La bancada legislativa Ahora Nación avanzó con la presentación de un proyecto de ley enfocado en blindar al consumidor frente a productos contaminados que ingresan a los mercados. La propuesta busca reforzar el control sanitario para evitar la llegada de alimentos con residuos de plaguicidas por encima de los límites permitidos, priorizando la detección temprana de riesgos antes de que estos lleguen a las familias. De esta manera, se facilitaría su retiro inmediato cuando representen un peligro real para la salud pública.

Bajo esta premisa, la iniciativa asigna mayores responsabilidades de vigilancia al Senasa, Digesa, Sanipes y a los gobiernos regionales y municipales en las etapas de transporte, almacenamiento, comercialización y venta. Asimismo, plantea implementar un sistema de trazabilidad que permita conocer el origen exacto de cada producto, siguiendo su recorrido desde el campo o la granja hasta el consumidor final.

El diseño del proyecto se sustenta en diversos monitoreos ciudadanos realizados a nivel nacional y liderados por el senador Jaime Delgado. Según los datos presentados, el 60 % de las muestras analizadas no resultó apto para el consumo humano debido a las altas concentraciones de agroquímicos detectadas.

Entre los casos más alarmantes figura un pimiento que registró triazofos en un nivel 5200 % por encima del límite máximo permitido. Por su parte, se encontró un tomate con fipronil con un exceso de 1280 %. La iniciativa sostiene que estos resultados evidencian la necesidad urgente de fortalecer la vigilancia estatal. Por ello, se debe actuar preventivamente para evitar que productos con estos niveles críticos lleguen al público general.

Dado el contexto de graves fallas de control y altos niveles de contaminación química, la decisión del Tribunal Constitucional ordenó suspender cinco plaguicidas usados en alimentos. Esta medida favorable para la seguridad alimentaria refuerza la importancia de las acciones legislativas actuales para garantizar un abastecimiento seguro.

"La defensa del consumidor empieza antes de que el producto llegue al mercado", afirmó el senador Jaime Delgado. "No podemos esperar que una persona se intoxique para recién actuar". Para él, el Estado tiene la obligación clara de prevenir, fiscalizar y retirar oportunamente cualquier alimento que ponga en riesgo la salud de los peruanos. Bajo esta premisa, un proyecto impulsado por Ahora Nación busca reducir las brechas de fiscalización y evitar que los consumidores enfrenten las consecuencias de controles tardíos.

Sentencia del TC impulsa cambios en la vigilancia

La iniciativa recoge como antecedente una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que consideró insuficiente la respuesta estatal frente a los riesgos sanitarios y ambientales vinculados al uso de ciertos plaguicidas y a la seguridad de alimentos de origen vegetal. De acuerdo con el fallo judicial, se ordenó la suspensión temporal de la venta, distribución y uso de cinco productos destinados a alimentos para consumo interno: clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin.

Más allá del cese inmediato, el TC dispuso su reevaluación y pidió fortalecer la supervisión, los laboratorios, la respuesta ante productos riesgosos y la publicación de los resultados de los monitoreos. Por ello, la propuesta legislativa también incluye hacer obligatorias las buenas prácticas agrícolas en el sector.

Finalmente, se propone considerar como una infracción muy grave el uso indebido de plaguicidas cuando ponga en riesgo la salud de las personas o el ambiente, cerrando así con medidas punitivas y preventivas para garantizar un sistema alimentario más seguro y vigilado bajo los nuevos lineamientos emanados del poder judicial.

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