Loreto: Organizaciones indígenas denuncian bombardeo contra aeródromo de Charashmanan y alertan que dejó en riesgo una vía utilizada para evacuaciones médicas

Eran aproximadamente las 2:00 de la tarde del martes 11 de agosto cuando, según organizaciones indígenas, el aeródromo de la Comunidad Nativa Charashmanan, ubicado en la provincia Ucayali y perteneciente a Loreto, fue objeto de un bombardeo aéreo. En ese momento, la población desarrollaba sus actividades cotidianas sin saber que el hecho encendería las alertas de la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Río Pisqui (FECOIRP) y de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU). Estas entidades no solo temen por los habitantes, sino también por la función estratégica que cumple esta infraestructura dentro de la comunidad.

El aeródromo no fue construido únicamente como un punto de llegada y salida de aeronaves. De acuerdo con el pronunciamiento de ambas organizaciones, fue implementado por la propia comunidad mediante el trabajo colectivo de sus pobladores y hoy constituye una de sus principales vías para responder ante emergencias. Charashmanan cuenta con un mini hospital y, cuando una persona necesita una atención que no puede recibir allí, la pista permite organizar su evacuación aérea hacia Pucallpa.

Según el documento compartido por las organizaciones, un mes antes de lo ocurrido, una persona gravemente herida llegó hasta Charashmanan y recibió atención en el establecimiento de salud de la comunidad. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente tuvo que ser trasladada por vía aérea hacia Pucallpa utilizando precisamente el aeródromo que ahora las organizaciones denuncian que fue bombardeado.

El episodio permite dimensionar lo que está en juego. En una nueva emergencia médica, mantener disponible una ruta rápida de evacuación puede resultar determinante para una persona que requiera atención fuera de la comunidad. Por eso, FECOIRP y ORAU advierten que cualquier acción que afecte esta infraestructura no termina en el aeródromo, sino que puede comprometer la capacidad de la población para responder cuando una vida está en riesgo.

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La protesta también incluye reclamos por el Hospital Regional de Pucallpa, la Universidad Nacional de Ucayali, la UGEL y salarios de construcción civil. (Foto: DIfusión)

FECOIRP y ORAU, junto con AIDESEP, vienen denunciando desde hace años la presencia de cultivos ilegales y pistas clandestinas en la Amazonía peruana. Esta lucha contra actividades ilícitas ha tenido consecuencias directas para las propias comunidades: sus dirigentes han enfrentado amenazas y han perdido líderes mientras defendían sus territorios frente a estos invasores.

No obstante, el rechazo al bombardeo realizado no implica una oposición a las acciones contra las economías ilegales. Al contrario, las organizaciones dejan claro que están dispuestas a colaborar con el Estado en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal mediante su conocimiento territorial, sus guardias indígenas y las estrategias de protección que desarrollan dentro de sus comunidades.

El punto de quiebre radica en cómo se ejecutan esas intervenciones. El pronunciamiento enfatiza que cualquier operativo con capacidad de afectar territorios y poblaciones indígenas debe ser coordinado previamente con sus organizaciones e incorporar su participación en las políticas de prevención y combate de estas actividades.

"La ausencia de coordinación y participación indígena puede generar operativos fallidos que, como en este caso, terminan poniendo en riesgo la vida, la seguridad y los derechos fundamentales de nuestras comunidades", advierten.

Desde esa perspectiva, cuestionan que una infraestructura levantada para atender necesidades básicas de la comunidad haya quedado expuesta durante un operativo que, según denuncian, no fue coordinado con sus organizaciones. "El aeródromo fue construido precisamente para responder ante situaciones de emergencia y garantizar una vía de evacuación rápida cuando la vida de una persona se encuentra en riesgo", señalaron las organizaciones en su pronunciamiento.

Afirmaron que el ataque a esta infraestructura crítica no solo vulnera los derechos fundamentales, sino que pone en peligro una ruta vital para la salud pública. En medio de la crisis humanitaria y sanitaria que afecta al departamento de Loreto, la destrucción de este punto estratégico impide la llegada oportuna de ayuda médica a zonas aisladas.

"La ausencia de coordinación y participación indígena puede generar operativos fallidos que, como en este caso, terminan poniendo en riesgo la vida, la seguridad y los derechos fundamentales de nuestras comunidades", advierten. La falta de diálogo previo transformó un mecanismo de salvamento en una amenaza directa para la integridad física de los pobladores locales.

Investigar lo ocurrido y garantizar la seguridad

Frente al bombardeo denunciado en Charashmanan, FECOIRP y ORAU exigen esclarecer qué sucedió y determinar responsabilidades. Ambas organizaciones reclaman que la seguridad, la coordinación y la participación de las comunidades formen parte de cualquier intervención que pueda afectar sus territorios, sosteniendo que enfrentar actividades ilícitas no debe poner en riesgo a quienes viven allí.

El caso local coloca dos problemas en un mismo punto: la necesidad de combatir el avance sobre territorios amazónicos y la obligación de hacerlo sin vulnerar a las poblaciones. Las organizaciones indígenas sostienen que ambas tareas no deberían ser contradictorias, pidiendo adoptar medidas inmediatas para proteger a la población.

También exigen respetar el carácter legal y comunitario del aeródromo, función para la cual fue construido y mantenido por los propios habitantes. El reclamo trasciende la recuperación de una pista; se trata de garantizar que la comunidad pueda seguir utilizando una infraestructura vinculada directamente con el acceso a atención médica y con la respuesta frente a situaciones que no pueden resolverse dentro del territorio.

Convertir ese espacio en una zona insegura, advierten, puede dejar a toda la población en una situación de mayor vulnerabilidad cuando ocurra una emergencia. Por tanto, es crucial proteger una vía utilizada para evacuaciones médicas y asegurar que la intervención militar no comprometa el acceso a servicios vitales en medio de un conflicto armado.

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