El senador Fernando Rospigliosi ha presentado una denuncia contra el juez de Tayacaja, José Matos, por enviar a prisión a ocho militares investigados por la muerte de cinco jóvenes en Colcabamba, Huancavelica. Los soldados sostienen que los abatidos eran narcotraficantes y que les dispararon, mientras que la Fiscalía considera que hubo uso excesivo de la fuerza. Rospigliosi insiste en que debe investigarse a fondo el caso y ya acumula cuatro denuncias por prevaricato contra magistrados desde que asumió el cargo.
En otro frente, la izquierda radical continúa buscando desestabilizar al país. El diputado de Juntos por el Perú, Oswar Cahuaza, apoya el violento paro en Ucayali, donde un paciente que era trasladado en ambulancia al hospital falleció porque no le permitieron el paso. Basta ya de estas acciones que atentan contra la vida de los ciudadanos.
La situación del aparato estatal también genera preocupación. El gasto en planillas del Estado subió a 41 % en los últimos diez años, destinándose 389 mil millones de soles al pago de sueldos. Se han creado más puestos sin ningún control, por lo que urge una reingeniería del Estado. Keiko, Fuerza Popular y los demás partidos que no se hagan los desentendidos elevaron el gasto de planillas en el Congreso y permitieron que se desperdicien cientos de millones de soles en un club privado y en bonos por no hacer nada.
El Congreso anterior permitió la virtualidad total del trabajo legislativo, y algunos sesionaban tomando sol en la playa. Ayer, el diputado de Fuerza Popular Jaime Abensur se mostró a favor de mantener esta modalidad y negó que sea una ‘gollería’. ¿En serio?
Finalmente, cuarenta miembros del cuerpo de seguridad del excandidato Roberto Sánchez fueron desalojados del local de Juntos por el Perú y dejados en la calle. Ellos denunciaron que los abandonaron a su suerte pese a haber arriesgado sus vidas. “Nos botan como a perros”, dijeron.
Casi cien homicidios
El general Víctor Revoredo ha denunciado con indignación que jueces y fiscales dejan libres a los hampones más peligrosos, y por eso exige cadena perpetua para ellos. En este contexto, la delincuencia se ha convertido en el principal problema del país: solo entre el 28 de julio, fecha en que Keiko Fujimori asumió la Presidencia, y el 13 de agosto se registraron 97 homicidios. Esa cifra, que ronda el centenar en poco más de dos semanas, enciende las alarmas sobre la seguridad ciudadana y refleja la gravedad de una crisis que la ciudadanía siente a diario. Mientras tanto, la percepción de impunidad crece ante la liberación de sujetos con antecedentes violentos, un hecho que ha generado un profundo malestar en la población y en las propias fuerzas del orden. La exigencia del general Revoredo apunta a un endurecimiento de las penas para quienes cometen delitos graves, en un escenario donde los homicidios no se detienen y la confianza en el sistema de justicia se deteriora cada vez más.
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