DAÑO COLATERAL. El tesorero del Partido Nacionalista en las elecciones del 2011 recibió el doble de la pena que los jueces impusieron a los presuntos responsables. Al anularse la condena, Julio Torres busca justicia y reparación.
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Julio Torres Aliaga | La República | César Romero Calle
César Romero CalleEscucharResumenCompartirMiguel Julio Torres Aliaga no fue un objetivo político ni de política criminal, pero debió enfrentar 11 años de persecución fiscal y judicial y casi cinco meses de cárcel efectiva, sin haber cometido delito. Se le persiguió por haberse desempeñado como tesorero del Partido Nacionalista Peruano durante las elecciones del 2011. Ser tesorero de un partido político no es un delito.
Únete a nuestro canal de política y economíaPero el 2015, el Equipo Especial Lava Jato, a través del fiscal Germán Juárez Atoche, consideró que esa actividad era un indicio razonable para considerar que colaboró con Ilan Heredia para "dificultar la identificación del dinero empleado en la campaña de 2011 mediante la legitimación de aportes falsos". Así, debió afrontar un proceso penal por lavado de activos agravado, es decir, como integrante de una organización criminal. Desde entonces se le dificultó conseguir trabajo.
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Sin trabajo ni bancos
Julio Torres debe atender la manutención de una hija menor de edad, otro hijo con habilidades especiales y su anciana madre. “No podía conseguir trabajo ni de vigilante. Lo poco que conseguí fue rogando, un favor que duraba uno o dos meses pues en cuanto buscaban mi nombre en la web o se necesitaba el certificado judicial ya no renovaban el contrato”, dice. El otro problema es que se restringieron sus actividades bancarias.
Durante los últimos 11 años, Julio Torres solo pudo realizar transacciones vía el Banco de la Nación y en una cuenta en un banco privado, que la universidad, donde estudiaba su hijo mayor, abrió a su nombre para un reembolso. “Aun así, la cuenta estaba limitada a algunos movimientos, el banco nunca me dijo cuál era la limitación, pero se entiende que era por este caso”, señala.
Pena doble Su situación mejoró un poco en diciembre de 2024 cuando logró ganar en concurso público una plaza como especialista administrativo en la Defensoría del Pueblo, en un contrato que se renovó cada mes hasta abril de 2025. El 1 de abril le renovaron el contrato hasta diciembre de 2025, pero 14 días después su situación empeoró. El 15 de abril, el Tercer Juzgado Penal Nacional Colegiado lo condenó a ocho años de cárcel como coautor, que días después modificó a cómplice, de lavado de activos agravado y decidió su ingreso inmediato a prisión.
“En la Defensoría se quedó mi lonchera, mis objetos personales, había pedido permiso por unas horas para participar en la audiencia con la idea de regresar a almorzar y seguir con mis actividades, pero ya no pude hacerlo”, recuerda.
De comparecencia a la prisión
Desde el 2015 en que se formalizó la investigación, Julio Torres solo enfrentó comparecencia con la obligación de reportar sus actividades cada mes. La fiscalía nunca pidió su detención, arresto domiciliario o incluso impedimento de salida del país y asistió a todas las audiencias del juicio, pero los jueces consideraron que había peligro de fuga.
“En el peor de los casos lo podía condenar a, pero nunca enviarlo a prisión. La fiscalía lo acusaba de ser cómplice y según la ley le correspondía una pena menor al autor”, precisa su abogado Edinsón Huamán. Sin embargo, Julio Torres recibió el doble de pena del autor. Por los supuestos actos del 2011, Ilan Heredia recibió cuatro años de cárcel.
Incluso, al expresidente Ollanta Humala y a Nadine Heredia que eran supuestamente los principales responsables, les pusieron 5 años de cárcel. Humala, Nadine e Ilan sumaron penas mayores, pero por los aportes del 2006, evento en el que Julio Torres no tuvo participación.
El grito de una niña
La situación fue peor en la cárcel al ser un condenado por lavado de activos. La policía, el personal del INPE y los demás reclusos lo consideraban un reo con muchísimo dinero. Así cada día tenía un alto costo económico en prisión. Torres debió pagar por respirar, dormir, bañarse y alimentarse. "Lo peor fueron las primeras horas y días, para el personal penitenciario ya no eres una persona, ni siquiera un objeto, eres nadie, sin derechos ni medicinas, te puedes morir y no les importa", dice con pesar. Julio sufre de diabetes.
En septiembre del 2025, la Sala de Apelaciones le dio libertad al considerar que el Juzgado Penal Colegiado no había justificado el peligro de fuga para el adelanto del cumplimiento de la condena. Pero, el daño estaba hecho. Su hija menor creía que la había abandonado. La niña aún le reclama cuando este jueves lo ve salir de casa para cualquier actividad. "No me abandones", es su frase de despedida diaria.
En busca de justicia
Julio Torres y su abogado Edinsón Huamán recibieron el último jueves la resolución de la Sala de Apelaciones que archiva el caso por lavado de activos de las campañas del 2006 y 2011. Se cierra el caso, pero las repercusiones personales y profesionales continuarán. Las deudas se han acumulado y solo la solidaridad familiar le permite seguir adelante.
El ex tesorero del Partido Nacionalista Peruano buscará que el Estado lo indemnice por la persecución de que ha sido víctima. En tanto, han denunciado a los jueces del Juzgado Colegiado, Juana Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa, ante la fiscalía y la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.
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