Abogado Marco Montoya advierte irregularidades en contrataciones de Provías y posibles responsabilidades penales./ Video: Canal NEl especialista también cuestionó la contratación de intermediarios, debido a que esta modalidad podría generar sobrecostos para el Estado. Según indicó, al fragmentarse los servicios y realizarse las contrataciones después de ocurrida la emergencia, los proveedores podrían terminar cobrando montos superiores a los que se hubieran establecido mediante un procedimiento oportuno
CTPorChristian Torres Tutiven »El abogado especializado en contrataciones públicas Marco Montoya cuestionó las contrataciones realizadas por Provías y advirtió que estas presentan presuntas irregularidades que podrían generar responsabilidades administrativas, civiles y penales.
En entrevista con Canal N, Montoya señaló que uno de los principales problemas sería que algunos servicios fueron ejecutados antes de que se completaran los procedimientos de contratación. Explicó que, incluso en situaciones de emergencia, la normativa establece mecanismos específicos para regularizar las contrataciones, pero estos deben realizarse bajo determinadas formalidades.
El especialista también cuestionó la contratación de intermediarios, debido a que esta modalidad podría generar sobrecostos para el Estado. Según indicó, al fragmentarse los servicios y realizarse las contrataciones después de ocurrida la emergencia, los proveedores podrían terminar cobrando montos superiores a los que se hubieran establecido mediante un procedimiento oportuno.
Pide que la Contraloría investigue
Montoya descartó que se trate únicamente de un problema de desconocimiento de las normas, debido a la experiencia que deberían tener los funcionarios encargados de estos procesos. Consideró que una de las posibles razones de estas decisiones sería evitar involucrar a altos funcionarios en contrataciones de emergencia y, de esa manera, reducir los controles correspondientes.
Asimismo, sostuvo que el hecho de que las contrataciones hayan sido publicadas en los sistemas oficiales del Estado no garantiza que el procedimiento haya sido regular. Por ello, consideró necesario que la Contraloría General de la República investigue los hechos revelados en el reportaje de Cuarto Poder.
Respecto a las posibles sanciones, explicó que inicialmente podrían establecerse responsabilidades administrativas. Si se comprueban sobrecostos, también podría existir responsabilidad civil, mientras que una eventual coordinación ilícita con proveedores podría configurar el delito de colusión, cuya gravedad dependerá de las circunstancias y de si los contratos llegaron a ser pagados.
El abogado también llamó la atención sobre posibles vínculos entre proveedores y funcionarios de Provías. Señaló que, de confirmarse la contratación de familiares de servidores públicos en situaciones prohibidas por la normativa, correspondería revisar los impedimentos establecidos para contratar con el Estado.
Finalmente, Montoya alertó que las contrataciones por emergencia podrían convertirse en un nuevo foco de problemas si no se fortalecen los mecanismos de control ante la eventual llegada de eventos climáticos de mayor intensidad. Consideró necesario prevenir irregularidades y garantizar que los procesos se realicen oportunamente para evitar sobrecostos y posibles actos de corrupción.
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