Lima y EMAP denuncian penalmente el retiro ilegal de cámara en Costa Verde

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) y la Municipalidad Metropolitana de Lima anunciaron que iniciarán acciones legales y penales por la afectación y el retiro no autorizado de un equipo tecnológico de seguridad vial ubicado en la Costa Verde. La medida judicial se adoptó tras registrarse la remoción del dispositivo de propiedad municipal en la jurisdicción del distrito de Magdalena del Mar. Según indicaron fuentes oficiales, la comuna capitalina busca determinar las responsabilidades correspondientes por los daños causados al patrimonio público.

El pronunciamiento institucional de la Municipalidad de Lima se emitió luego de la difusión de imágenes en redes sociales este sábado 15 de agosto. La administración metropolitana informó que en el material audiovisual se habría registrado la intervención del alcalde de Magdalena del Mar y candidato a la alcaldía de Lima, Francis Allison Oyague. De acuerdo con el comunicado oficial, la autoridad distrital habría dañado y afectado el equipo de medición sin contar con la autorización respectiva.

Por su parte, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, sostuvo que la cámara de control de velocidad instalada por la Municipalidad de Lima fue retirada debido a que se colocó sin el consentimiento de la comuna distrital. "Retiramos cámara de control de velocidad instalada por la Municipalidad de Lima en Magdalena, sin nuestro consentimiento", señaló la autoridad edil en un video difundido en redes sociales.

Asimismo, la autoridad cuestionó la pretensión de aplicar fotopapeletas sin haber ejecutado una marcha blanca ni haber colocado la señalización informativa correspondiente en la vía. El conflicto surgió tras la difusión del video donde Allison explicaba los motivos de la intervención, argumentando que el dispositivo funcionaba como un mecanismo de control de velocidad que afectaba directamente a la gestión local.

Durante su exposición pública, el funcionario distrital enfatizó la falta de protocolos previos por parte de la administración metropolitana. "Se retiró sin nuestro consentimiento", afirmó reiteradamente en el material grabado y compartido masivamente este fin de semana. La disputa entre ambas entidades ha generado un escenario de tensión administrativa que ahora se trasladará a los tribunales.

La Municipalidad Metropolitana mantiene la postura de que cualquier instalación de tecnología vial debe respetar las competencias municipales, especialmente cuando el equipo tiene como fin medir y sancionar infracciones de tránsito en zonas específicas. Sin embargo, el distrito sostiene que no fue consultado ni informado antes de la puesta en marcha del sistema.

Ahora, ambos bandos se encuentran en una fase inicial de investigación para establecer los hechos concretos y definir las sanciones aplicables a quien incurrió en este tipo de ilícito administrativo. El caso sigue abierto mientras se recopilan más pruebas y se analiza el contexto completo del retiro del equipo.

El dispositivo tecnológico que se convirtió en centro de una disputa legal fue instalado en enero de 2025 por EMAPE sobre un tramo de la Costa Verde, específicamente en el distrito de Magdalena del Mar. Este equipo tenía como función principal ejecutar estudios técnicos y mediciones de velocidad para los vehículos que circulan por la vía rápida. Según explicó la entidad administradora, la recolección de estos datos es vital para identificar situaciones de riesgo operativo y adoptar medidas preventivas que permitan reducir significativamente los índices de accidentabilidad en la zona.

Ante los hechos registrados, la Municipalidad Metropolitana de Lima confirmó que entregará a las autoridades competentes toda la documentación y evidencias relacionadas con el caso. Entre los elementos probatorios que se pondrán a disposición del Ministerio Público figura el video difundido en plataformas digitales donde se observa claramente el retiro del bien. Fuentes de la comuna capitalina señalaron que este material servirá para fundamentar las denuncias penales planteadas por la procuraduría municipal, quien busca sancionar la remoción del equipo.

En su condición de administradora de la vía y propietaria del bien afectado, EMAPE liderará las acciones legales para sancionar a los responsables. El equipo legal de la empresa pública del municipio evalúa actualmente los tipos penales aplicables a la alteración del patrimonio estatal, con el objetivo de establecer las sanciones correspondientes tanto a los directos como a los indirectos involucrados en la afectación.

El municipio metropolitano reafirmó su postura de rechazo frontal frente a cualquier tipo de manipulación, retiro o alteración no autorizada de bienes públicos. Las autoridades de la capital recordaron que ningún ciudadano ni autoridad local puede disponer de manera unilateral de la infraestructura destinada a la seguridad vial de la población, advirtiendo que el uso de estos recursos debe ser estrictamente regulado y autorizado.

Voceros de la Municipalidad Metropolitana de Lima alertaron que el retiro del dispositivo en Costa Verde perjudica directamente el seguimiento técnico de la velocidad. La administración capitalina enfatizó que las normas vigentes prohíben expresamente la afectación de los sistemas tecnológicos destinados al control y estudio del tránsito urbano, aclarando que dicha infraestructura cumple una función de servicio directo para la protección de la ciudadanía.

Por su parte, el desarrollo de las diligencias determinará el curso de las acciones judiciales impulsadas por la representación legal de EMAPE. Las investigaciones legales continuarán formalmente una vez que se concrete la presentación de las denuncias ante las instancias fiscales competentes. La Municipalidad de Lima mantendrá el seguimiento del proceso penal para exigir la restitución de los daños ocasionados al patrimonio de la ciudad.

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