El café de la Selva quiere sentarse a la mesa del mundo

Actualidad El café de la Selva quiere sentarse a la mesa del mundo Del 24 al 27 de septiembre, Chanchamayo será escenario de la III Subasta Internacional y Rueda de Negocios “Grano de Oro 2026”, que reunirá a productores y compradores de Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. La cita busca…

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Del 24 al 27 de septiembre, Chanchamayo será escenario de la III Subasta Internacional y Rueda de Negocios “Grano de Oro 2026”, que reunirá a productores y compradores de Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. La cita busca convertir a la Selva Central en una plataforma internacional para el café, el cacao, el chocolate y el turismo.

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22 horas ago

16/08/2026

Redacción Lima Gris

Hay lugares que producen. Y hay lugares que, además, empiezan a entender que la calidad también necesita una vitrina. Chanchamayo quiere ser ese escaparate. Del 24 al 27 de septiembre, la Selva Central abrirá sus puertas a compradores, tostadores, chocolateros e inversionistas de Estados Unidos, la Unión Europea, Asia y Medio Oriente para la tercera edición de “Grano de Oro 2026”.

La fecha no es casual. La subasta coincidirá con el aniversario de La Merced, que cada 24 de septiembre celebra su fiesta central en honor a la Virgen de las Mercedes. La ciudad fue fundada en 1869 y Chanchamayo adquirió su condición de provincia en 1977. Así, café, cacao, tradición, turismo y comercio exterior compartirán el mismo escenario.

Pero detrás del aroma y del paisaje hay un negocio que ya mira mucho más lejos.

En 2025, las exportaciones peruanas de café alcanzaron los US$1.796 millones, una cifra récord. El cacao tampoco se queda atrás: la producción nacional llegó a 172.500 toneladas y las exportaciones de cacao y derivados sumaron US$1.619 millones. Perú se ha convertido, además, en el segundo exportador de cacao en grano de Latinoamérica y el sexto del mundo.

En ese mapa, Junín está dejando de ser una nota al pie. Sus agroexportaciones crecieron 47% durante 2025, impulsadas principalmente por el café y el cacao. La región concentra, además, aproximadamente el 22,1% de la producción nacional de cacao.

Chanchamayo, Satipo y el corredor que conecta la Selva Central con Villa Rica y Oxapampa forman un territorio donde el café de especialidad encuentra identidad, tradición y mercado. Villa Rica ya tiene Denominación de Origen para su café. Chanchamayo y Satipo buscan elevar calidad, productividad y competitividad.

“Grano de Oro 2026” pretende dar el siguiente paso: que la Selva Central no sea conocida únicamente por producir buenos granos, sino también por generar negocios, atraer inversiones y convertirse en destino turístico internacional.

La apuesta es ambiciosa. Que los compradores lleguen por el café y el cacao, pero se queden por los paisajes, la gastronomía, la cultura y la aventura.

Porque la Selva Central ya tiene sabor. Ahora quiere que el mundo lo pruebe.

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Exclusivo: resultados de la investigación forense tras la tragedia de Aerodiana en Nasca

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“Gracias por ser mi papá”: la carta que Guillermo Bermejo escribió desde prisión a su padre

Redacción Lima Gris

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Exclusivo: resultados de la investigación forense tras la tragedia de Aerodiana en Nasca

Lima Gris tuvo acceso a la información sobre los resultados de la investigación antropológica forense realizada tras el accidente de la avioneta de Aerodiana en Nasca. La identificación de los fallecidos enfrentó graves limitaciones: restos humanos altamente fragmentados y quemados, falta de presupuesto para pruebas de ADN y un reducido número de antropólogos para una labor que se prolongó durante jornadas extenuantes.

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14 horas ago

17/08/2026

Unidad de Investigación

El accidente terminó en un escenario que, para los especialistas forenses, poco tenía que ver con un cuerpo humano reconocible. En el lugar donde se estrelló la avioneta de Aerodiana, en Nasca, quedaron fragmentos, restos óseos, tejidos y segmentos corporales sometidos a las consecuencias del impacto y del fuego. La tarea no consistía simplemente en recoger cuerpos. Había que reconstruir, pieza por pieza, una identidad.

La documentación y testimonios revela que el trabajo en el lugar del accidente fue realizado bajo presión, con recursos limitados y con una dificultad central: en algunos casos prácticamente no existían elementos anatómicos suficientes para establecer una identificación convencional.

Nuestra fuente sostiene que dentro del equipo forense solo hubo un antropólogo que participó en las labores de campo. El equipo estuvo integrado, además, por tres odontólogos, dos médicos legistas y dos técnicos. La desproporción, según explica, fue particularmente evidente en el ámbito de la antropología forense. «Donde debería de haber más antropólogos solamente fue uno», señala.

La observación no es menor. La antropología forense cumple un papel decisivo cuando los cuerpos han sufrido una destrucción severa. El especialista debe analizar restos óseos, segmentos corporales y otros elementos que permitan establecer correspondencias y realizar una reasociación de los restos pertenecientes a una misma persona.

En Nasca, esa labor tuvo que realizarse en condiciones particularmente difíciles.

Foto: Andina.

Reconstruir una identidad entre fragmentos

La fuente relata que los profesionales trabajaron durante largas jornadas. El domingo pasado, según su testimonio, llegaron temprano y continuaron con las labores durante todo el día hasta aproximadamente las dos de la madrugada.

“Todavía quedaba una bolsa por revisar. Era la número 14 y contenía otros segmentos corporales. La decisión fue continuar al día siguiente”. No se trataba solamente de cansancio físico. Después de una jornada completa de análisis, la capacidad de observación y los parámetros disponibles ya no eran los mismos.

En una investigación antropológica forense, un error de asociación puede tener consecuencias graves. Un fragmento no puede atribuirse arbitrariamente a una persona. Cada elemento debe ser evaluado y relacionado con el conjunto de evidencias disponible.

En este caso, la reasociación de los restos se realizó utilizando información proporcionada por las embajadas de los países de origen de algunas víctimas. Italia, España y Alemania proporcionaron información, mientras que en el caso de los ciudadanos peruanos también se trabajó con los datos disponibles.

Sin embargo, no hubo un trabajo directo con los familiares durante la primera etapa de identificación. La información llegó a través de la Cancillería. Fue con esos datos, sumados a la evidencia recuperada en el lugar, que los especialistas pudieron avanzar.

Foto: Andina.

Ropa, anillos y tatuajes

Uno de los aspectos más reveladores del procedimiento fue el uso de la denominada cultura material. Las prendas de vestir, los anillos y los tatuajes observados en algunos de los restos se convirtieron en elementos relevantes para establecer una primera identificación.

Es así que se realizó una identificación inicial en campo a partir de esos elementos. Posteriormente, esas identificaciones fueron confirmadas o «positivizadas», mediante los procedimientos disponibles. La investigación no se apoyó, por tanto, en una sola evidencia.

La identificación forense puede construirse a partir de la convergencia de distintos elementos. En el caso de Nasca, la información procedente de las autoridades consulares se cruzó con las características observadas en los restos y con los elementos materiales recuperados. Pero hubo casos especialmente complejos.

Informe de la identificación antropólogica.

La identificación por exclusión

Entre ellos aparece el de la copiloto peruana. Su identificación fue realizada por exclusión, un procedimiento que califica como un nivel básico dentro de la antropología forense.

La razón resulta estremecedora: prácticamente no había elementos anatómicos suficientes. «Lo único que se tuvo fue un útero y tejido blando», relata.

En esas condiciones, la identificación no podía sustentarse en las características físicas habituales de un cuerpo completo. La ausencia de otros elementos obligó a recurrir a la información disponible y al proceso de exclusión.

Un caso similar se presentó con una víctima extranjera. Según la fuente, se trataba de un ciudadano italiano de edad avanzada que se encontraba gravemente quemado. Era, además, el único cuerpo que presentaba ese nivel de afectación. El fuego había reducido drásticamente las posibilidades de identificación mediante métodos tradicionales.

Píloto y copiloto fallecidos en accidente de Aerodiana en Nasca.

El ADN: la prueba que no podía esperar

Existe otro aspecto que aparece detrás de esta investigación: el presupuesto.

La fuente explica que las pruebas de ADN se encontraban inicialmente en situación de espera debido a la falta de recursos para adquirir los insumos necesarios. El problema, según sostiene, no es exclusivo de este caso. Los servicios del Ministerio Público enfrentan restricciones presupuestales que afectan también otras investigaciones en las que la obtención de resultados científicos resulta fundamental.

La diferencia estuvo en que el accidente de Nasca adquirió una dimensión mediática y concentró la atención de las autoridades. «Ahorita lo que se ha priorizado son los extranjeros», señala la fuente.

Y añade que, de no tratarse de un caso mediático, la atención podría haber quedado desplazada por otros requerimientos acumulados.

Normalmente una prueba de ADN puede tardar entre seis meses y un año, e incluso más en determinados procedimientos, en el caso de Nasca los resultados ya fueron obtenidos debido a la prioridad otorgada a la investigación.

Esto resulta relevante porque permite establecer una diferencia entre dos etapas: la identificación preliminar realizada en campo y la posterior confirmación mediante los procedimientos científicos disponibles.

Un trabajo contra el tiempo

El caso de Nasca también expone una realidad menos visible de la investigación: el factor humano.

Solo un antropólogo que pertenece al ámbito de Medicina Legal, acudió a Nasca, y esto se debe a que tiene cobertura nacional. La explicación revela una estructura sometida a una fuerte carga de trabajo. Mientras tres odontólogos, dos médicos legistas y dos técnicos participaron en la operación, la antropología forense estuvo representada por una sola persona.

Debido a la presencia de un solo antrópologo forense, es que prácticamente trabajaron todas las noches. La revisión de los restos se extendió hasta la madrugada y la última bolsa tuvo que ser examinada al día siguiente para evitar que el agotamiento afectara el análisis.

No se trataba de una labor administrativa. Cada fragmento debía ser observado, comparado y reasociado. Cada objeto podía convertirse en una pista. Cada ausencia también podía ser significativa.

Lo que queda después del fuego

El accidente de Aerodiana dejó una investigación forense particularmente compleja. La destrucción de los cuerpos obligó a recurrir a una combinación de antropología, odontología, medicina legal, información consular y evidencia material.

En algunos casos hubo prendas, tatuajes o anillos. En otros, apenas quedaron fragmentos corporales. Para la copiloto peruana, la identificación debió realizarse por exclusión. Para una de las víctimas extranjeras, el grado de carbonización redujo de manera dramática las posibilidades de identificación.

Y detrás de todo ello estuvo una dificultad adicional: el presupuesto. La tragedia de Nasca muestra así una paradoja que suele permanecer fuera de las fotografías del accidente. Cuando el impacto termina y las cámaras se retiran, empieza otra batalla: devolverle un nombre a cada fragmento humano.

Tras el intenso trabajo forense, hay que señalar que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, enfrenta limitaciones presupuestales para realizar pruebas científicas con la rapidez que estos casos exigen.

El fuego destruyó buena parte de la evidencia visible. El trabajo forense tuvo que reconstruirla. Y en esa reconstrucción, cada fragmento terminó siendo una pieza de una última historia: la de devolverle una identidad a quienes murieron en Nasca.

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“Gracias por ser mi papá”: la carta que Guillermo Bermejo escribió desde prisión a su padre

El excongresista Guillermo Bermejo escribió desde prisión una carta íntima a su padre, recientemente fallecido. En sus líneas aparecen la ausencia, los recuerdos familiares y la gratitud por las enseñanzas compartidas: el fútbol, la salsa, el humor y, sobre todo, la manera de levantarse después de cada caída.

Published

1 día ago

16/08/2026

Redacción Lima Gris

Escrita desde prisión, en una hoja de cuaderno y con la caligrafía de quien intenta ordenar el dolor, la misiva es un diálogo con un hombre que ya no puede responder.

“Papá”, escribe Bermejo al comenzar. Desde esa primera palabra, el tono abandona cualquier referencia a la política y se instala en el territorio de la intimidad. El excongresista habla del reencuentro que imaginaba con su padre, de la posibilidad de volver a abrazarlo y de recuperar, aunque fuera por un instante, aquellas conversaciones y gestos cotidianos que ahora pertenecen al recuerdo.

La prisión aparece como el lugar desde el cual se escribe esta despedida. Bermejo habla de la espera, de la incertidumbre y de las preguntas que surgen frente a la muerte de alguien cercano. Entre ellas, una especialmente dolorosa: quién ocupará ahora ese lugar de confianza al que podía acudir, quién volverá a provocarle una carcajada o quién compartirá con él aquellas referencias que hicieron parte de su relación.

La carta está atravesada por la memoria. Bermejo recuerda a su padre a través de la música, el fútbol y el humor. También evoca sus enseñanzas y aquella idea de resistencia que, según cuenta, recibió de él: no importa cuántas veces la vida golpee, siempre queda la posibilidad de levantarse y seguir.

“Gracias por ser mi papá, mi viejo, mi corazón”, escribe. La frase resume el sentido de una carta que, más que una despedida formal, es un inventario de afectos. El padre aparece como compañero de momentos felices, pero también como una figura que dejó lecciones para enfrentar las dificultades.

En otro pasaje, Bermejo menciona a Fabiola y habla de la familia que construyó, enlazando la historia de su padre con la continuidad de una nueva generación. Es, quizá, una de las formas más humanas de enfrentar la muerte: entender que una vida termina, pero aquello que dejó permanece en los hijos, los nietos, las costumbres y las historias que se siguen contando.

Hacia el final, la carta adquiere el tono definitivo de una despedida. Bermejo llama a su padre “Pacho” Bermejo y le pide que descanse en paz. Luego escribe una frase sencilla, pero definitiva: “Te amo, Papá”.

No hay discursos políticos en estas páginas. No hay debates ideológicos ni argumentos jurídicos. Hay, en cambio, un hijo escribiendo a su padre desde una situación de encierro y tratando de conversar con él una última vez.

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Ucayali: Dirigente sindical Eler Romayna, anunció que habría tres fallecidos en medio de una posible tregua de 72 horas [VIDEO]

Tras cinco días de protestas, bloqueos y enfrentamientos, desde el Frente de Defensa de Ucayali se anunció una posible tregua de 72 horas. Además, su secretario general, Eler Romayna, señaló que habría víctimas mortales en Campo Verde y advirtió sobre la llegada de un contingente policial y posibles detenciones de dirigentes.

Published

3 días ago

15/08/2026

Redacción Lima Gris

Eler Romayna mencionó que, según la información que manejaba el Frente de Defensa, tres personas habrían fallecido durante los enfrentamientos registrados en el distrito de Campo Verde. La cifra presentada por el dirigente durante su intervención pública, requiere ser corroborada oficialmente por las autoridades de la zona.

Pero el dato, aun sin confirmación oficial en el momento del anuncio, fue utilizado por el dirigente como argumento central para explicar la decisión de una posible tregua. «No puedo llevarles a una matanza», manifestó.

El discurso de Romayna cambió entonces de tono. Ya no habló solamente de las demandas que originaron la huelga. Habló de muertos, de posibles detenciones y de la presencia policial. Y lanzó una advertencia que revela el nivel de tensión alcanzado después de cinco días de movilizaciones.

Según afirmó, un contingente de aproximadamente 300 efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) estaría próximo a llegar a Pucallpa. El dirigente sostuvo que esa información provenía de fuentes de inteligencia y añadió que algunos de los dirigentes que participaron en las jornadas de protesta estarían identificados para ser detenidos.

«Cada uno de nosotros ya está identificado con nuestro nombre para ser capturados en breves instantes», aseguró.

Cinco días que terminaron en tensión

La huelga regional indefinida llegó a su quinto día convertida en un problema que excedió el ámbito de las organizaciones convocantes.

Las protestas incluyeron bloqueos y movilizaciones en diferentes puntos de Ucayali y desembocaron en enfrentamientos con efectivos policiales. El conflicto empezó a adquirir una dimensión mayor cuando aparecieron posiciones enfrentadas dentro de la propia región.

Romayna denunció lo que calificó como una «traición» de algunos sectores vinculados al transporte terrestre y fluvial. También responsabilizó a determinados dirigentes y autoridades regionales de haberse apartado de la medida de fuerza.

Entre los nombres mencionados por traición a la lucha, estuvieron Manuel Gambini Rupay, Víctor George García López, Milagros Torres, Orlando Acosta, Jorge Acosta, Ezequiel Saboya Hidalgo, Luis Panduro —conocido como Pepe Lucho—, Alberto Panduro Valderrama y César Ibérico.

El episodio revela, sin embargo, una fractura que puede resultar determinante: mientras una parte del movimiento reclama continuar la protesta, otra parece haber comenzado a evaluar los costos de mantenerla.

«No podemos ser carne de cañón»

El argumento utilizado por Romayna para justificar la tregua fue esencialmente político y humano. «No podemos ser carne de cañón», afirmó.

El dirigente sostuvo que las recientes confrontaciones habían cambiado las condiciones de la protesta y que continuar sin evaluar las consecuencias podía colocar a los manifestantes en una situación de mayor riesgo.

En su discurso cuestionó además las normas aprobadas en materia de seguridad y afirmó que estas otorgarían mayores márgenes de actuación a la Policía Nacional. Sus afirmaciones forman parte de su interpretación política del conflicto y no constituyen, por sí solas, una descripción jurídica de las normas vigentes.

La tregua, en ese contexto, aparece como una retirada táctica. Romayna fue explícito: se trata de «retroceder un paso para dar dos o tres pasos», pero, según dijo, con una organización mayor.

La frase contiene el verdadero significado de la jornada. El Frente de Defensa no está anunciando el final de la huelga. Está anunciando una pausa.

El papel de las autoridades

Durante su intervención, Romayna también cuestionó al gobernador regional y sostuvo que había solicitado que la autoridad se colocara al frente de la protesta. Según su versión, ello no ocurrió como esperaba.

La controversia deja preguntas políticaa de fondo: ¿Keiko Fujimori tendrá la capacidad para manejar las protestas? ¿quién conduce la respuesta de Ucayali frente a una crisis que ya dejó enfrentamientos, bloqueos y denuncias de posibles víctimas?

El anuncio de una tregua, realizado además en presencia del diputado Oswar Cahuaza, de Juntos por el Perú, coloca ahora a las autoridades regionales y nacionales ante una ventana de 72 horas.

Durante esas horas deberá esclarecerse qué ocurrió en Campo Verde, cuántas personas resultaron heridas, si existen confirman los fallecidos y bajo qué circunstancias se produjeron los enfrentamientos. También deberá verificarse si efectivamente existe un despliegue adicional de fuerzas policiales hacia Pucallpa y si hay investigaciones fiscales que involucren a dirigentes de la protesta.

Una tregua que no resuelve el conflicto

La decisión del FREDEU reduce temporalmente la presión en las calles, pero no elimina las razones que originaron la huelga. Tampoco resuelve las acusaciones formuladas durante estos días ni despeja la incertidumbre sobre lo que ocurrirá cuando termicen las 72 horas.

Ucayali queda, así, suspendida en un momento incómodo: entre la protesta y la negociación, entre la presencia policial y el temor a nuevas confrontaciones, entre las denuncias de los dirigentes y la obligación de las autoridades de demostrar qué ocurrió realmente.

La tregua puede ser una oportunidad para dialogar. Pero también puede convertirse en la calma previa a un nuevo enfrentamiento.

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Edgardo del Pomar: “Quiero poner Lima al servicio de la gente” [VIDEO]

El candidato del Partido Popular Cristiano (PPC) a la alcaldía de Lima plantea una ciudad con mayor seguridad, transporte público ordenado, recuperación del patrimonio y una gestión municipal orientada a las necesidades de los ciudadanos. En entrevista con Lima Gris, cuestionó el manejo de las finanzas municipales, la improvisación de anteriores gestiones y defendió una propuesta polémica: dotar de armas de fuego al serenazgo metropolitano.

Published

3 días ago

14/08/2026

Redacción Lima Gris

Lima necesita dejar de ser gobernada pensando en la próxima elección y comenzar a ser planificada pensando en las próximas décadas. Esa es una de las principales ideas planteadas por Edgardo del Pomar, candidato del Partido Popular Cristiano (PPC) a la alcaldía de Lima, durante una entrevista en el programa Lima Gris, conducido por el periodista Edwin Cavello.

Del Pomar cuestionó que las sucesivas administraciones municipales hayan privilegiado obras y decisiones de impacto inmediato antes que una planificación de largo plazo. En ese contexto, criticó el endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima y puso bajo cuestionamiento la emisión de bonos por aproximadamente S/4 mil millones durante la gestión de Rafael López Aliaga. Según sostuvo, resulta contradictorio asumir elevados costos financieros mientras parte de esos recursos permanece colocada en el sistema bancario.

Frente a este escenario, aseguró que su prioridad será recuperar las finanzas municipales y colocar la administración de Lima “al servicio de la gente”. Entre sus principales preocupaciones mencionó el acceso al agua potable, desagüe, titulación, muros de contención y mejoramiento de caminos para los sectores que todavía carecen de estos servicios.

La seguridad ciudadana ocupa otro lugar central en su propuesta. Del Pomar plantea fortalecer el serenazgo metropolitano mediante capacitación, organización y certificación, pero también propone modificar la legislación para que los serenos puedan portar y utilizar armas de fuego. La iniciativa, reconoce, es polémica y deberá ser debatida en el Congreso. Su argumento es que el serenazgo debe convertirse en una fuerza complementaria de la Policía Nacional y tener mayores herramientas para proteger la vida de los ciudadanos.

En materia de transporte, propone ampliar la Línea 1 del Metro de Lima hacia Jicamarca, por el este, y hasta Lurín, por el sur, además de incorporar al menos 34 nuevos trenes para incrementar la capacidad del sistema. Su objetivo es reducir la frecuencia entre trenes a aproximadamente 1,5 minutos y disminuir las largas esperas que enfrentan diariamente miles de pasajeros.

Pero su propuesta trasciende las grandes obras. Del Pomar plantea una Lima “policéntrica”, con nuevos centros de empleo y desarrollo en Lima Este, para evitar que millones de ciudadanos deban atravesar diariamente la ciudad para llegar a sus centros laborales. También propone fortalecer la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), manteniendo su carácter técnico y autonomía, pero devolviendo su conducción a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Durante la entrevista también abordó la cultura y el patrimonio. El candidato señaló que impulsará las expresiones culturales de las distintas comunidades que conforman Lima y propuso recuperar espacios arqueológicos y monumentos históricos. En esa línea, mencionó la necesidad de poner en valor huacas como Mateo Salado y destacó experiencias de recuperación patrimonial desarrolladas en San Isidro.

Del Pomar también cuestionó la presencia de intereses familiares y políticos en algunas candidaturas municipales y reclamó mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. Para el candidato, gobernar una ciudad exige preparación política, conocimiento de la administración pública, liderazgo y, sobre todo, autoridad moral.

Al cerrar la entrevista, resumió su propuesta en una idea que busca convertirse en el eje de su campaña: “poner el gobierno de la ciudad de Lima al servicio de la gente”. Una apuesta que, de concretarse, supone enfrentar tres de los problemas que más condicionan la vida cotidiana de los limeños: inseguridad, transporte y desigualdad en el acceso a los servicios básicos.

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TGP y el debate sobre el gas de Camisea

Con el inicio del gobierno de Keiko Fujimori y la llegada de Guillermo Shinno Huamaní al Ministerio de Energía y Minas, el futuro del sistema de transporte de Camisea vuelve al centro de la discusión, debido a que la empresa TGP solo cuenta con la consesión hasta el 2030.

Published

5 días ago

13/08/2026

Elio León

La historia del gas de Camisea nunca ha sido únicamente una historia energética. También ha sido una disputa por miles de millones de dólares, por el control de una infraestructura estratégica y por la capacidad del Estado para defender el interés público frente a los operadores privados.

El cambio de gobierno abre un nuevo escenario político. La administración de Keiko Fujimori recibe un sistema energético golpeado por la reciente interrupción del transporte de gas. Lo que está en juego no es solo determinar las responsabilidades, sino definir las reglas con las que se administrará el principal activo energético del país en los años previos al vencimiento de la concesión de Transportadora de Gas del Perú (TGP), previsto para 2030.

Ese contexto convierte cada decisión del nuevo ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, en un asunto de interés nacional.

La ruptura que encendió las alarmas

La paralización del ducto de Camisea dejó al descubierto la enorme dependencia del Perú respecto de una sola infraestructura. Las centrales termoeléctricas tuvieron que recurrir a combustibles más costosos, diversas industrias enfrentaron incertidumbre sobre el abastecimiento y el sistema energético mostró una vulnerabilidad que durante años permaneció oculta detrás de la aparente estabilidad del proyecto.

Recordemos que tras el incidente, TGP buscó que el evento sea evaluado bajo la figura jurídica de «fuerza mayor», contemplada en el artículo 1315 del Código Civil. Con eso la empresa siempre intentó quedar exenta de determinadas responsabilidades derivadas de la interrupción del servicio, siempre que las investigaciones concluyan que el hecho fue extraordinario, imprevisible e irresistible. Sin embargo, precisamente ese punto constituye hoy el centro de la controversia.

Ruptura del tubo del gas de Camisea en Megantoni, La Convención en la región de Cusco.

Una reunión que revela otra batalla

El 30 de julio pasado, representantes de TGP sostuvieron una reunión pública con Osinergmin que dejó entrever un conflicto mucho más amplio que la reparación de una tubería.

Durante la sesión, la empresa cuestionó que el regulador hubiera comunicado al Ministerio de Energía y Minas un presunto incumplimiento contractual antes de recibir sus descargos y expresó su desacuerdo con la difusión pública del caso.

Pero la discusión rápidamente giró hacia otro terreno. Los representantes de TGP manifestaron su preocupación por decisiones regulatorias que, según indicaron, afectan el negocio del transporte firme de gas natural. Criticaron la reducción del denominado Factor de Reserva de Capacidad (FRC) y sostuvieron que las centrales eléctricas deberían contratar mayor capacidad firme para garantizar la estabilidad del sistema.

También señalaron que durante los últimos días de julio se registraron desbalances operativos debido a que algunos generadores habrían consumido más gas del autorizado mediante contratos interrumpibles, situación que —según la empresa— pudo afectar las presiones dentro del ducto.

TGP argumentó además que la ausencia de Normas de Despacho actualizadas dificulta una operación eficiente y solicitó al regulador impulsar su pronta aprobación.

Osinergmin respondió que esa gestión ya había sido trasladada al Ministerio de Energía y Minas, aunque recordó que la responsabilidad por la operación segura del ducto corresponde al concesionario.

El debate detrás del negocio

Las posiciones expuestas durante esa reunión muestran que el debate actual no gira únicamente alrededor del accidente. También involucra el modelo económico del transporte de gas. Para TGP, un mayor volumen de contratos firmes fortalecería la seguridad operativa y otorgaría mayor previsibilidad al sistema.

Sin embargo, distintas voces del sector advierten que cualquier modificación regulatoria debe evaluarse cuidadosamente para evitar que la masificación del gas natural termine condicionada por esquemas comerciales que incrementen los costos para distribuidores, generadores o consumidores finales.

En otras palabras, el desafío consiste en garantizar un sistema seguro y eficiente sin crear incentivos que favorezcan de manera desproporcionada a un solo operador. Ese equilibrio será una de las principales pruebas para el nuevo Ministerio de Energía y Minas.

Presidente Keiko Fujimori y ministro Guillermo Shinno.

Una concesión que se acerca a su vencimiento

Existe además un elemento que vuelve especialmente sensibles las decisiones que se adopten en los próximos años. La concesión mediante la cual TGP opera el sistema de transporte de Camisea concluye en 2030.

Aunque faltan pocos años para esa fecha, las decisiones regulatorias adoptadas desde ahora influirán en el valor económico de la infraestructura, en las condiciones de operación futuras y en la manera en que el Estado negociará el siguiente capítulo del proyecto gasífero más importante del país.

Precisamente por ello, algunos analistas consideran indispensable que cualquier reforma relacionada con tarifas, contratos de transporte o reglas operativas sea evaluada con absoluta transparencia y bajo criterios técnicos independientes.

No se trata de impedir que una empresa defienda sus intereses económicos, algo legítimo dentro de cualquier mercado regulado. Se trata de asegurar que el interés público prevalezca cuando está comprometida una infraestructura estratégica para millones de peruanos.

La responsabilidad del nuevo gobierno

El gobierno de Keiko Fujimori hereda un expediente complejo. Por un lado, deberá garantizar que las investigaciones técnicas y fiscales determinen con absoluta independencia las causas de la ruptura del ducto.

Por otro, tendrá que decidir cómo responder a las solicitudes regulatorias planteadas por TGP y definir la política energética que acompañará el proceso de masificación del gas natural durante los próximos años.

El ministro Guillermo Shinno Huamaní enfrenta así una de sus primeras grandes pruebas políticas. Cada resolución adoptada por su despacho será observada por empresas, reguladores, consumidores y gobiernos regionales que esperan que el gas de Camisea deje de ser únicamente un negocio de transporte para convertirse, finalmente, en una herramienta efectiva de desarrollo nacional.

Porque la discusión ya no consiste únicamente en reparar un ducto. Lo que realmente está en juego es determinar quién capturará el mayor beneficio económico del gas peruano en la etapa final de una concesión que expira en 2030 y cuál será la capacidad del Estado para garantizar que ese recurso estratégico sirva prioritariamente al interés nacional.

Las respuestas que se adopten durante este nuevo gobierno marcarán el futuro de la política energética peruana mucho después de que el actual conflicto haya quedado atrás.

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Casi 5 mil procesos de tenencia y régimen de visitas ya se tramitan con expediente judicial electrónico

El Poder Judicial reportó 4.840 demandas ingresadas mediante el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) desde febrero de 2026. La herramienta ya opera en 34 cortes superiores y busca acelerar los procesos de familia, reducir desplazamientos y ampliar el acceso a la justicia.

Published

5 días ago

12/08/2026

Redacción Lima Gris

El Poder Judicial avanza en la digitalización de los procesos de familia. Desde febrero de este año, un total de 4.840 demandas sobre tenencia y régimen de visitas han sido ingresadas mediante el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE), herramientas que actualmente funcionan en 385 órganos jurisdiccionales de 34 cortes superiores de justicia del país.

La cifra fue dada a conocer por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, durante la ceremonia virtual en la que declaró formalmente inaugurada la implementación del EJE y la MPE para estos procesos en las cortes superiores de Ayacucho, Lambayeque, Lima, Lima Sur, Puente Piedra-Ventanilla y Selva Central.

Para la titular del Poder Judicial, la incorporación de estas herramientas representa un cambio sustancial en la manera de administrar justicia, particularmente en una materia tan sensible como la de familia.

“La implementación de herramientas tan importantes significa una revolución en la manera como se va a administrar la justicia; es un cambio de paradigma”, afirmó Tello Gilardi.

La digitalización permite presentar demandas y escritos de manera electrónica desde cualquier lugar y en cualquier momento, además de agilizar la gestión de los expedientes. A ello se suman beneficios como la reducción de costos y desplazamientos, una mayor trazabilidad de los procesos y mejores condiciones de transparencia y seguridad.

El impacto puede ser especialmente relevante para quienes enfrentan dificultades geográficas o limitaciones para trasladarse hasta una sede judicial. En ese sentido, la implementación del EJE y la MPE busca convertir la tecnología en una herramienta concreta para reducir las barreras que todavía dificultan el acceso oportuno a la justicia.

Tello Gilardi sostuvo que esta transformación forma parte de las políticas impulsadas por la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, en concordancia con las 100 Reglas de Brasilia, orientadas a garantizar que las personas en condición de vulnerabilidad puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones y sin discriminación.

“Los jueces y las juezas debemos convertirnos en instrumentos para destruir y derribar los obstáculos y barreras que han impedido que poblaciones en condiciones de vulnerabilidad accedan a la justicia en igualdad y sin discriminación”, señaló.

La presidenta del Poder Judicial remarcó, además, que estos avances responden al compromiso institucional de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Política del Perú.

Un cambio en la justicia de familia

Durante la ceremonia, la presidenta de la Corte de Lima, Miluska Cano López, consideró que la incorporación del EJE y la MPE en los procesos de familia no constituye únicamente una modernización tecnológica, sino un cambio de paradigma hacia un servicio judicial más ágil, transparente y humano.

En la misma línea, el presidente de la Corte de Ayacucho, Orlando Becerra Suárez, afirmó que cada demanda ingresada mediante el sistema electrónico representa un avance hacia una justicia más moderna y cercana a la ciudadanía.

Por su parte, el titular de la Corte de Lambayeque, César William Bravo Llaque, calificó la implementación como un “paso cualitativo” en la administración de justicia, mientras que la presidenta de la Corte de Lima Sur, Hilda Piedra Rojas, destacó su importancia para garantizar una tutela judicial efectiva.

A su turno, la presidenta de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla, Ana Mirella Vásquez Bustamante, sostuvo que digitalizar la justicia “no es un lujo”, sino una herramienta concreta para facilitar el acceso de la población a los tribunales. Advirtió, además, que la demora de los procesos puede traducirse en un tiempo de convivencia familiar que ya no puede recuperarse.

Cusco también se suma

La expansión del sistema alcanzó a la Corte Superior de Justicia de Cusco. El 10 de agosto se inauguró allí la implementación del EJE y la MPE para procesos de tenencia, variación de tenencia, régimen de visitas y variación de régimen de visitas.

La ceremonia contó con la participación de la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y presidenta de la Comisión de Trabajo del EJE, quien representó a Tello Gilardi.

En Cusco, la solución tecnológica ya funciona en 21 órganos jurisdiccionales distribuidos en 16 sedes, entre ellas Acomayo, Anta, Calca, Canas-Yanaoca, Echarate, Espinar-Yauri, Machu Picchu, Paruro, Paucartambo, Quispicanchis, Santa Ana-Quillabamba, Santo Tomás, Sicuani-Canchis y Urubamba.

Barrios Alvarado destacó que la transformación digital no se limita a incorporar tecnología, sino que busca modificar la experiencia de los ciudadanos frente al sistema judicial.

“Estas herramientas están transformando la gestión de los procesos porque simplifican procedimientos, optimizan tiempos y facilitan el acceso de la ciudadanía a un servicio de justicia eficiente”, afirmó.

Las primeras cortes en implementar el EJE y la MPE para procesos de tenencia y régimen de visitas fueron Huaura y La Libertad, el 16 de marzo de 2026, con su aplicación inicial en 22 y 9 órganos jurisdiccionales, respectivamente.

Con la expansión del sistema, el Poder Judicial apuesta por una justicia de familia menos dependiente del papel y de los desplazamientos físicos. El desafío, ahora, será que esta modernización tecnológica se traduzca también en procesos más oportunos y respuestas judiciales que lleguen a las familias cuando todavía pueden hacer una diferencia.

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Ositrán impuso sanciones y penalidades por más de S/ 3,5 millones en el segundo trimestre de 2026

El organismo regulador dejó firmes 11 sanciones y tres penalidades contra empresas concesionarias de los sectores portuario, ferroviario, vial y aeroportuario. APM Terminals Callao concentró el mayor monto sancionado, mientras que Aeropuertos del Perú recibió una penalidad de USD 73 000 por retrasos en las obras del aeropuerto de Piura.

Published

6 días ago

12/08/2026

Redacción Lima Gris

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que, durante el segundo trimestre de 2026, quedaron firmes en la vía administrativa 11 sanciones y tres penalidades contra entidades prestadoras y empresas concesionarias. En conjunto, estas medidas superaron los S/ 3,5 millones, además de una penalidad adicional de USD 73 000.

Del total, S/ 3 307 755 correspondieron a sanciones, mientras que las penalidades sumaron S/ 149 800 y USD 73 000. Las medidas fueron impuestas por incumplimientos de obligaciones legales, técnicas y contractuales detectados durante las labores de supervisión del organismo regulador.

APM Terminals concentra la mayor sanción

El sector portuario registró cuatro sanciones. Dos de ellas fueron impuestas a APM Terminals Callao S. A., por un total de S/ 2 273 645, debido al incumplimiento de obligaciones vinculadas con los indicadores de niveles de servicio y productividad.

La empresa también recibió una sanción de amonestación por incumplir disposiciones del Reglamento General de Tarifas de Ositrán.

Asimismo, Terminal Portuario Paracas S. A. fue sancionada con S/ 33 330 por incumplimientos relacionados con los indicadores de niveles de servicio y productividad.

Incumplimientos en el sistema ferroviario

En el sector ferroviario y del Metro de Lima y Callao se registraron tres sanciones contra Tren Urbano de Lima S. A. Dos de ellas sumaron S/ 925 320 y estuvieron relacionadas con incumplimientos del contrato de concesión, específicamente por no ejecutar la revisión general de los motores de tracción conforme a lo establecido en su plan de mantenimiento.

La empresa también recibió una sanción de amonestación por la parada incorrecta de un tren.

Multas en las carreteras

En el sector de redes viales se impusieron dos sanciones. Autopista del Norte S. A. C. fue sancionada con S/ 26 015 por incumplir disposiciones del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de Ositrán.

Por su parte, Carretera Andina del Sur S. A., anteriormente denominada Survial, recibió una sanción de S/ 17 655 por incumplir una obligación contractual relacionada con el no cobro de la tarifa de peaje en las unidades de peaje de Marcona y Pichirhua.

También hubo sanciones en aeropuertos

El sector aeroportuario registró dos sanciones. Aeropuertos Andinos del Perú S. A. fue sancionada con S/ 31 790 por incumplir una obligación relacionada con la liquidación correspondiente al cofinanciamiento operacional.

Asimismo, Lima Airport Partners S. R. L. recibió una amonestación por incumplir una obligación establecida en el contrato de concesión, relacionada con deficiencias de limpieza e higiene en los pisos del terminal de pasajeros.

Penalidades por retrasos y documentos fuera de plazo

Durante el mismo periodo se aplicaron tres penalidades por S/ 149 800 y USD 73 000.

En el sector vial, la Sociedad Concesionaria Anillo Vial S. A. C. recibió una penalidad de S/ 149 800 por incumplir el contrato de concesión, debido a la presentación extemporánea de documentos correspondientes al tramo 1 del proyecto.

En el sector ferroviario y del Metro de Lima y Callao, la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S. A. recibió una penalidad de S/ 5 500 por la demora en la presentación del informe socioambiental mensual previsto en el contrato de concesión.

La mayor penalidad expresada en moneda extranjera correspondió al sector aeroportuario. Aeropuertos del Perú S. A. fue penalizada con USD 73 000 debido al retraso en el avance de las obras de mejoramiento y rehabilitación del Aeropuerto de Piura.

Ositrán precisó que, durante el segundo trimestre de 2026, no se registraron penalidades firmes en el sector portuario.

Las medidas forman parte de las funciones de supervisión y fiscalización del organismo regulador y buscan garantizar que las empresas concesionarias cumplan las obligaciones establecidas en la normativa vigente y en sus respectivos contratos de concesión.

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Condenado por robar autopartes deberá leer “Crimen y castigo” por orden de un juez

El sentenciado recibió una pena de dos años, cinco meses y 25 días, suspendida por dos años, pero tendrá que cumplir una particular regla de conducta: leer la novela de Fiódor Dostoievski y presentar un resumen ante el juzgado en un plazo de 30 días. También deberá pagar S/ 1,750 de reparación civil a seis propietarios de vehículos afectados.

Published

1 semana ago

10/08/2026

Redacción Lima Gris

No siempre una sentencia termina con una cifra, una condena o una reparación civil. En Huaraz, un juez decidió incorporar a la pena una particular exigencia: leer Crimen y castigo, la célebre novela de Fiódor Dostoievski, y presentar un resumen ante el despacho judicial.

La medida fue impuesta por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, en adición de funciones del Módulo Piloto de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Áncash, al aprobar el acuerdo de terminación anticipada y condenar a R. Z. C. B. por el delito de hurto agravado de autopartes, en agravio de seis propietarios de vehículos.

La sentencia fue emitida el viernes 7 de agosto por el juez Pedro Miguel Flores Alberto. Durante la audiencia, el procesado reconoció los cargos formulados por el Ministerio Público y se acogió al mecanismo de terminación anticipada. La resolución quedó consentida luego de que las partes expresaran su conformidad.

La pena impuesta fue de dos años, cinco meses y 25 días de prisión, pero su ejecución quedó suspendida por un periodo de dos años. Para mantener ese beneficio, el sentenciado deberá cumplir una serie de reglas de conducta.

Entre ellas se encuentran no cambiar de domicilio sin comunicarlo al juzgado, acudir mensualmente al control biométrico, reparar el daño ocasionado, no volver a cometer un delito doloso de la misma naturaleza y recibir tratamiento psicológico ante el Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Áncash.

Pero hay una regla que ha llamado especialmente la atención: el condenado deberá leer Crimen y castigo y entregar un resumen de la obra al juzgado dentro de un plazo de un mes.

La elección de la novela de Dostoievski no resulta menor. Publicada en 1866, Crimen y castigo narra el conflicto moral y psicológico de Rodión Raskólnikov, un joven que comete un asesinato y posteriormente queda atrapado por las consecuencias de sus propios actos. La culpa, el castigo, la responsabilidad y la posibilidad de redención atraviesan toda la obra.

En este caso, la lectura forma parte de las reglas que el sentenciado deberá observar para conservar la suspensión de su pena.

Una madrugada de robos

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron aproximadamente entre las 2:00 y las 4:30 de la madrugada del 3 de agosto, en el sector Tacllán, en Huaraz.

Según la sentencia, el condenado se desplazaba en una trimoto acompañado de un adolescente y recorrió distintas calles donde había vehículos estacionados en la vía pública. De esos automóviles fueron sustraídas baterías, neumáticos, consolas de radio, espejos retrovisores, llaves de ruedas y otros accesorios.

Los objetos robados fueron trasladados posteriormente hasta una habitación ubicada en el pasaje San Andrés, en el barrio San Gerónimo, donde quedaron almacenados.

Las cámaras de videovigilancia resultaron claves para orientar las investigaciones. Las imágenes permitieron identificar la trimoto utilizada para trasladar los bienes y condujeron las diligencias policiales hacia el inmueble donde eran almacenados.

Personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de la Policía Nacional, con participación del Ministerio Público, intervino posteriormente al sentenciado y a dos menores de edad. En el inmueble fueron encontradas numerosas autopartes y accesorios que, posteriormente, fueron reconocidos por sus propietarios.

Foto referencial.

El precio del daño

Además de la pena suspendida y las reglas de conducta, el juzgado estableció una reparación civil de S/ 1,750 por concepto de indemnización de daños y perjuicios a favor de los agraviados.

De ese monto, ya se había realizado un depósito judicial de S/ 600. El saldo de S/ 1,150 será cancelado en dos cuotas de S/ 575 cada una, según lo establecido en la resolución.

El juzgado también ordenó que las autopartes recuperadas sean devueltas a sus respectivos propietarios por parte del Ministerio Público.

La sentencia advierte, además, que el incumplimiento de las reglas de conducta o del pago de la reparación civil puede provocar la revocatoria de la suspensión de la pena, conforme a ley.

El caso se resolvió mediante terminación anticipada, un mecanismo que permite evitar el juicio oral cuando el Ministerio Público y el imputado llegan a un acuerdo sobre los cargos, la pena, la reparación civil y las demás consecuencias jurídicas. El juez, sin embargo, debe verificar que dicho acuerdo cumpla con las exigencias legales antes de aprobarlo.

Esta vez, además de la condena y la reparación económica, quedó una tarea poco habitual para el sentenciado: abrir las páginas de Dostoievski, enfrentarse a la historia de un hombre marcado por su propio delito y regresar en treinta días ante el juez con un resumen de Crimen y castigo.