La bancada de Ahora Nación presentó un proyecto de ley que busca reforzar el control de los alimentos que llegan a los mercados y proteger a los consumidores frente a productos contaminados o con residuos de plaguicidas por encima de los límites permitidos. Además, la propuesta plantea que las autoridades detecten los riesgos antes de que los alimentos lleguen a las familias. Así, puedan retirarlos rápidamente cuando representen un peligro para la salud.

La iniciativa asigna mayores responsabilidades al Senasa, Digesa y Sanipes, además de los gobiernos regionales y municipales, para vigilar el transporte, almacenamiento, comercialización y venta de alimentos. También plantea crear un sistema que permita conocer de dónde proviene cada producto. De esta forma, se podría seguir su recorrido desde el campo o la granja hasta el consumidor.

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Monitoreos detectaron altos niveles de agroquímicos

El proyecto toma como referencia diversos monitoreos ciudadanos realizados a nivel nacional y liderados por el senador Jaime Delgado. Según la información presentada, el 60 % de las muestras analizadas no resultó apto para el consumo humano debido a las altas concentraciones de agroquímicos encontradas.

Entre los casos mencionados figura un pimiento que registró triazofos en un nivel 5200 % por encima del límite máximo permitido. Además, hubo un tomate que presentó fipronil con un exceso de 1280 %. La iniciativa sostiene que estos resultados muestran la necesidad de fortalecer la vigilancia. Por ello, se debe actuar antes de que productos con estos niveles lleguen al público.

El proyecto también propone hacer obligatorias las buenas prácticas agrícolas. Además, propone considerar como una infracción muy grave el uso indebido de plaguicidas cuando ponga en riesgo la salud de las personas o el ambiente.

La propuesta también recoge como antecedente una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (Foto: Difusión)

Sentencia del TC impulsa cambios en la vigilancia

La propuesta también recoge como antecedente una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que, según el proyecto, consideró insuficiente la respuesta del Estado frente a los riesgos sanitarios y ambientales vinculados al uso de determinados plaguicidas y a la seguridad de los alimentos de origen vegetal.

De acuerdo con la iniciativa, el TC ordenó medidas relacionadas con la suspensión temporal de la venta, distribución y uso de cinco plaguicidas como: clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin. Estos destinados a alimentos para consumo interno. También dispuso su reevaluación y pidió fortalecer la supervisión, los laboratorios, la respuesta ante productos riesgosos y la publicación de los resultados de los monitoreos.

“La defensa del consumidor empieza antes de que el producto llegue al mercado. No podemos esperar que una persona se intoxique para recién actuar. El Estado tiene la obligación de prevenir, fiscalizar y retirar oportunamente cualquier alimento que ponga en riesgo la salud de los peruanos”, afirmó el senador Jaime Delgado, quien sostuvo que el proyecto busca reducir las brechas de fiscalización y evitar que los consumidores enfrenten las consecuencias de controles tardíos.

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