Entre enero de 2022 y lo que va de 2026, el Ministerio Público ha registrado 722 denuncias por delitos de sicariato en todo el territorio nacional, según los datos oficiales por distrito fiscal. La cifra evidencia una tendencia al alza: en 2022 se contabilizaron 100 casos, en 2023 la cifra subió a 121, mientras que en 2024 y 2025 se reportaron 185 en cada año. Solo en 2026 ya se han contabilizado 131 asesinatos por encargo, lo que representa un promedio de 22 crímenes al mes.
El modus operandi de los sicarios es siempre similar: se aproximan a sus víctimas como sombras, sin levantar sospechas, y en cuestión de segundos les disparan varios tiros. En medio de la confusión que genera el ataque, logran escapar. Pueden actuar en solitario o con cómplices, desplazándose a pie, en motocicletas o en automóviles. Esta secuencia se repite a diario en distintas ciudades del país, y ya no es una postal exclusiva de los barrios vulnerables.
Las estadísticas del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) refuerzan el panorama: en los primeros siete meses del año se registraron 1.241 homicidios, de los cuales 873 fueron perpetrados con armas de fuego. El analista de datos Juan Carbajal señala que, aunque esto representa una reducción del 5% frente a los 1.307 asesinatos del mismo periodo en 2025, el país volverá a fracasar en su objetivo de reducir la violencia callejera si el ritmo se mantiene.
La situación es particularmente crítica durante la gestión de la flamante presidenta Keiko Fujimori: solo entre el 28 de julio y el 10 de agosto se han producido 81 homicidios, de los cuales 62 (76,5%) fueron causados por proyectiles de armas de fuego. El negocio de los crímenes por encargo, conocido como 'plata o plomo', sigue cobrando vidas en todo el país.
La investigación por el asesinato de Jonathan Santos Carrasco, de 48 años, gerente general del 'car wash' (lavadero de vehículos) 'Aló Jhons', ocurrido en San Juan de Lurigancho, es uno de los casos de sicariato que más repercusión tuvo recientemente. La tesis fiscal presume que Santos mantenía una relación clandestina con Paola Gamonal Quiliche y que, al enterarse del vínculo de su pareja, Jair Maraví Inga, alias 'Farruco', ordenó la ejecución del empresario. Los deudos de las víctimas de estos crímenes suelen quejarse de que con frecuencia solo capturan a los autores materiales y no llegan a quienes los contratan, aunque en este caso la fiscalía obtuvo una prisión preventiva de 18 meses contra cinco personas por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato, quienes de forma concertada y organizada, planearon acabar con la vida del empresario.
El crimen ocurrió el 5 de agosto del 2025. Ese día, el dueño del negocio estaba sentado sobre un sofá cuando entró una mujer y luego la siguió un venezolano que le disparó varias veces. Saúl Jiménez Rodríguez, el sicario, fue detenido y confesó el homicidio. En el interrogatorio, trató de explicar su accionar: “-No sé, jefe. Se me nubló la mente, me dejé llevar por la necesidad. Mi mujer estaba en el hospital, perdiendo líquido amniótico, parecía que iba a perder el bebé”. Cuando la policía le preguntó “-¿Cuántos tiros le diste?”, el asesino contestó: “-Fueron varios”. Ante la pregunta “-¿El arma, quién te la dio?”, respondió: “-El ‘gordo’”. Y cuando le consultaron “-¿Cuánto te pagó?”, dijo: “-Me dijo que me iba a ayudar, pero nunca me dio nada”.
En los últimos seis meses la Policía Nacional informó sobre diferentes episodios en los que la investigación determinó que los autores de los asesinatos fueron personas contratadas para dicho fin, y en varios casos se logró identificar y juzgar a los atacantes, muchos de ellos extranjeros. Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía por los homicidios van marcando una ruta que evidencia las líneas comunicantes entre el imperio criminal y la delincuencia organizada.
El asesinato de Giancarlo Zegarra Cuadros, 'Careca', dejó en evidencia el “boom” del sicariato. Fortalecidos por el incremento de la extorsión, el narcotráfico, la trata con fines de explotación sexual y el microtráfico desbordado, los delincuentes negocian a diario sobre la vida de cualquier persona que se interpone en sus planes, o es objeto de antipatía, competencia o furia. Cuando los blancos están en Lima Metropolitana, las bandas recurren a las denominadas “oficinas” (celdas en los penales) para contactar a “faites” que saben dónde están quienes venden sus servicios al mejor postor y no meditan sobre las consecuencias, sostiene el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, el general PNP Víctor Revoredo.
En el caso de 'Careca', además de la captura del gatillero 'Dominick', sicario juvenil de 17 años, aún no hay pistas sólidas que apunten a quien ordenó la ejecución. Inicialmente el adolescente declaró que perpetró el ataque porque no le había pagado una deuda económica. 'Dominick' fue intervenido por la policía el 10 de abril cuando conducía una camioneta en el Rímac; le encontraron una pistola Smith & Wesson y drogas. También lo vincularon con el robo de ocho lingotes de oro ocurrido el 22 de marzo en la Costa Verde.
Hijo de Diego Oré León, cabecilla de la banda criminal 'Los Charlies de Breña' que purga condena por robo agravado, el adolescente arrastra un historial de presuntos delitos que incluye intervenciones por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y robo agravado. Por esos casos ya había sido capturado y liberado. Su madre dijo a un medio que “es un chico muy noble”.
Frente a los más de 1,200 homicidios de este año –muchos de ellos, si no la mayoría, a manos de sicarios– la justicia está lejos de funcionar con la celeridad que hemos visto en otros casos, mientras en los penales hay más de 3.400 presos por asesinatos.
El sicariato es una pelea que los peruanos están perdiendo. Uno de los últimos episodios ocurrió en Trujillo, donde cuatro piuranos fueron asesinados por no pagar un cupo de S/80 semanales. Las víctimas, trabajadores de construcción civil naturales de Piura, fueron atacadas a balazos cuando se encontraban reunidas en los exteriores de una bodega, en el sector Alto Salaverry.
En las cárceles del país, al mes de mayo último, había 105.939 presos intramuro, según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE): 39.330 procesados y 66.609 sentenciados. De ese total, 3.411 reclusos (el 3,22%) están por homicidio calificado (asesinato): 1.085 procesados y 2.336 sentenciados. Entre los 6.267 presos extranjeros, 169 están por homicidio calificado y 44 por sicariato.
Marco Romero Silva, “Niche”, es un sicario de 23 años que habla sin culpa ni arrepentimientos. Para él, la muerte era “el pan de cada día”: se convirtió en ese fantasma que pisaba los talones a sus víctimas. “Cobré S/1.000 por cada muerto”, confesó tras ser detenido en Trujillo. Por un crimen en Lima se pagan entre S/200 y US$20.000. Al sicario que se desplaza en moto se le dice “gatillero” o “pato”, y al que conduce, “piloto”.
“Coronar la vuelta”, “traquetear”, “sapo”, “camellar” o “dar piso” son expresiones que se escuchan a los delincuentes extranjeros. Algunas palabras son modismos colombianos o venezolanos, y otras son frases acuñadas por sicarios al servicio de los extorsionadores, como la tristemente célebre: “plata o plomo”.
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