Miguel Julio Torres Aliaga no fue ni objetivo político ni blanco de la política criminal, pero debió enfrentar una dura realidad: casi cinco meses de cárcel efectiva y once años de persecución fiscal. La razón? Su rol como tesorero del Partido Nacionalista Peruano durante las elecciones de 2011. Ser tesorero de un partido no es delito en sí mismo, sin embargo, el 2015 el Equipo Especial Lava Jato, liderado por el fiscal Germán Juárez Atoche, interpretó esa actividad como un indicio razonable. Según la acusación, habría colaborado con Ilan Heredia para "dificultar la identificación del dinero empleado en la campaña de 2011 mediante la legitimación de aportes falsos". Consecuencia inmediata: debió afrontar un proceso penal por lavado de activos agravado, tratándolo como integrante de una organización criminal. Esta calificación le costó más que libertad; el daño colateral fue severo. Al anularse finalmente su condena, Julio Torres busca justicia y reparación por los perjuicios causados. El impacto en su vida cotidiana ha sido devastador: se le dificultó conseguir trabajo desde entonces. Él recuerda con amargura que "No podía conseguir trabajo ni de vigilante". Lo poco que conseguía era rogando un favor que duraba uno o dos meses, pues al momento de renovar el contrato, si buscaban su nombre en la web o exigían el certificado judicial, todo se cancelaba. Hoy, sin empleo estable y con restricciones bancarias, debe atender la manutención de una hija menor de edad, otro hijo con habilidades especiales y a su anciana madre. La sentencia original fue tan dura que él recibió el doble de la pena que los jueces impusieron a los presuntos responsables reales. Su caso refleja cómo un error judicial o una persecución infundada puede destruir la trayectoria de una persona inocente, alejándola del mercado laboral y privándola de recursos básicos para su familia.

Durante los últimos once años, Julio Torres solo pudo realizar transacciones a través del Banco de la Nación o mediante una cuenta en un banco privado. Esta última fue abierta por la universidad donde estudia su hijo mayor para gestionar un reembolso, aunque el acceso nunca fue total. “Aun así, la cuenta estaba limitada a algunos movimientos, el banco nunca me dijo cuál era la limitación, pero se entiende que era por este caso”, señala el exfiscal.

Su situación legal comenzó a cambiar en diciembre de 2024 cuando ganó un concurso público para una plaza como especialista administrativo en la Defensoría del Pueblo. El contrato mensual se renovó hasta abril de ese año y posteriormente, el 1 de abril, fue extendido hasta diciembre de 2025. Sin embargo, apenas catorce días después de esta renovación, su realidad empeoró drásticamente. El 15 de abril, el Tercer Juzgado Penal Nacional Colegiado lo condenó a ocho años de cárcel como cómplice de lavado de activos agravado y ordenó su ingreso inmediato.

“En la Defensoría se quedó mi lonchera, mis objetos personales, había pedido permiso por unas horas para participar en la audiencia con la idea de regresar a almorzar y seguir con mis actividades, pero ya no pude hacerlo”, recuerda el funcionario. Este episodio marca un antes y un después tras años de comparecencias obligadas desde 2015. Desde que se formalizó la investigación, las autoridades fiscales nunca solicitaron una detención preventiva, arresto domiciliario ni impedimento de salida del país.

A pesar de haber asistido a todas las audiencias de juicio, los jueces decidieron imponer la prisión preventiva considerando un peligro de fuga. Así, Julio Torres pasó de ser un investigado libre con obligaciones de reporte mensual a estar recluido por cuatro meses y quince días, a causa de un delito que finalmente no existió según Lava Jato.

"En el peor de los casos lo podía condenar a, pero nunca enviarlo a prisión. La fiscalía lo acusaba de ser cómplice y según la ley le correspondía una pena menor al autor", precisa su abogado Edinsón Huamán. Sin embargo, Julio Torres recibió el doble de pena del autor. Por los supuestos actos del 2011, Ilan Heredia recibió cuatro años de cárcel. Incluso, al expresidente Ollanta Humala y a Nadine Heredia que eran supuestamente los principales responsables, les pusieron 5 años de cárcel. Humala, Nadine e Ilan sumaron penas mayores, pero por los aportes del 2006, evento en el que Julio Torres no tuvo participación.

El grito de una niña

La situación fue peor en la cárcel al ser un condenado por lavado de activos. La policía, el personal del INPE y los demás reclusos lo consideraban un reo con muchísimo dinero. Así cada día tenía un alto costo económico en prisión. Torres debió pagar por respirar, dormir, bañarse y alimentarse. "Lo peor fueron las primeras horas y días, para el personal penitenciario ya no eres una persona, ni siquiera un objeto, eres nadie, sin derechos ni medicinas, te puedes morir y no les importa", dice con pesar. Julio sufre de diabetes.

En septiembre del 2025, la Sala de Apelaciones le dio libertad al considerar que el Juzgado Penal Colegiado no había justificado el peligro de fuga para el adelanto del cumplimiento de la condena. Pero, el daño estaba hecho. Su hija menor creía que la había abandonado. La niña aún le reclama cuando este jueves lo ve salir de casa para cualquier actividad. "No me abandones", es su frase de despedida diaria.

En busca de justicia

El último jueves, Julio Torres y su abogado Edinsón Huamán recibieron la resolución de la Sala de Apelaciones que archiva el caso por lavado de activos de las campañas del 2006 y 2011. Se cierra el expediente legal, pero las repercusiones personales y profesionales continúan: las deudas se han acumulado y solo la solidaridad familiar le permite seguir adelante.

El ex tesorero del Partido Nacionalista Peruano buscará que el Estado lo indemnice por la persecución sufrida. En tanto, han denunciado a los jueces del Juzgado Colegiado —Juana Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa— ante la fiscalía y la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Este es el desenlace tras meses en prisión por un delito que no existió.

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