Las mujeres de Manta, en Huancavelica, esperan que la Corte Suprema confirme la condena contra diez militares por casos de violencia sexual ocurridos durante el conflicto armado interno. Tras la audiencia del 11 de agosto, el máximo tribunal deberá resolver los recursos presentados por los condenados. Por ello, quienes buscan revertir la sentencia emitida en 2024 esperan respuesta.
Las agraviadas piden que las penas, que van de seis a doce años de prisión, queden firmes. Además, solicitan que la Corte Suprema mantenga el reconocimiento de los hechos como crímenes de lesa humanidad. Las sobrevivientes han sostenido sus testimonios durante casi dos décadas. Esto ha ocurrido pese a los cuestionamientos y las dificultades que enfrentaron durante el proceso.
El caso llega a esta etapa en medio de preocupación por medidas aprobadas o impulsadas desde el Congreso. Según las organizaciones que acompañan a las víctimas, esto podría dificultar la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos. Por tanto, se refiere a delitos cometidos durante el conflicto armado interno.
Mujeres de Manta piden que se respete su testimonio
Las mujeres denunciaron que las defensas de los militares han cuestionado sus testimonios y han intentado presentar las agresiones como supuestas relaciones sentimentales. Teresa, una de las agraviadas, rechazó estos argumentos y recordó que varias de las víctimas eran niñas o adolescentes cuando ocurrieron los hechos.
Las sobrevivientes sostienen que las agresiones ocurrieron cuando Manta se encontraba bajo control militar y las Fuerzas Armadas ejercían autoridad sobre la población civil. Para ellas, ese contexto resulta fundamental para comprender las condiciones de miedo y sometimiento en las que ocurrieron los abusos.
La abogada de las agraviadas, Cynthia Silva, señaló que algunas mujeres pudieron permanecer cerca de sus agresores como una forma de sobrevivir a la violencia. Según explicó, esa situación no debe interpretarse como consentimiento.
Las mujeres también enfrentan el dolor de haber perdido a dos sobrevivientes antes de que el proceso llegara a una sentencia definitiva. De las nueve sobrevivientes, dos fallecieron sin conocer el resultado final del proceso judicial.
Víctimas esperan una sentencia definitiva
Las agraviadas consideran que mantener la calificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad resulta fundamental para reconocer que las agresiones ocurrieron dentro de un contexto de violencia durante el conflicto armado interno. Por lo tanto, afirman que no fueron hechos aislados.
La sentencia que condenó a los diez militares se emitió el 19 de junio de 2024, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Por ello, el fallo marcó un precedente en el reconocimiento de la violencia sexual sufrida por mujeres durante el conflicto armado interno.
Ahora, las mujeres de Manta esperan que la Corte Suprema confirme las condenas y garantice su derecho a la verdad y a una reparación acorde con el daño sufrido. También piden que casi 20 años de búsqueda de justicia no terminen con una decisión que favorezca a los condenados.
La decisión del máximo tribunal definirá el futuro de este proceso y tendrá especial importancia para las sobrevivientes que han mantenido sus denuncias durante casi dos décadas. Para ellas, una sentencia firme representa no solo el cierre del caso, sino también el reconocimiento de la violencia que sufrieron y de su derecho a obtener justicia.
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