Eran aproximadamente las 2:00 de la tarde del martes 11 de agosto cuando, según organizaciones indígenas, el aeródromo de la Comunidad Nativa Charashmanan, ubicado en la provincia Ucayali, perteneciente a Loreto, fue objeto de un bombardeo aéreo. En ese momento, la población desarrollaba sus actividades cotidianas. El hecho encendió las alertas de la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Río Pisqui (FECOIRP) y de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), no solo por el riesgo para los habitantes, sino también por la función que cumple esta infraestructura dentro de la comunidad.
El aeródromo no fue construido únicamente como un punto de llegada y salida de aeronaves. De acuerdo con el pronunciamiento de ambas organizaciones, fue implementado por la propia comunidad mediante el trabajo colectivo de sus pobladores y hoy constituye una de sus principales vías para responder ante emergencias. Charashmanan cuenta con un mini hospital y, cuando una persona necesita una atención que no puede recibir allí, la pista permite organizar su evacuación aérea hacia Pucallpa.
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Según el documento, un mes antes de lo ocurrido, una persona gravemente herida llegó hasta Charashmanan y recibió atención en el establecimiento de salud de la comunidad. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente tuvo que ser trasladada por vía aérea hacia Pucallpa utilizando precisamente el aeródromo que ahora las organizaciones denuncian que fue bombardeado.
El episodio permite dimensionar lo que está en juego. En una nueva emergencia médica, mantener disponible una ruta rápida de evacuación puede resultar determinante para una persona que requiera atención fuera de la comunidad. Por eso, FECOIRP y ORAU advierten que cualquier acción que afecte esta infraestructura no termina en el aeródromo, sino que puede comprometer la capacidad de la población para responder cuando una vida está en riesgo.
“El aeródromo fue construido precisamente para responder ante situaciones de emergencia y garantizar una vía de evacuación rápida cuando la vida de una persona se encuentra en riesgo”, señalaron las organizaciones en su pronunciamiento.
Desde esa perspectiva, cuestionan que una infraestructura levantada para atender necesidades básicas de la comunidad haya quedado expuesta durante un operativo que, según denuncian, no fue coordinado con sus organizaciones.
La lucha contra actividades ilícitas y el reclamo por coordinación
El pronunciamiento también pone el hecho dentro de una discusión más amplia. FECOIRP y ORAU recuerdan que las organizaciones indígenas, junto con AIDESEP, vienen denunciando desde hace años la presencia de cultivos ilegales y pistas clandestinas en la Amazonía peruana. Esa posición, sostienen, ha tenido consecuencias para las propias comunidades, cuyos dirigentes han enfrentado amenazas y han perdido líderes mientras defendían sus territorios frente a estas actividades.
Por ello, las organizaciones dejan claro que su rechazo al bombardeo no significa una oposición a las acciones contra las economías ilegales. Por el contrario, señalan que están dispuestas a colaborar con el Estado en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal mediante su conocimiento territorial, sus guardias indígenas y las estrategias de protección que desarrollan dentro de sus comunidades.
El punto de quiebre está en cómo se ejecutan esas intervenciones. FECOIRP y ORAU sostienen que cualquier operativo con capacidad de afectar territorios y poblaciones indígenas debe ser coordinado previamente con sus organizaciones e incorporar su participación en las políticas de prevención y combate de estas actividades.
“La ausencia de coordinación y participación indígena puede generar operativos fallidos que, como en este caso, terminan poniendo en riesgo la vida, la seguridad y los derechos fundamentales de nuestras comunidades”, advierten.
Investigar lo ocurrido y garantizar la seguridad
Frente al bombardeo denunciado en Charashmanan, ambas organizaciones demandan ahora una investigación que permita esclarecer qué ocurrió, determinar responsabilidades y adoptar medidas inmediatas para proteger a la población. También exigen que se respete el carácter legal y comunitario del aeródromo y la función para la cual fue construido y mantenido por los propios habitantes.
El reclamo no se limita, por tanto, a recuperar o proteger una pista. Para FECOIRP y ORAU, se trata de garantizar que la comunidad pueda continuar utilizando una infraestructura vinculada directamente con el acceso a atención médica y con la respuesta frente a situaciones que no pueden resolverse dentro del territorio. Convertir ese espacio en una zona insegura, advierten, puede dejar a toda la población en una situación de mayor vulnerabilidad cuando ocurra una emergencia.
El caso de Charashmanan coloca así dos problemas en un mismo punto: la necesidad de enfrentar las actividades ilícitas que avanzan sobre territorios amazónicos y la obligación de hacerlo sin poner en riesgo a las poblaciones que viven en ellos. Las organizaciones indígenas sostienen que ambas tareas no deberían ser contradictorias y reclaman que la seguridad, la coordinación y la participación de las comunidades formen parte de cualquier intervención que pueda afectar sus territorios.
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