Marco Montoya advierte posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales en Provías

<<>> El abogado especializado en contrataciones públicas, Marco Montoya, alertó que las acciones de Provías presentan presuntas irregularidades que podrían acarrear responsabilidades administrativas, civiles y penales. En entrevista con Canal N, explicó uno de los principales problemas: algunos servicios fueron ejecutados antes de completar los procedimientos de contratación. Aunque la normativa contempla mecanismos para regularizar contrataciones en emergencias, estos deben cumplir formalidades específicas que, según Montoya, no se respetaron adecuadamente. El especialista cuestionó además el uso de intermediarios, advirtiendo que esta práctica genera sobrecostos innecesarios para el Estado. Indicó que al fragmentar los servicios y realizar las contrataciones después de ocurrida la emergencia, los proveedores podrían terminar cobrando montos superiores a lo que se hubiera establecido con un procedimiento oportuno. Montoya descartó que se trate meramente de desconocimiento de normas por parte de funcionarios con experiencia en estos procesos. Consideró una posible razón para estas decisiones evitar involucrar a altos ejecutivos en contrataciones de emergencia, reduciendo así los controles correspondientes. Asimismo, sostuvo que la publicación de las contrataciones en los sistemas oficiales del Estado no garantiza que el procedimiento haya sido regular. Por ello, consideró necesario que la Contraloría General de la República investigue los hechos revelados en el reportaje de Cuarto Poder. La falta de transparencia y el posible incumplimiento de plazos críticos han generado un escenario donde se vulneran principios básicos del derecho administrativo, poniendo en riesgo el correcto uso de recursos públicos destinados a infraestructura vial. Montoya enfatizó que la urgencia no debe ser excusa para saltar reglas que protegen el interés nacional y aseguran la eficiencia en la gestión estatal.

Marco Montoya detalló el panorama de responsabilidades que podría enfrentar Provías, comenzando por las administrativas. Sin embargo, advirtió que si se comprueban sobrecostos en los proyectos, esto derivaría automáticamente en responsabilidad civil. La situación se agrava aún más al considerar una eventual coordinación ilícita con proveedores; tal escenario configuraría el delito de colusión, cuya gravedad final dependerá estrictamente de las circunstancias y de si los contratos cuestionados llegaron a ser pagados.

El abogado también puso en evidencia posibles vínculos entre proveedores externos y funcionarios internos. Señaló que, de confirmarse la contratación de familiares de servidores públicos en situaciones prohibidas por la normativa vigente, correspondería revisar minuciosamente los impedimentos establecidos para contratar con el Estado. Esta irregularidad podría abrir nuevas vías de investigación interna.

Finalmente, Montoya alertó sobre un nuevo foco de problemas: las contrataciones por emergencia. Consideró necesario prevenir irregularidades y garantizar que estos procesos se realicen oportunamente para evitar sobrecostos y posibles actos de corrupción. Su preocupación radica en el fortalecimiento de los mecanismos de control ante la eventual llegada de eventos climáticos de mayor intensidad, ya que sin estas medidas, la urgencia podría convertirse en una puerta abierta a nuevas denuncias.

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