La Contraloría General del Perú reveló que el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) abonó una indemnización de US$ 10'028,467 a una empresa privada tras perder un proceso arbitral internacional. Este desembolso es consecuencia directa de la resolución indebida de un contrato de financiamiento no reembolsable superior a los US$ 98.5 millones. Los fondos estaban destinados originalmente para ejecutar dos proyectos de telecomunicaciones que debían permitir el acceso a Internet de alta velocidad en las zonas rurales de Piura y Tumbes.

Por esta gestión negligente, seis funcionarios y servidores públicos de la entidad afrontan presunta responsabilidad civil por el perjuicio económico causado al Estado. Según el informe de control interno, Pronatel denegó injustificadamente una ampliación de plazo solicitada y procedió erróneamente a resolver el contrato.

Actualmente, ambos proyectos se encuentran paralizados, lo que afecta gravemente a 422 comunidades rurales, además de impedir la conectividad integral en 428 locales escolares públicos, 254 establecimientos de salud y 35 comisarías. La falta de instalación de banda ancha impide el desarrollo social esperado en estas localidades.

La Comisión Auditora revisó la documentación y halló que durante la ejecución se aprobaron seis ampliaciones de plazo; cinco de ellas estaban vinculadas a problemas para adquirir terrenos donde debían construirse los nodos. La entidad reconoció que la falta de saneamiento legal de los predios, sumado al rechazo de la población local, impedía cumplir con el contrato. Esta situación crítica se replicaría en todos los proyectos de banda ancha de la entidad.

Contraloría e investiga a Pronatel por fallo contractual

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