La minería ilegal de oro está transformando la dimensión del problema en Loreto a una velocidad alarmante. Un nuevo informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), publicado el 16 de agosto, revela que entre 2017 y junio de este año se contabilizaron 1518 registros de dragas mineras en la región. Sin embargo, la cifra más impactante es que casi la mitad apareció recientemente: 704 corresponden solo a 2025 y 2026, lo que representa el 46 % del total histórico. La actividad ya ha sido identificada en 13 ríos amazónicos, donde la mayoría de las detecciones se concentra precisamente en estos dos últimos años.

Para identificar estas operaciones, el monitoreo revisó imágenes satelitales de muy alta resolución de Planet, Maxar y Google Earth Pro, además de reportes institucionales. Así se encontraron registros en los ríos Atacuari, Chambira, Cotuhe, Curaray, Marañón, Mazán, Nanay, Napo, Patayacu, Pintuyacu, Putumayo, Tigre y Yaguas. Entre ellos, Nanay, Marañón, Tigre y Mazán acumulan las mayores cifras históricas. El río Nanay concentra las cifras más altas: desde que aparecieron los primeros registros en 2021 hasta 2026, MAAP contabilizó 1076 registros de dragas en diferentes secciones del curso fluvial.

La tendencia ayuda a entender la rapidez del avance. Fueron 221 en 2023, 301 en 2024 y 421 durante 2025 y 2026. Las detecciones, además, comenzaron a aparecer en nuevos sectores, ampliando el espacio donde se desarrolla esta actividad. Pero contar dragas muestra solo una parte del problema; las imágenes también permiten observar dónde aparecen nuevos puntos de extracción y qué ocurre alrededor. Por ejemplo, en el Nanay ya se identifican pérdidas de bosque en zonas ribereñas y en el Marañón, la minería ha avanzado varios kilómetros hacia tierra firme abriendo a su paso pozas, campamentos y otras infraestructuras.

Aquí es donde el informe destaca la gravedad del impacto ambiental. En Manseriche, el avance de la minería ilegal ha dejado 868 hectáreas deforestadas, alterando ecosistemas vitales para la región amazónica. Este dato se suma a una crisis de seguridad que afecta directamente a las comunidades locales. Un nuevo informe documenta la grave situación de abandono institucional que enfrentan estas poblaciones, mientras grupos criminales organizados extienden su control territorial.

El informe identifica 394 comunidades en situación de riesgo crítico, mientras más de 770 localidades con población indígena enfrentan amenazas vinculadas a grupos criminales organizados. (Foto: Informe Defensores Indígenas)

Más de 770 comunidades indígenas de Loreto viven bajo riesgo por grupos criminales mientras la minería ilegal, la tala y el narcotráfico avanzan sobre sus territorios

Más allá del impacto directo en el cauce, la minería ilegal ha dejado una huella profunda en los ecosistemas terrestres. Durante 2025 y 2026, MAAP documentó pérdidas de bosque vinculadas a la extracción de oro en zonas adyacentes a las riberas. Estas afectaciones se manifiestan en pantanos de palmeras, bosques de colina baja y áreas aluviales inundables, alterando hábitats críticos. La preocupación es crítica dado que el Nanay constituye la principal fuente hídrica para Iquitos; ante este avance, el Estado suspendió la admisión de nuevos petitorios y el otorgamiento de concesiones mineras en toda la cuenca afectada.

Si el Nanay refleja la mayor acumulación histórica, el río Tigre muestra con mayor claridad cuánto puede crecer la minería en poco tiempo. Entre 2021 y 2026 se contabilizaron 73 registros de dragas, pero 67 aparecieron únicamente en 2025 y 2026. En otras palabras, el 91 % de todo lo registrado en este río se concentra en los dos últimos años. Las imágenes muestran extracción cerca de las riberas y presencia de dragas próximas a centros poblados.

El Putumayo sigue una tendencia similar, aunque con una cantidad menor. Allí se registraron 29 dragas entre 2020 y 2026 y 17 corresponden a 2025 y 2026, es decir, el 58 %. Su ubicación añade otra dificultad para el control: el río forma parte de la frontera entre Perú y Colombia. MAAP advierte que en cuencas fronterizas como esta, y también en el Tigre, las organizaciones criminales pueden aprovechar la movilidad entre países para trasladar insumos ilícitos, incluido mercurio, o cruzar los límites internacionales para evadir las acciones de las autoridades peruanas.

Minería avanza desde el Marañón y deforesta 868 hectáreas en Manseriche

En el Marañón, el impacto resulta especialmente visible porque la actividad minera no se queda únicamente dentro del agua. En el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, las imágenes muestran zonas deforestadas para instalar pozas e infraestructura minera en áreas cercanas al río. Hasta 2026, la deforestación histórica atribuida a esta actividad alcanzó 868 hectáreas. Solo en 2025 se perdieron más de 600 hectáreas, marcando un salto frente al crecimiento que se venía registrando entre 2020 y 2024.

Pese a que el uso de dragas en cuerpos de agua está expresamente prohibido por el Decreto Legislativo N.° 1100, el informe pone énfasis en otro punto: Loreto no carece de una prohibición legal, sino de la capacidad suficiente para hacerla cumplir de manera sostenida. Las distancias geográficas ayudan a explicar esta dificultad operativa. Hay sectores afectados a los que solo se puede llegar después de varias horas o incluso días de navegación, lo cual eleva considerablemente los costos de los operativos y hace extremadamente difícil mantener una presencia permanente del Estado en la zona.

El análisis del Registro Integral de Formalización Minera abre otra alerta grave. En Manseriche había nueve inscripciones en el REINFO, pero al contrastarlas con el catastro del Ingemmet, MAAP encontró que solo tres estaban asociadas a concesiones ubicadas en el distrito. En los otros seis registros, el derecho minero consignado no existía en ese catastro. Además, de las concesiones relacionadas con estas inscripciones, el monitoreo detectó actividad minera únicamente en una: Golden Rose 4. El reporte advierte que, en el contexto amazónico, el REINFO puede ser utilizado fraudulentamente por operadores ilegales para intentar frenar acciones fiscales y de interdicción.

Una parte considerable de esa transformación territorial es reciente. Entre 2025 y 2026 se detectaron nuevas zonas mineras que sumaron 493 hectáreas de pérdida de bosque, equivalentes al 54 % de toda la deforestación minera acumulada en el distrito. Algunas de estas áreas se encuentran hasta seis kilómetros del río Marañón, donde el monitoreo satelital observó pozas, campamentos y dragas operando activamente.

En paralelo, dentro del propio río y en pozas cercanas se contabilizaron 187 registros de dragas entre 2022 y 2025; 108 corresponden únicamente a 2025, el 57 % del total registrado. El avance coincide con una creciente presión por acceder al territorio. Para junio de 2026, Manseriche tenía 241 concesiones mineras registradas en el catastro del Ingemmet: 122 tituladas, 115 en trámite, dos extinguidas y dos bajo otras condiciones.

Solo en 2025 se registraron 109 nuevas solicitudes de concesiones. Ese mismo año también se produjo el mayor salto en la pérdida de bosque. MAAP señala que este incremento estaría asociado al fuerte aumento del precio internacional del oro, que habría influido directamente en la expansión de la actividad minera en la zona.

A pesar de que las interdicciones han logrado destruir dragas y reducir temporalmente la capacidad operativa, no han detenido el avance de la minería ilegal en Loreto. MAAP señala que el monitoreo satelital evidencia cómo esta actividad reaparece rápidamente tras las intervenciones. Detrás de cada máquina existen cadenas que permiten su retorno: financiamiento, comercialización del oro, abastecimiento de combustible, mercurio y maquinaria, además de posibles operaciones de lavado de activos. Mientras esas redes funcionen, retirar equipos del río puede convertirse solo en una solución efímera.

Más allá de la maquinaria, el informe plantea que contener este avance requiere perseguir las redes financieras y criminales, corregir irregularidades en la formalización, reforzar el control fronterizo y proteger a quienes vigilan los ríos desde el territorio. En zonas donde la presencia estatal es limitada, parte de la vigilancia recae sobre los habitantes locales. Organizaciones indígenas y comunidades participan en monitoreos comunitarios y alertas sobre la expansión minera, especialmente en cuencas como Nanay y Putumayo.

Sin embargo, líderes, vigilantes comunales e incluso guardaparques han recibido amenazas e intimidaciones por denunciar estas actividades. La minería se ha extendido ya sobre 13 ríos y casi la mitad de los registros históricos de dragas se concentraron en apenas dos años, dejando 868 hectáreas deforestadas en Manseriche. Involucra también corregir irregularidades en la formalización.

*Accede al reporte de MAAP aquí.

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