Ayer, Correo Lima expuso una segunda versión del fenómeno de los "Pepe el vivo" que amenaza las próximas elecciones regionales y municipales. Si la primera ola consistió en candidatos a regidores que desplazaron aspirantes a alcaldes tras renuncias oportunistas de titulares, ahora surge un patrón distinto: los propios alcaldes abandonan sus cargos para lanzar a cónyuges, padres o hermanos como relevo.

Solo en la capital se han identificado 15 casos de este tipo, aunque el número podría ser mayor al extenderse por otras zonas del país. Lo alarmante no es solo la parentela, sino que los partidos políticos permiten estas maniobras que dañan a las propias agrupaciones. Al quedar estas estructuras como entidades informales —e incluso chichas— ante el ciudadano común, todo se vuelve posible dentro de ellas.

Idealmente, dada la imposibilidad teórica y ya burlada de la reelección, los partidos deberían capacitar nuevos cuadros para hacer relevo ordenado. Sin embargo, lo que ocurre es permitir que salientes deleguen su posición en familiares cercanos, mientras ellos mismos se postulan como primeros regidores. Esta práctica representa la máxima expresión de la viveza criolla amparada en vacíos legales.

Ante este escenario, el nuevo Congreso bicameral debe legislar con urgencia para cerrar el paso a quienes se creen dueños de los cargos junto a sus parientes. Mientras tanto, la responsabilidad recae sobre los electores: deben hacerse respetar y castigar en las urnas a esta gente que busca perpetuarse mediante mecanismos cuestionables.

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