públicos y privados y entre zonas urbanas y rurales. La Universidad Católica San Pablo advierte que estas deficiencias llegan hasta la educación superior y limitan la capacidad del país para formar el talento que demanda el mercado laboral.
Las brechas de aprendizaje que arrastran los estudiantes durante la educación secundaria no terminan al cerrar las puertas del colegio. Por el contrario, se trasladan a las aulas universitarias, condicionan la formación profesional y terminan impactando en la capacidad del país para responder a las exigencias de un mercado laboral cada vez más competitivo.
Giancarlo Vera, director del Departamento de Educación de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa (UCSP), señala que los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2025 evidencian una realidad alarmante en el sistema educativo. En segundo de secundaria, tres estudiantes de colegios privados sobre cada diez alcanzan un nivel satisfactorio en lectura, cifra que se reduce drásticamente a uno de cada diez en las instituciones públicas. Esta disparidad también marca la diferencia geográfica: mientras el 21 % de los alumnos urbanos logra un desempeño adecuado, en zonas rurales la proporción cae hasta el 6.2 %. En quinto de secundaria, la situación es aún más crítica; apenas el 12.8 % de los estudiantes aprueba matemática y solo el 11.3 % lo hace en lectura.
“La comprensión lectora y el razonamiento matemático son herramientas transversales para aprendizajes más complejos; si no se consolidan en la educación básica, la etapa superior enfrenta carencias que debieron resolverse previamente”, sostuvo Vera. La brecha entre estudiantes de colegios públicos y privados, así como entre quienes viven en zonas urbanas y rurales, persiste pese a la aplicación del enfoque por competencias.
El especialista advirtió que cuando la escuela no consigue consolidar los conocimientos fundamentales ni construir una relación pedagógica significativa, la educación superior recibe estudiantes con bases insuficientes. “La secundaria debe ocupar un lugar central en la ruta educativa del país por concentrar brechas que terminan acompañando a los jóvenes en las siguientes etapas de su formación”, señaló.
Por ello, Vera insiste en que estas deficiencias acumuladas durante la etapa media terminan afectando no solo el rendimiento académico futuro, sino también el desarrollo integral del país. Según explicó, esta situación termina comprometiendo tanto el crecimiento económico como la necesaria conexión entre la formación educativa y las demandas del mercado laboral.
El problema, entonces, deja de ser exclusivamente educativo y se convierte en un desafío para el desarrollo nacional. “La comprensión lectora y el razonamiento matemático son herramientas transversales para aprendizajes más complejos; si no se consolidan en la educación básica, la etapa superior enfrenta carencias que debieron resolverse previamente”, sostuvo Vera.
Frente a este escenario de desigualdad estructural, el especialista propone tres prioridades fundamentales para cerrar las brechas educativas y asegurar un futuro con mejores oportunidades. La Universidad Católica San Pablo de Arequipa (UCSP) alertó sobre esta situación a partir de los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA) 2025.
Frente a este escenario, el director del Departamento de Educación de la UCSP, Vera, concluyó con claridad: «El Perú necesita recuperar los aprendizajes fundamentales y formar docentes de secundaria capaces, con integridad y vocación por formar a la persona». Reconoce que el desafío trasciende la simple apertura de nuevas carreras o la incorporación masiva de personal; según los resultados de la ENLA, queda pendiente una tarea mayor: asegurar que los estudiantes terminen la educación básica secundaria dotados de las herramientas esenciales para continuar su formación superior y desenvolverse en un mercado laboral exigente.
No obstante, como parte de la respuesta estratégica ante esta problemática estructural, la Universidad Católica San Pablo anunció que desde marzo de 2027 incorporará a su oferta académica la carrera de Educación Secundaria. Esta nueva propuesta académica tendrá una duración de diez semestres y se desarrollará bajo modalidad presencial, con dos especialidades específicas: Lengua, Literatura y Arte; y Matemáticas y Ciencias Naturales.
El programa combinará formación pedagógica, currículo y didáctica con experiencias prácticas e investigación, buscando preparar profesionales aptos para atender las necesidades particulares de los adolescentes. «Buscamos formar docentes con conocimiento sólido de su especialidad, capaces de integrar disciplinas y maestría pedagógica para acompañar integralmente a los adolescentes», explicó Vera.
Pero la solución no radica únicamente en la oferta académica universitaria. Para enfrentar el déficit actual, la UCSP plantea tres prioridades fundamentales que deben ser ejecutadas con rigor. La primera es recuperar los aprendizajes esenciales mediante un currículo sólido y una enseñanza verdaderamente efectiva. La segunda consiste en elevar la calidad de la formación inicial de los docentes, no solo en el dominio técnico de sus disciplinas y herramientas pedagógicas, sino también reforzando su dimensión humana.
Finalmente, la tercera prioridad apunta a distribuir mejor el talento docente existente, dirigiéndolo hacia las especialidades y territorios donde existen mayores carencias. Esto es crucial para fortalecer particularmente la educación secundaria en zonas rurales, garantizando así una cobertura más equitativa y de mayor calidad educativa en todo el país.
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