Delegación de facultades: riesgos del impuesto único a la renta empresarial

El Poder Ejecutivo ha presentado un «Borrador» sobre delegación de facultades legislativas que busca reformar el sistema tributario peruano. El objetivo es simplificar su estructura, promover la formalización y fortalecer la competitividad empresarial. Dentro de las materias delegadas destacan la creación de un impuesto a la renta empresarial único con tasas marginales y crecientes, la simplificación de los regímenes tributarios y la implementación de incentivos fiscales vinculados con la capacitación y la contratación de jóvenes.

Estas propuestas responden a un problema estructural del sistema tributario nacional: la coexistencia de múltiples regímenes con requisitos, límites y tratamientos diferenciados que, en muchos casos, terminan generando costos administrativos elevados, incentivos para permanecer en determinados niveles de ingresos y barreras para el crecimiento empresarial. Sin embargo, aunque la finalidad resulta legítima, el proyecto aún presenta importantes vacíos que deberían ser definidos antes de otorgar facultades legislativas tan amplias. Esta incorporación no supone la creación de una nueva obligación tributaria ni una presunción absoluta de ilicitud, pero sí evidencia un cambio en la intensidad con la que la Administración evaluará este tipo de estructuras.

Uno de los cambios más relevantes consiste en facultar al Ejecutivo para modificar los regímenes tributarios e implementar un impuesto a la renta empresarial único con tasas marginales y crecientes. La lógica detrás de este esquema radica en que las empresas tributen de manera progresiva conforme aumentan sus utilidades, evitando los saltos abruptos que actualmente pueden producirse cuando un contribuyente cambia de régimen.

No obstante, el documento destaca una crítica fundamental: el proyecto no incorpora criterios objetivos sobre el costo fiscal esperado, los límites temporales de los beneficios, las metas de formalización ni los indicadores que permitan evaluar posteriormente su eficacia. Además, se advierte que un régimen único no garantiza, por sí mismo, mayor formalización. La propuesta busca eliminar discontinuidades fiscales, pero sin definir parámetros claros para medir el éxito o el impacto económico real, existe el riesgo de que las medidas queden vacías en la práctica.

Finalmente, se menciona que estas iniciativas buscan resolver la complejidad actual, donde los distintos tratamientos generan incertidumbre. Sin embargo, otorgar poderes amplios sin antes llenar estos vacíos conceptuales podría debilitar el marco legal y no asegurar los resultados deseados en materia de recaudación y crecimiento del sector privado.

No obstante, la eficacia de esta propuesta del Borrador dependerá íntegramente del diseño técnico que adopten los futuros decretos legislativos. El proyecto no establece cuáles serán los tramos, las tasas aplicables, los mecanismos de transición ni el tratamiento de los contribuyentes actualmente incorporados en los distintos regímenes existentes. La ausencia de estos parámetros impide evaluar si la progresividad realmente favorecerá la formalización o si, por el contrario, terminará incrementando la carga tributaria para determinados segmentos empresariales.

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Por otro lado, el Borrador también plantea perfeccionar la Ley del Impuesto a la Renta mediante el reconocimiento de la deducción de gastos de capacitación, así como el otorgamiento de créditos fiscales por la contratación de jóvenes y por la capacitación del personal. En términos generales, estos incentivos buscan reducir el costo efectivo de invertir en capital humano.

Los incentivos tributarios pueden fortalecer el empleo, pero requieren focalización

Si una empresa puede deducir o acreditar parte de los recursos destinados a formar trabajadores o incorporar jóvenes al mercado laboral formal, resulta razonable esperar un incremento en este tipo de inversiones, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.

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Desde una perspectiva económica, un sistema de este tipo podría reducir los incentivos para fraccionar empresas o limitar artificialmente el crecimiento con el propósito de mantener beneficios tributarios. Asimismo, contribuiría a disminuir la complejidad normativa y los costos de cumplimiento, especialmente para las micro y pequeñas empresas que enfrentan mayores dificultades para comprender y aplicar las obligaciones tributarias.

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Sin embargo, la evidencia demuestra que los incentivos tributarios no generan resultados automáticos. Su efectividad depende estrictamente de reglas claras sobre gastos elegibles, mecanismos de control para evitar usos indebidos y procedimientos simples para acceder al beneficio. De lo contrario, podrían convertirse en tratamientos de escasa utilización o generar espacios para la elusión mediante gastos que no respondan realmente a procesos de capacitación.

Asimismo, estos incentivos deberían incorporar mecanismos periódicos de evaluación que permitan verificar si efectivamente incrementan el empleo formal o si representan únicamente un costo fiscal sin resultados verificables. Precisamente, uno de los principales aspectos que debería definirse antes de solicitar la delegación de facultades es el alcance de dichas medidas.

El Borrador autoriza también la creación de incentivos, exoneraciones, créditos, deducciones y tratamientos tributarios especiales para promover la inversión, el emprendimiento y la formalización. Si bien estas herramientas pueden ampliar la base tributaria en el mediano plazo mediante una mayor incorporación de contribuyentes formales, también pueden generar una reducción inmediata de la recaudación si no se encuentran respaldadas por estudios técnicos que cuantifiquen su impacto.

El proyecto no incorpora criterios objetivos sobre el costo fiscal esperado, los límites temporales de los beneficios, las metas de formalización ni los indicadores que permitan evaluar posteriormente su eficacia. La simplificación debe equilibrarse con la sostenibilidad fiscal y la seguridad jurídica. Sin estos parámetros definidos, se corre el riesgo de implementar políticas que debiliten el ingreso público sin garantizar los objetivos de crecimiento económico.

Es fundamental recordar que una política tributaria bien diseñada no solo busca recaudar más, sino hacerlo de manera eficiente y equitativa. La falta de claridad en los criterios de evaluación puede llevar a situaciones donde las empresas obtengan beneficios indebidos mientras el Estado pierde ingresos cruciales para su funcionamiento.

Por ello, es imperativo que cualquier medida propuesta incluya un análisis exhaustivo de sus posibles efectos secundarios antes de ser implementada. Solo así se podrá asegurar que los incentivos fiscales cumplan con su propósito real y no se conviertan en una carga adicional para la economía nacional.

A ello se suma un aspecto particularmente sensible: la disposición final del proyecto exceptúa a los futuros decretos legislativos de diversos mecanismos de consulta pública y de evaluación de la calidad regulatoria. Si bien esta medida podría acelerar la implementación de las reformas, también reduce espacios de participación técnica y deliberación pública. Estos espacios suelen contribuir a mejorar la calidad normativa y fortalecer la seguridad jurídica, por lo que su ausencia es preocupante para el sistema tributario. Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, además de director de la Maestría en Tributación de la misma casa de estudios, se pronuncia sobre los riesgos de un impuesto a la renta empresarial único y progresivo desde su perspectiva académica. Su análisis destaca cómo la falta de participación ciudadana puede debilitar el marco legal vigente.

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