El titular del MEF anunció que el Ejecutivo evalúa acciones para impedir que se aplique el incremento pensionario aprobado por el Congreso anterior y cuestionó que el Parlamento haya generado una obligación con impacto permanente sobre las finanzas públicas.
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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, cuestionó la ley que eleva las pensiones de los maestros jubilados y cesantes, sosteniendo que su aprobación vulneró las reglas constitucionales sobre la iniciativa de gasto. “Acá se ha violado la Constitución”, afirmó durante una entrevista en 'Cuarto Poder', al explicar por qué el Gobierno no aplicaría la disposición aprobada por el Congreso anterior.
Cuba señaló que el Ejecutivo no puede asumir una obligación presupuestal creada por el Parlamento y adelantó que se recurrirá a las instancias correspondientes para cuestionar la norma. “No hay manera que un Gobierno pueda cumplir lo que el Congreso anterior ha aprobado. Ya el Tribunal Constitucional ha fallado para el futuro”, sostuvo.
El funcionario se refería a la disposición que establece que los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial reciban una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial. La norma fue aprobada por insistencia y publicada en abril de este año.
Cuba cuestiona el impacto fiscal
Para Elmer Cuba, titular del MEF, la iniciativa de los congresos no es una simple propuesta legislativa, sino un acto que viola la Constitución y compromete recursos públicos permanentemente. “De todas maneras, lo que es ilegal es que los congresos tengan una iniciativa de gasto”, afirmó el ministro durante su entrevista. Explicó que en los países capitalistas es función del Ejecutivo manejar el gasto, no del legislativo, por lo que esta medida altera la lógica fiscal del Estado y pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.
El impacto financiero ya había sido advertido por el Consejo Fiscal. En un comunicado de marzo, el organismo estimó que la ley generaría demandas permanentes al Tesoro Público, con un costo mínimo de S/8.000 millones adicionales por año. Además, alertó sobre un efecto de nivelación entre las pensiones y los salarios actuales: dado que el beneficio se vincula a la RIM de la primera escala magisterial, cualquier modificación en la remuneración de los docentes en actividad afectaría directamente el monto pensionario de los jubilados.
Cuba sostuvo que esta dinámica crea obligaciones fiscales sin control presupuestario. La preocupación del gobierno no es solo por el aumento puntual para los maestros retirados, sino por cómo este mecanismo se integra en la estructura económica nacional. Según su análisis, permitir que una norma congresional determine gastos futuros desnaturaliza el equilibrio fiscal y expone al Estado a presiones financieras constantes.
Cuestiona el MEF a la ley que aumenta pensión
"Acá se ha violado la Constitución", afirmó el ministro Elmer Cuba al señalar que el problema no radica solo en el monto, sino en cómo se forjó esa obligación. "Vamos a interponer nuestras acciones para no cumplir algo que es ilegal", manifestó con firmeza. También advirtió sobre la inequidad generada frente al resto de los trabajadores del sector público. "Es injusto con el esfuerzo pensionario y los demás colegas", señaló, argumentando que esta disposición crea una diferencia indeseable.
La norma fue reconsiderada tras las observaciones del Ejecutivo y promulgada finalmente por insistencia legislativa. El texto establece que el beneficio alcanza a docentes jubilados y cesantes de educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva comprendidos en los regímenes de los decretos ley 19990 y 20530, la Ley 29944, e incluye también a afiliados al Sistema Privado de Pensiones.
Uno de los puntos que preocupa al MEF es precisamente el carácter permanente del beneficio. No se trata de una transferencia extraordinaria o de un pago por única vez, sino de una modificación de las condiciones pensionarias que comprometería recursos públicos en los siguientes años.
Ante la consulta sobre si permitirán a los docentes jubilados recibir la pensión establecida, Cuba respondió que el Ejecutivo prepara acciones para evitar su aplicación. La intención del gobierno es frenar esta norma desde un inicio.
“No vamos a cumplir lo que son los constitucionales ilegales y además se rompe el criterio fiscal y además no permite que el gobierno que acaba de entrar cumpla su promesa que está en otro lado”, sostuvo.
El ministro hizo referencia así a dos aspectos que, según su posición, deben considerarse de manera conjunta: las restricciones constitucionales sobre el gasto y el impacto que una nueva obligación previsional tendría sobre el presupuesto.
La disposición estableció que el Poder Ejecutivo debía aprobar su reglamento en un plazo de 90 días desde su entrada en vigencia. Asimismo, dejó en manos del MEF, en coordinación con el Ministerio de Educación, el establecimiento de las pensiones equivalentes a la primera escala magisterial.
Con el rechazo del MEF y el anuncio de acciones legales, la aplicación del incremento pensionario queda en el centro de una disputa entre el Ejecutivo y el Congreso anterior. Para Cuba, la discusión no solo involucra la mejora de los ingresos de los maestros retirados, sino también quién puede crear obligaciones de gasto y bajo qué condiciones pueden incorporarse nuevos compromisos al presupuesto público.
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