Panorama. El antiguo comandante sandinista que llegó al poder tras derrocar a la dinastía Somoza busca ahora blindar su permanencia y asegurar la continuidad del poder junto a su esposa, Rosario Murillo. La oposición está en el exilio, las instituciones bajo control oficialista y el futuro electoral del país en suspenso.
"Aquí no volverá a haber elecciones". Con esa frase, pronunciada el 19 de julio durante la conmemoración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega dejó de lado la última apariencia de normalidad electoral que conservaba Nicaragua. A sus 80 años, el dictador que llegó al poder con una revolución contra una dinastía familiar avanza ahora hacia la construcción de otra, esta vez junto a su esposa, Rosario Murillo, y con el aparato del Estado bajo su control.
"Ellos intenten atrapar el gobierno, atrapar el poder", afirmó ante una audiencia oficial en Managua. También anunció que la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobará reformas destinadas a ponerles un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatria.
Nicaragua debía acudir nuevamente a las urnas en 2027, después de que una reforma constitucional aplazara los comicios previstos originalmente para 2026. Ahora, incluso esa convocatoria está en duda. La pregunta ya no es si Ortega controla las elecciones. Las últimas décadas demostraron que sí. La pregunta es por qué un gobernante que domina el sistema electoral, la Asamblea Nacional, la Justicia, la Policía y las Fuerzas Armadas necesita eliminar incluso la posibilidad de votar.
Para Dora María Téllez, histórica comandante de la Revolución Sandinista y posteriormente perseguida por el régimen, la respuesta es esta: "Ya en 2021 Ortega tuvo muchísimo miedo a ir a una elección, por lo que barrió con todo hasta que él quedó solito. Cinco años después, el miedo se ha elevado muchísimo más", citó la agencia de noticias AFP.
El anuncio supone un salto cualitativo en un proceso que, según opositores, organismos internacionales y expertos, lleva años desmantelando la democracia nicaragüense. La Asamblea Nacional prepara una reforma constitucional que establecería un mandato presidencial de siete años, con un mecanismo de renovación todavía no precisado, y que cerraría aún más el espacio político para los partidos opositores, a los que Ortega acusa de estar al servicio de Estados Unidos.
Por su parte, Félix Maradiaga, excandidato presidencial encarcelado antes de los comicios de 2021 y posteriormente exiliado en Estados Unidos, coincide en que la abolición de las elecciones no representa necesariamente una demostración de fuerza. "Ortega sabe que no puede descartar un escenario de elecciones imperfectas, bajo sus reglas, en el que un candidato desconocido reciba el respaldo de los liderazgos más conocidos", explicó para el mismo medio.
La historia de Daniel Ortega está atravesada por una ironía profunda. En 1979, el triunfo del FSLN puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, último representante de una familia que había dominado Nicaragua durante décadas. Entonces joven dirigente revolucionario, llegó al poder en nombre de un proyecto que prometía transformar la sociedad y romper con la tradición autoritaria. Sin embargo, el camino hacia su consolidación actual no fue lineal. El terremoto que destruyó Managua el 24 de diciembre de 1972 había dejado al descubierto la fragilidad del régimen somocista anteriormente. Este sismo, de magnitud 6,2, destruyó aproximadamente el 75 % de las viviendas y edificios del centro de la capital nicaragüense. Los incendios se prolongaron hasta enero de 1973 y las estimaciones de víctimas superaron los 10.000 muertos, acercándose a los 20.000 heridos.
A pesar de ello, la revolución que llegó siete años después impulsó campañas de alfabetización y vacunación, buscando reducir la brecha entre las ciudades y el campo. Pero la guerra, la polarización y la presión internacional llevaron al sandinismo a aceptar su derrota en las elecciones de 1990. Violeta Barrios de Chamorro obtuvo el 54% de los votos y derrotó al FSLN. Ortega aceptó la derrota y poco después resumió su nueva estrategia con una frase que adquiriría un significado distinto con el paso del tiempo: "Vamos a gobernar desde abajo".
En 2007 regresó a la Presidencia mediante las urnas, pero desde entonces la relación con las instituciones fue cambiando hasta convertir la competencia política en una formalidad cada vez más estrecha. La independencia judicial fue debilitada y el Consejo Supremo Electoral quedó bajo influencia oficialista. La Asamblea Nacional pasó a funcionar con una mayoría afín al Ejecutivo y las reformas constitucionales permitieron ampliar sus márgenes de permanencia. Este proceso desembocó en las elecciones de 2021, cuando los principales aspirantes opositores fueron encarcelados antes de los comicios.
Ortega se proclamó vencedor con más del 75% de los votos, en unos comicios rechazados por buena parte de la comunidad internacional. Para entonces, el sistema electoral ya no representaba una amenaza real para el mandatario. La fractura definitiva llegó en 2018. Una reforma al sistema de seguridad social, que contemplaba un aumento de las contribuciones y un gravamen del 5 % sobre las pensiones de jubilación, provocó protestas que comenzaron con jubilados y estudiantes y rápidamente se transformaron en una movilización nacional contra Ortega.
Hoy, el temor tiene además una dimensión interna. Para Maradiaga, la eliminación de las urnas también impediría cualquier competencia por el poder dentro del propio sandinismo y facilitaría una sucesión familiar en torno a Rosario Murillo y Laureano Ortega Murillo, uno de los hijos de la pareja presidencial. Así se cierra el ciclo que comenzó con la revolución contra Somoza, para culminar en una nueva concentración de poder donde las instituciones han perdido su independencia y la alternancia se ha convertido en un recuerdo lejano.
La narrativa oficial intenta ocultar esta deriva autoritaria, presentando al gobierno como garante del orden frente a supuestos enemigos externos e internos. Sin embargo, los hechos demuestran una transformación radical desde los ideales libertadores de 1979 hasta la actual dictadura. La eliminación de las urnas no es solo un acto administrativo, sino el sello final de un régimen que ya no necesita legitimidad popular para sostenerse en el poder.
La resistencia ciudadana ha sido constante, aunque reprimida sistemáticamente. Desde las protestas del 2018 hasta la actualidad, miles de nicaragüenses han exigido libertades básicas y un fin a los abusos del régimen. La comunidad internacional mantiene una postura crítica, pero la falta de mecanismos efectivos para proteger a la población civil sigue siendo un desafío mayor.
La respuesta del Estado ante el levantamiento fue brutal. Entre 350 y 500 personas perdieron la vida, mientras que cerca de 2.000 resultaron heridas y miles fueron detenidos, cifras recogidas en informes y testimonios citados en esta recopilación. Naciones Unidas documentó graves violaciones de derechos humanos y señaló que algunas prácticas represivas podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la persecución pronto dejó de limitarse a los manifestantes iniciales. Políticos, periodistas, empresarios, sacerdotes, académicos, antiguos comandantes sandinistas y organizaciones de la sociedad civil fueron perseguidos sistemáticamente. Cientos de ONG, medios de comunicación e universidades independientes fueron cerrados o confiscados, consolidando un control total sobre el espacio público.
La represión también cruzó las fronteras físicas y jurídicas. Al menos 452 nicaragüenses han sido privados de su nacionalidad según la documentación del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas. Miles más terminaron en el exilio forzado. Entre los antiguos revolucionarios alcanzados por este cerco estuvo Humberto Ortega, hermano del presidente y antiguo jefe del Ejército. Su muerte en 2024, bajo arresto domiciliario impuesto por el régimen, terminó de convertir una vieja fractura familiar en uno de los símbolos de la transformación política del país.
También fueron perseguidos antiguos dirigentes sandinistas como Bayardo Arce, mientras Sergio Ramírez, vicepresidente durante el primer gobierno revolucionario, perdió la nacionalidad junto con otros opositores. En conclusión, la revolución que había combatido la concentración del poder terminó produciendo una estructura en la que casi todo el poder converge en una pareja. La reforma constitucional de 2025 hizo explícita esa concentración. Rosario Murillo pasó de vicepresidenta a copresidenta y quedó situada formalmente en el centro del nuevo esquema de poder. La modificación institucional convirtió en ley una realidad política que ya funcionaba de facto: la subordinación de las principales instituciones del Estado a la pareja presidencial.
Con Ortega envejecido y con problemas de salud, la sucesión se convirtió en la principal incógnita del régimen. Téllez habla de un "trauma sucesorio dentro del Frente Sandinista". Según su interpretación, Ortega y Murillo no solo temen a una oposición externa, sino también a posibles traiciones dentro del propio FSLN, donde varios dirigentes fueron desplazados, perseguidos o encarcelados. El horizonte familiar aparece entonces como una alternativa de continuidad ante este miedo interno.
Laureano Ortega Murillo, de 42 años, adquirió protagonismo en las relaciones internacionales del régimen, especialmente con Rusia y China. Otros hijos de la pareja también ocupan posiciones dentro de la estructura estatal, asegurando que el legado revolucionario se transforme en una dinastía hereditaria donde la lealtad familiar sustituye a la ideología original.
La posibilidad de una sucesión dinástica en Nicaragua tropieza con un obstáculo decisivo: el Ejército. Aunque Orlando Pérez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte de Texas, señaló que "la única institución dentro de Nicaragua que pudiera en última instancia ser algún poder moderador" son las Fuerzas Armadas, advirtió que su autonomía se ha erosionado drásticamente. Según recogió El País, Mónica Baltodano, historiadora experta, considera que no existen condiciones claras para que esta fuerza acepte una transmisión hereditaria del poder. Pérez profundizó en este análisis al afirmar para el medio español: "Ortega y Murillo han purgado la gran mayoría de oficiales de alto y medio rango, y han ido calando la profesionalidad del Ejército, creando uno plegado y subordinado a la familia". Hoy, según su diagnóstico, las tropas están totalmente subordinadas al régimen.
Una oposición sin urnas
Más allá del poder castrense, la desaparición de las elecciones deja a la opositora ante un problema que ya no es únicamente electoral: cómo organizar una alternativa política cuando casi todos sus instrumentos internos han sido eliminados. Téllez sostiene que dentro de Nicaragua "no existe ningún partido político, ninguna organización de la sociedad civil, ningún movimiento social, ningún medio de comunicación independiente". La única excepción formal sería el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que conserva nueve diputados en la Asamblea Nacional y que la opositora considera un "partido parásito del Frente Sandinista".
No obstante, Maradiaga ofrece una lectura menos definitiva. Habla de una "resistencia silenciosa" formada por pequeñas redes comunitarias y municipales que sobreviven bajo vigilancia y persecución. Son estructuras que no pueden exponerse públicamente sin poner en riesgo a quienes las integran.
Para Eliseo Núñez, exdiputado refugiado en Costa Rica, la salida debe seguir siendo democrática: "Otro camino activaría un nuevo ciclo de violencia", advirtió. El desafío es todavía mayor porque el régimen también persigue a los opositores fuera del territorio nacional. Naciones Unidas documentó una maquinaria de vigilancia, amenazas y represalias contra exiliados y familiares en Nicaragua.
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