De los 37 casos judicializables de violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden entre 1980 y 2000 que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entregó a la Fiscalía, en 13 hubo procesos en el fuero militar, que culminaron en impunidad o con penas benignas.
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Fuero militar permitió impunidad en 13 casos de violación de DD.HH. Foto: LR
María Elena CastilloEscucharResumenCompartirLa justicia para la masacre de 39 comuneros de Cayara (Ayacucho) cometida por efectivos militares en 1988 podría frustrarse si la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria acoge el pedido de los acusados de archivar su caso invocando la ley N.º 32735, que amplía el delito de función a las violaciones de derechos humanos.
Únete a nuestro canal de política y economíaLa semana pasada, el viernes 7 de agosto, el abogado Ricardo Franco de la Cuba sustentó su solicitud ante el tribunal, señalando que la causa ya cuenta con un fallo definitivo del fuero militar que sobreseyó el proceso. Por ello, asegura que se trata de una cosa juzgada.
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La decisión que tome la Sala al respecto podría abrir o cerrar la puerta para otros casos de desaparición forzada, tortura o ejecuciones extrajudiciales cometidos por efectivos militares o policiales durante el conflicto armado interno, entre 1980 y 2000, que se procesaron en el fuero castrense. La mayoría culminó en el archivo o con penas benignas. Un ejemplo de ello son 13 de las 37 denuncias que presentó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) al Ministerio Público que involucran a miembros de las fuerzas del orden.
Los expedientes entregados a la Fiscalía —a los que La República tuvo acceso— contienen documentación de los procesos que se iniciaron en el fuero común, pero que pasaron a tribunales militares, por violaciones a derechos humanos contra 502 personas, de las que 44 eran menores de edad, tenían entre 8 meses de nacido y 17 años.
Todos terminaron en impunidad: 8 fueron sobreseídos, en uno concluyeron que no hubo mérito para abrir instrucción, un caso prescribió y en 3 hubo condenas, pero los sentenciados se beneficiaron poco después con las leyes de amnistía de 1995.
La masacre de Cayara
Desde un inicio, el fuero castrense intentó ocultar los crímenes perpetrados por efectivos del Ejército en el marco del Plan Operativo 'Persecución', organizado para buscar terroristas que el 13 de mayo de 1988 atacaron a un convoy militar en Erusco, asesinando a cuatro efectivos. Sin embargo, cuando las patrullas llegaron a Cayara el 14 de mayo, la operación de las fuerzas del orden se convirtió en una matanza, con el posterior asesinato de testigos.
El informe de la investigación que hizo Inspectoría de la Segunda Región Militar del Ejército N°27K1/SRM/20.04 señaló que la población participó en la emboscada al convoy militar por su cercanía a Erusco. Afirmó que recuperaron armas y frazadas de la patrulla atacada, propaganda, uniformes, un pasamontaña y una carta de un poblador indicando que eran terroristas, aunque nunca mostraron dichos elementos a las autoridades civiles.
El 23 de mayo de 1988, el Consejo de Guerra Permanente de la Segunda Zona Judicial del Ejército abrió instrucción contra los que resulten responsables por los delitos contra la vida, cuerpo y la salud y por abuso de autoridad de pobladores de Cayara.
El Plan Operativo 'Persecución' fue preparado y ordenado por el jefe político-militar de Ayacucho de ese entonces, el general José Valdivia Dueñas, e intervinieron 6 patrullas de la Compañía Lince y 4 de las bases contrasubversivas de Pampacangallo, Huancapi y San Pedro de Hualla. En total fueron 200 efectivos militares.
Según la versión de los jefes de patrulla que participaron en el operativo, al llegar encontraron los cuerpos de tres hombres y una mujer no identificados, y a la entrada de Cayara hallaron el cadáver de un presunto subversivo. Además, indicaron que unos niños les avisaron que en la Iglesia había cinco terroristas muertos y una columna se desplazaba por la quebrada de Cceschua, con la que se enfrentaron, muriendo ocho subversivos.
Sin embargo, testigos y autoridades de Cayara denunciaron ante la Fiscalía que tras la emboscada contra el convoy militar en Erusco, la mayor parte de la población se fue por temor a represalias. Refirieron que efectivos del Ejército ejecutaron a los pobladores que celebraban la fiesta de la Virgen de Fátima en la iglesia o en sus domicilios.
Añadieron que en Cceshua, los militares seleccionaron a 20 hombres a quienes acusaron de terroristas y delante de las mujeres los golpearon y apuntaron con sus armas para hacerlos confesar. Finalmente los asesinaron con machetes y hachas. Dos días después sus familiares los enterraron, pero culparon a los militares de llevarse los cadáveres días después para ocultar lo que pasó.
Posteriormente, indicaron que el 18 de mayo de 1988 efectivos del orden mataron a otros tres pobladores de Erusco que estaban en una “lista negra”. Asimismo, el 29 de junio detuvieron y desaparecieron a cinco comuneros de Cayara, entre ellos a Gregorio Ipurre Ramos, quien un mes antes dio su testimonio ante un oficial investigador del Ejército que llegó a la comunidad: relató que su casa había sido incendiada y que su esposa le dijo que los militares lo estaban buscando, por lo que se escondió en su chacra por temor.
Además, señalaron que el 14 de diciembre interceptaron y asesinaron a tres comuneros de Cayara que viajaban en un camión, entre ellos a Fernandina Palomino Quispe, una de las tres mujeres testigos de la masacre que hicieron la denuncia inicial ante la Fiscalía Superior de Ayacucho.
El fiscal Carlos Escobar, que estuvo a cargo del caso en el fuero ordinario, visitó Cayara seis días después de los primeros asesinatos y constató que en el interior y exterior de la iglesia había restos de sangre. El 27 de mayo de 1988 dirigió la exhumación de cinco fosas donde hallaron prendas manchadas de sangre, mechones de cabello y fragmentos de hueso; incluso se recuperó la piel de una mano como en forma de un guante. En su informe, detalló que en todas las fosas había un "olor fétido a cadáver".
Tras cinco meses de investigación, el fiscal consideró que había suficientes elementos para denunciar a los integrantes de la patrulla por el delito de homicidio con gran crueldad, entre otros, así como a los que dieron las órdenes, incluyendo al jefe político-militar de Ayacucho. Pero ante los cuestionamientos de las autoridades militares, el Ministerio Público nombró otro fiscal para ampliar las diligencias, quien archivó provisionalmente el caso.
Por su parte, la investigación militar concluyó que las muertes se produjeron durante un enfrentamiento con las patrullas. Precisó que las fuerzas del orden no incurrieron en actos de “saqueo a domicilios, violaciones a mujeres, quema de casas, ni detención de ciudadanos”. Por ello opinó que se exima penalmente a los militares que participaron, "debiendo disponerse el sobreseimiento de la presente causa y su archivamiento definitivo".
El 12 de mayo de 1989, el Consejo de Guerra Permanente de la Segunda Zona Judicial del Ejército sobreseyó el caso, lo que fue confirmado por el Consejo Supremo de Justicia Militar el 31 de enero de 1990.
No tienen competencia
Tras la entrega del informe de la CVR y en base al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del 2001, señalando que los tribunales castrenses no tenían competencia para procesar masacres como las de Cayara y otros graves delitos contra la humanidad, el fuero ordinario investigó el caso y condenó por homicidio calificado a dos oficiales y 16 integrantes de una de las patrullas que participaron en los crímenes.
Se reservó el juicio contra ocho reos ausentes y contumaces, entre ellos el jefe político-militar de Ayacucho, José Valdivia Dueñas. El proceso actual es contra el oficial Alejandro Avendaño Dávila y el suboficial Gino Espejo Lamas, quienes estuvieron prófugos y fueron capturados con posterioridad.
Gloria Cano, abogada de las víctimas de la masacre de Cayara, remarcó que el Tribunal Constitucional ha establecido que no es idóneo para ver casos de derechos humanos y que solo tiene competencia para evaluar los delitos de función, es decir, lo que “tiene que ver con el quehacer de la vida militar”, y por ello no debió avocarse como lo hizo.
"El pedido debe ser declarado improcedente, ya que existe una obligación del Estado en investigar, juzgar y sancionar las violaciones a derechos humanos. Los Estados no pueden ampararse en obstáculos procesales, como lo han querido hacer al promulgar leyes para dejar en impunidad estos graves crímenes. De hacerlo, recaen en responsabilidad internacional", advirtió.
Los mismos patrones
Otros siete casos de violaciones a derechos humanos cometidos por miembros del orden en los años de violencia política, entregados por la CVR al Ministerio Público, fueron archivados en el fuero militar sin mayor investigación o atendiendo solo la información brindada por los acusados.
Uno de ellos es el expediente sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales contra 57 personas cometidas por efectivos de Marina entre junio y agosto de 1984, cuando el jefe del destacamento de la Infantería de Marina de Huanta y La Mar era el capitán de corbeta Álvaro Artaza Adrianzén, cuyo apelativo era 'comandante Camión'.
Se trataba del asesinato de seis evangélicos de la comunidad de Callqui, entre los que había dos jóvenes de 16 y 17 años, el 1 de agosto de 1984; la desaparición del corresponsal de La República, Jaime Ayala Sulca, ocurrida un día después; y la ejecución extrajudicial de 50 personas no identificadas, cuyos cadáveres fueron hallados en cuatro fosas en la zona de Pucayacu el 23 de agosto de 1984.
En los tres casos, el fuero común inició las investigaciones de inmediato contra Artaza y los que resulten responsables; posteriormente lo hizo el tribunal castrense y plantearon contiendas de competencia argumentando que se trataban de delitos de función. Estos últimos solo tomaron en cuenta las declaraciones de los militares investigados y poco o nada los testimonios de los familiares de las víctimas ni las evidencias de los delitos que sí destacó la Fiscalía en sus investigaciones.
En julio de 1985, sin tomar en cuenta las decenas de denuncias ante la Fiscalía por la detención de ciudadanos en Huanta y comunidades cercanas, el juez sustituto de Marina en Ayacucho consideró que no se había quedado acreditada la responsabilidad de Artaza y recomendó sobreseer el caso de las fosas de Pucayacu, cuyo expediente era el N.º 784-84. El Consejo Supremo de Justicia Militar lo confirmó el 7 de mayo de 1986.
Poco importó que los protocolos de necropsia señalaran que 35 de las 50 personas murieron por herida de bala en la cabeza y cuello, y 15 por traumatismo en el cráneo, tórax, estrangulamiento y heridas punzocortantes. Todos los cuerpos estaban desnudos y 40 tenían las manos atadas y los ojos vendados. Además, en 13 había huellas de hematomas, fracturas y otras lesiones que se habrían hecho en vida.
Lo mismo ocurrió con el asesinato de los evangélicos de Callqui. El 3 de febrero de 1986, el Consejo de Guerra Permanente de la Marina archivó el expediente N.º 172-85 y diez días después lo confirmó el Consejo Supremo de Justicia Militar, acatando solo la versión de los infantes de Marina que afirmaron haber repelido el ataque de elementos subversivos.
Un rumbo diferente tomó el caso del periodista Jaime Ayala, desaparecido desde el 2 de agosto de 1984, tras haber ingresado a la base de la Marina ubicada en el estadio de Huanta. En 1986, la Corte Suprema dirimió la contienda de competencia a favor del fuero común, pero el proceso se cortó porque el director de Personal de la Marina informó el presunto secuestro de Artaza ocurrido nueve días después del fallo. En 1989 se declaró su muerte presunta, solicitada por el procurador público de la Marina.
LOS CASOS
Nombre del casoVíctimasFuero militar1Caso Huanta 1984-Infantes de Marina asesinaron a 6 evangélicos de Callqui en agosto 1984
-Desaparición de Jaime Ayala
-Ejecuciones de 50 personas aparecidas en Pucayacu.
Expediente N.º 172-85 Caso Callqui
Sobreseído el 13 de febrero de 1986.
Expediente 784-84 Caso Pucayacu
Sobreseído el 7 de mayo de 1986.
2Caso Pucayacu II
7 pobladores detenidos en varias comunidades y ejecutados el 7 de agosto de 1985.
Expediente N.º 1693-85
Sobreseído el 24 de julio de 1990.
3Ejecuciones extrajudiciales en AccomarcaEl 14 de agosto de 1985, efectivos del Ejército, violaron mujeres y asesinaron a 62 comuneros, de los que 28 eran menores de edad: tenían entre 8 meses y 16 años.
Expediente N.º 1694-85
Condenaron solo al subteniente Telmo Hurtado, jefe de la patrulla, a 6 años de prisión. Anulado por leyes de amnistía en 1995.
4Ejecuciones extrajudiciales en los penales Lurigancho y El FrontónEl 18 y 19 de junio de 1986, 245 presos por terrorismo fueron ejecutados tras debelar los centros penitenciarios tomados por los reclusos.
Expediente El Frontón.
Sobreseído en 1989.
Lurigancho
Condenaron a personal de la Guardia Republicana en 1990. Anulado por leyes de amnistía de 1995.
5Ejecuciones arbitrarias en Pomatambo y Parcco AltoEl 22 y 23 de octubre de 1986, una patrulla de la base de Vilcashuamán detuvo y asesinó a 12 personas. Los quemaron para desaparecerlos.
Expediente N.º 06-87/594-88
Sobreseído en junio de 1988.
6Masacre de CayaraEl 14 de mayo de 1988, personal de las bases de Huancapi y Hualla, así como Linces, asesinaron a 39 pobladores.
Expediente N.º 223-88
Sobreseído el 31 de enero de 1990.
7Crimen de Hugo BustíosEl periodista Hugo Bustíos fue asesinado el 24 de noviembre de 1988 por militares de la base de Huanta.
Expediente N.º 172-90
Sobreseído en 1991.
8Desaparición forzada de candidatos de Huancapi
El 19 de abril de 1991, efectivos de la base de Huancapi detuvieron a 6 candidatos. Continúan desaparecidos.
Expediente 1786-91
Sobreseído en octubre de 1994.
9Masacre de campesinos de Santa Bárbara
El 4 de julio de 1991, efectivos de la base de Lircay (Huancavelica) detuvieron a 15 personas, de las que 7 eran niños. Los asesinaron y volaron en la mina “Misteriosa”.
Expediente N° 2118-91
Condenaron al teniente Javier Bendezú, jefe de la patrulla, por abuso de autoridad con agravante de falsedad a 10 años en 1993. Anulado por leyes de amnistía de 1995.
10Destacamento Colina
-Ejecutaron a 15 personas en Barrios Altos en noviembre de 1991.
-Secuestraron y asesinaron a 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en julio de 1992.
Expediente 494-94 Barrios Altos
Sobreseído en julio de 1995.
Expediente causas acumuladas 157-93 y 8841-93 La Cantuta
En 1994, el Consejo Supremo de Justicia Militar sentenció solo a miembros del grupo Colina. Anulado por leyes de amnistía en 1995. Los altos mandos fueron absueltos.
11Ejecuciones extrajudiciales en el penal Miguel Castro CastroEntre el 6 y 9 de mayo de 1992 agentes de la Policía ejecutaron a 42 internos por terrorismo del penal Miguel Castro Castro al realizar un operativo Mudanza IEn noviembre de 1992, la Segunda Sala del Consejo Superior de Justicia de la Zona Judicial de la Policía resolvió que no había mérito parar abrir instrucción.
12Homicidio de Indalecio PomatantaEl 2 de abril de 1995, efectivos de la Marina de la Base Contrasubversiva San Alejandro (Pucallpa), golpearon y quemaron a Indalecio Pomatanta.
Expediente N° 2195-0595
Prescribió el delito de negligencia el 7 de enero de 2003.
13Ejecuciones extrajudiciales en el operativo Chavín de HuantarAsesinato de 2 terroristas del MRTA rendidos tras el operativo de rescate de los rehenes en la residencia del embajador de JapónExpediente 52000-2002-0071-CSJM
Sobreseído
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