La metodología Building Information Modeling (BIM) es la tecnología que ahora deberán incorporar las obras públicas en el Perú. La obligación rige desde el último 14 de agosto del 2026, es decir, 12 meses después de la publicación de la Resolución Directoral 0007-2025-EF/63.01 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), emitida en 2025.
Esa resolución estableció las 14 tipologías de proyectos del Gobierno nacional y de los gobiernos regionales que deberán desarrollarse aplicando BIM, entre ellas hospitales, carreteras y defensas ribereñas. El instrumento, sin embargo, no es nuevo: se impulsó desde 2017 con el contrato Gobierno a Gobierno (G2G) suscrito con el Reino Unido para los Juegos Panamericanos 2019, aunque recién se consolidó como política de Estado con el Plan BIM en los años siguientes.
En 2019, el MEF aprobó disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública y, entre 2020 y 2024, se desarrolló una hoja de ruta, guías y lineamientos.
Para los especialistas consultados por Gestión, la implementación tendría un impacto especialmente relevante en proyectos de infraestructura de gran escala y complejidad, donde una coordinación deficiente durante el diseño puede generar modificaciones, mayores costos y retrasos en la ejecución. Germán Elera, presidente del Consejo BIM de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), resaltó que la principal oportunidad está en mejorar la calidad de los expedientes técnicos desde las primeras etapas.
“La obligatoriedad va a permitir que los proyectos se ejecuten de una mejor manera, evitar paralizaciones de obra y contingencias porque el expediente está mal hecho [...] Si el proyecto está en fase de idea, BIM puede aplicarse desde la formulación y evaluación; si ya pasó dicha fase, se aplica desde la elaboración del expediente técnico”, comentó a Gestión.
La obligatoriedad recién se estrena, pero hay entidades que ya venían usando la metodología BIM por decisión propia, por las características de sus contratos o por estándares exigidos en proyectos con participación internacional. Así lo precisó el representante de Capeco, quien señaló que diversas obras de distintas modalidades ya la aplicaban en sus diseños. Las cifras del MEF lo confirman: a diciembre de 2025, 131 entidades y empresas públicas habían iniciado formalmente su proceso de adopción de BIM. Del total, 106 eran entidades públicas y 25 empresas públicas; 98 pertenecían al Gobierno nacional, 25 a gobiernos regionales y ocho a gobiernos locales.
¿En qué proyectos se usará? Según el MEF, la tecnología BIM aplica para infraestructura de riego, red de internet fijo, infraestructura cultural pública, educación superior universitaria y su gestión institucional, comisarías, defensas ribereñas, infraestructura de protección de quebradas, desembarcadero pesquero artesanal, centros de promoción de la ciencia y la tecnología, establecimientos de salud hospitalarios, carreteras departamentales y nacionales, y sistemas integrados de transporte.
Para Patricio Zapata, especialista en tecnología BIM de Graphisoft Latinoamérica, esta aplicación permitiría “construir más con la misma cantidad de dinero”. “Se produce un ahorro sustantivo porque el software BIM contiene mucha más información que lo que un [modelo] 2D puede contener”, precisó. En tanto, Elera recordó que las experiencias internacionales demuestran que, con una implementación adecuada y las inversiones necesarias en software, hardware y capacitación, los proyectos pueden lograr reducciones de entre 10% y 15% en tiempo y de entre 15% y 20% en costos.
El especialista de Graphisoft precisó que, aunque la metodología BIM se aplica a distintas tipologías de obra, no es lo mismo implementarla en una edificación que en una obra lineal como una carretera, una vía férrea o una línea de metro, las cuales presentan mayores retos para intercambiar información entre los distintos participantes. Justamente, el uso del BIM en proyectos puede registrar reducciones de entre 10% y 15% en tiempo y de entre 15% y 20% en costos, según se estima.
Entre los proyectos que ya han incorporado esta metodología, recordó, figuran algunas iniciativas G2G como la Nueva Carretera Central, así como los hospitales de alta complejidad de Abancay, Piura y Trujillo. También se ha aplicado en obras que se ejecutan vía Asociación Público-Privada (APP), como el Anillo Vial Periférico de Lima y la Ciudad Aeropuerto.
“Algunos corresponden a iniciativas privadas, pero en el sector público, poco a poco, van a tener que incorporarlo [...] Todas las líneas de metro tienen que hacerse con tecnología BIM; cualquier proyecto público de saneamiento, de irrigación, de colegios como la Escuela Bicentenario deben aplicarlo. Ya no va más la construcción tradicional”, señaló.
Respecto a las obras paralizadas, a nivel nacional la Contraloría General de la República estimaba más de 2,700 a inicios del 2026. Aunque la metodología BIM ayudaría a evitar que más proyectos se detengan, no es una solución general para reactivar todas las obras públicas paralizadas, sino que tendría que evaluarse caso por caso. En esos escenarios, explicó Zapata, “normalmente en los saldos de obra hay un levantamiento de condiciones existentes porque viene otro contratista y pregunta: ‘¿cómo se dejó el hospital?’. Ahí es donde levantas la información para seguir trabajando bajo la metodología BIM y continuar un expediente que posiblemente no se terminó”. Para ello, es posible utilizar tecnologías de levantamiento, como el escaneo láser, que permiten reconstruir digitalmente las condiciones actuales de una infraestructura y determinar cómo continuar el proyecto.
La implementación de la metodología BIM no se limita a la adquisición de un software ni a una capacitación breve. Según Elera, “implementar BIM no es solo comprar un software y capacitar a alguien por dos o tres meses, esto toma tiempo. Implementar BIM en una empresa de construcción puede tomar dos a tres años, es por eso que se hizo progresivamente”. Quienes no hayan avanzado previamente, advierte, tendrán un reto importante para adaptarse a la nueva exigencia.
La entrada en vigencia de la obligación también plantea un desafío para las entidades públicas, que necesitan contar con funcionarios que conozcan la metodología y sepan qué información solicitar y cómo utilizarla durante el desarrollo de una inversión. Aunque algunas entidades ya tienen personal preparado, la rotación de funcionarios puede “dificultar el despliegue de capacidades digitales”.
En ese contexto, un nuevo ejecutor puede estimar cuánto costaría realmente terminar la obra, lo que reduce la incertidumbre que enfrenta una empresa cuando recibe información incompleta o desactualizada de un proyecto que dejó otro contratista. “En las obras que están paralizadas por temas legales, no necesariamente por falencias del diseño, se podría digitalizar todo su material y con ello evaluar cuál sería el costo real de continuar”, refirió.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
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