El abogado Félix Ávila, representante legal de Juan Orlando Hernández Alvarado, confirmó este lunes que la defensa del exmandatario (2014-2022) solicitará ante el juez "el sobreseimiento definitivo". La petición se formulará mañana, martes, durante la reanudación de la audiencia inicial en el caso conocido como Pandora II. Esta diligencia había sido suspendida el miércoles pasado a solicitud del propio equipo jurídico para analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, y podría extenderse hasta finales de semana.
Ávila explicó que su objetivo es que los cargos se desestimen, pues considera que "los hechos no tienen relevancia penal". Al solicitar el archivo definitivo, buscan truncar el proceso judicial. El caso investiga el presunto manejo ilegal y desembolso irregular de unos 10,8 millones de dólares entre 2010 y 2013, fondos que supuestamente fueron utilizados para financiar su campaña electoral de 2013. La Fiscalía busca procesarlo por este supuesto fraude y lavado de dinero.
Hernández se enfrenta a esta causa luego de haber regresado el pasado 26 de julio a Honduras. Su retorno ocurre tras ser indultado en diciembre de 2025 por el presidente estadounidense Donald Trump, quien conmutó la condena de 45 años de prisión por narcotráfico que le fue impuesta en 2024. El expresidente hondureño había sido extraditado a Estados Unidos en 2022 para cumplir dicha sentencia.
El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada deberá resolver pronto si concede el archivo o dicta un auto de formal procesamiento. De ratificarse este último, la causa pasaría a la "etapa intermedia" antes de derivar hacia un juicio oral y público ante un tribunal de sentencia, según detalló Ávila.
Sobre el posible desenlace adverso, el abogado advirtió que su equipo acatará la decisión del juez, aunque no aceptará el fallo. En tal escenario, interpondrán un recurso ante una corte de apelaciones para impugnar la determinación. El expresidente fue indultado en diciembre de 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La audiencia se reanudará mañana tras la suspensión del miércoles. Ávila subrayó que lo que persiguen es el truncamiento del proceso judicial dado que, según su criterio, los hechos no tienen relevancia penal. La defensa espera lograr este sobreseimiento definitivo en la causa por presunto fraude y lavado de dinero durante la campaña política de 2013.
En una audiencia celebrada el pasado 3 de agosto, el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción fijó las condiciones bajo las cuales el expresidente hondureño encara su proceso: en libertad vigilante, pero con prohibición estricta de salir del país. Además, se resolvió que la causa continúe tramitándose en la justicia ordinaria, descartando como se pretendía inicialmente su paso por la Corte Suprema de Justicia.
Ante la solicitud de la Fiscalía hondureña para solicitar la detención provisional del expresidente debido a la existencia de "peligro de fuga", el juzgado especializado denegó dicha petición. En este contexto, Ávila rechazó que un eventual auto de formal procesamiento deba implicar, por sí solo, la modificación de las medidas cautelares que actualmente pesan sobre Hernández y sostuvo que su mantenimiento "no es ningún privilegio para el expresidente, porque medidas como estas se otorgan todos los días a cualquier ciudadano".
La defensa del expresidente hondureño pedirá "sobreseimiento definitivo" en caso por lavado de dinero. El juez especializado rechazó la petición fiscalista y mantuvo al acusado en libertad con prohibición de salida, resolviendo que la causa continúe en la justicia ordinaria.
El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción fijó las condiciones bajo las cuales el expresidente hondureño encara su proceso: en libertad vigilante, pero con prohibición estricta de salir del país. Además, se resolvió que la causa continúe tramitándose en la justicia ordinaria, descartando como se pretendía inicialmente su paso por la Corte Suprema de Justicia.
En una audiencia celebrada el pasado 3 de agosto, el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción fijó las condiciones bajo las cuales el expresidente hondureño encara su proceso: en libertad vigilante, pero con prohibición estricta de salir del país. Además, se resolvió que la causa continúe tramitándose en la justicia ordinaria, descartando como se pretendía inicialmente su paso por la Corte Suprema de Justicia.
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