Entre 2025 y 2026 se detectaron más de 700 dragas mineras en la región de Loreto, un hallazgo que concentra casi el 50% de todos los registros acumulados desde 2017. Según datos del proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), esta cifra asciende a 1.500 detecciones totales. La publicación del informe, realizada este 17 de agosto por Conservación Amazónica - ACCA y Amazon Conservation Association, revela un avance acelerado de la actividad ilegal que ya se extiende a 13 ríos amazónicos, desafiando las prohibiciones estatales sobre este tipo de maquinaria.
Pese a los controles implementados por el Estado, la minería ilegal de oro continúa expandiéndose. El reporte evidencia daños significativos en bosques ribereños y afecta ecosistemas vitales para fuentes de agua que dependen de ellas. Esta expansión marca un punto de inflexión territorial, ya que las dragas ahora operan en cuencas como Nanay, Marañón, Tigre, Putumayo, Napo, Mazán y Chambira.
El impacto ambiental es directo sobre la población local que habita estas zonas. La presencia masiva de equipos ilegales no solo destruye el entorno natural, sino que profundiza una crisis que ya ha causado pérdidas económicas millonarias a redes criminales en otras regiones del país. El MAAP advierte que, sin medidas contundentes, la invasión de estos ríos seguirá creciendo.
Esta situación subraya la urgencia de una respuesta integral frente a la criminalización del oro. La proliferación de dragas en 2025 y 2026 no es un hecho aislado, sino el síntoma de una estructura organizada que aprovecha la falta de vigilancia para saquear los recursos naturales.
Sidney Novoa, director de Tecnologías para la ACCA, alertó que Loreto atraviesa un cambio en la escala y velocidad de la minería ilegal. «Lo que estamos viendo es que la actividad se desplaza y encuentra nuevas zonas donde operar», señaló el experto, quien destacó que no nos enfrentamos a un problema estático. El periodo 2025-2026 concentra casi la mitad de todas las detecciones registradas en nueve años, además de mostrar cómo el fenómeno avanza con fuerza hacia cursos de agua previamente menos afectados.
El caso del río Tigre ilustra este avance acelerado: más del 90% de su registro de dragas corresponde a los últimos dos años. En tanto, entre 2025 y 2026 se identificaron 421 detecciones en el río Nanay, principal fuente hídrica para Iquitos. El monitoreo satelital logró identificar por primera vez zonas claras de actividad ilegal también en el río Putumayo, en la frontera con Colombia.
Los impactos ambientales son severos. En las riberas del Nanay se detectó pérdida de bosque vinculada a la minería. Asimismo, en Saramiza, cuenca del Marañón, la deforestación aumentó considerablemente; hasta junio de 2026 se registraron alrededor de 800 hectáreas afectadas, de las cuales más de 500 corresponden al último periodo.
Más allá de los datos, el MAAP advierte que este crecimiento ocurre en un contexto complejo. La limitada presencia del Estado en zonas remotas, el alto precio internacional del oro y la actuación de organizaciones criminales facilitan el fenómeno. Además, las dificultades persistentes en los procesos de formalización minera juegan un rol clave para mantener esta actividad ilegal viva.
«Esto nos indica que no estamos frente a un problema estático», agregó Novoa al señalar cómo la operación se adapta constantemente. La combinación de factores políticos, económicos y logísticos explica por qué las dragas siguen apareciendo en nuevos lugares y con mayor frecuencia.
De cara a esta realidad, Novoa enfatizó que las interdicciones son necesarias, pero insuficientes para resolver el problema. «Si la actividad vuelve a aparecer en otros ríos después de los operativos, significa que necesitamos actuar también sobre las redes que financian y sostienen esta economía ilegal», señaló la experta. Por ello, sugiere reforzar el control estatal en zonas fronterizas y mejorar la coordinación entre instituciones. Además, es vital identificar y desarticular a quienes sostienen la operación ilícita. Asimismo, propone fortalecer y proteger la labor de las organizaciones indígenas y comunidades locales en el monitoreo de sus territorios y la generación de alertas tempranas. La presencia del Estado debe consolidarse para evitar que los dragones mineros sigan proliferando sin supervisión efectiva.
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