La iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, y todavía debe completar su trámite parlamentario, por lo que sus disposiciones no están vigentes. La propuesta busca responder a riesgos de estas plataformas durante la infancia y adolescencia, entre ellos el ciberacoso, acoso sexual en línea, sextorsión, difusión de imágenes íntimas y suplantación de identidad.
La propuesta busca reducir riesgos como el ciberacoso y acoso sexual en línea entre infancia uruguaya. Las empresas deberán implementar mecanismos eficaces de verificación de edad.
La propuesta del diputado Felipe Schipani busca reducir riesgos como el ciberacoso y acoso sexual en línea entre infancia uruguaya. Las empresas deberán implementar mecanismos eficaces de verificación de edad.
Qué cambia para los adolescentes entre 15 y 17 años
El proyecto no establece un tratamiento único para todos los menores de 18. Quienes tengan entre 15 y 17 años podrían utilizar redes sociales, pero bajo un régimen de seguridad reforzada. Entre las medidas previstas figuran perfiles configurados con el máximo nivel de privacidad, bloqueo de mensajes provenientes de adultos desconocidos, desactivación de la geolocalización pública y prohibición de indexar externamente los perfiles.
También se plantea suspender las notificaciones entre las 22.00 y las 7.00 horas, además de incorporar límites y recordatorios sobre el tiempo de uso. La publicidad basada en el perfilado comportamental quedaría prohibida; las empresas tampoco podrían utilizar datos sensibles o inferencias sobre el estado emocional de los adolescentes para seleccionar anuncios.
Uno de los desafíos centrales será determinar cómo verificar la edad sin crear nuevos riesgos de vigilancia o recopilación excesiva de información. El proyecto plantea que estos mecanismos solo puedan utilizar los datos indispensables para determinar si una persona supera el límite establecido y que esa información no sea reutilizada con fines comerciales. También prohíbe que la entrega permanente de una copia del documento de identidad sea el único mecanismo de verificación.
Para los menores de 15 años existirían excepciones destinadas a servicios educativos, de salud, mensajería interpersonal privada, bibliotecas y repositorios digitales, entre otros. La implementación de la eventual normativa involucraría a varias instituciones. AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, tendría un papel central en la coordinación.
El proyecto busca equilibrar la protección con el acceso digital, asegurando que las plataformas asuman responsabilidades específicas según la etapa evolutiva del usuario. Se prioriza la privacidad sobre la recolección masiva de datos, limitando estrictamente qué información puede ser almacenada y cómo se utiliza para fines comerciales o de publicidad dirigida. Además, se busca evitar que la verificación de identidad se convierta en una herramienta de control excesivo por parte de las empresas tecnológicas.
Esta regulación representa un cambio significativo en el panorama legal digital uruguayo, enfocándose en mitigar riesgos como el acoso, la exposición a contenido inapropiado y la manipulación psicológica mediante algoritmos publicitarios. Al imponer restricciones horarias y técnicas, se intenta crear un entorno más seguro donde los adolescentes puedan desarrollar su presencia digital sin comprometer su integridad personal ni su bienestar emocional.
El proyecto uruguayo propone que el Instituto del Niño y Adolescente (INAU), junto al Ministerio de Salud Pública, la Unidad Reguladora de Datos Personales y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) participen en su implementación. Adicionalmente, la Universidad de la República lideraría una investigación independiente sobre salud mental, sueño, rendimiento educativo y ciberacoso. "Un niño no debería ser perfilado para explotar sus inseguridades, impulsos o fragilidades", advierte Schipani en el proyecto de exposición de motivos, destacando que las plataformas ya no son solo espacios de comunicación, sino entornos diseñados para captar atención y recopilar datos. La iniciativa también cita estudios sobre los efectos negativos de estas herramientas en la atención y las relaciones cara a cara.
La propuesta llega justo cuando Uruguay desarrolla una consulta pública sobre el impacto de las redes sociales, videojuegos, algoritmos e inteligencia artificial en menores. Un debate que mira a Australia y Francia: este país estableció una edad mínima de 16 años para ciertas plataformas, mientras Francia avanzó con un límite de 15.
No obstante, el caso australiano sirve como advertencia sobre las dificultades de hacer cumplir estas restricciones. Pese a la reducción de cuentas de menores, persisten mecanismos para evadir los controles. La idea busca prohibir el acceso a usuarios sub-15 con sanciones de hasta 340.000 dólares.
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