Un juzgado de Ankara ordenó este domingo prisión preventiva para 32 dirigentes de la cofradía islamista "Süleymancilar", una poderosa red religiosa fundamentalista cuya cúpula enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y fraude fiscal.
La fiscalía señala al líder de la congregación, Alihan Kuris, y a su entorno de haber transformado la organización, fundada a mediados del siglo XX y dedicada a la enseñanza religiosa, en una estructura orientada al enriquecimiento ilícito. Kuris y otras 37 personas fueron detenidos el jueves pasado; de ellos, el dirigente y otros 31 pasaron a prisión preventiva, mientras que 6 quedaron bajo arresto domiciliario, según la agencia estatal turca Anadolu.
Las autoridades fiscales turcas calculan que la cofradía transfirió al extranjero unos 100 000 millones de liras (casi 2 000 millones de euros). Además, el diario Cumhuriyet asegura que Kuris tenía registradas a su nombre o al de sus padres 191 propiedades inmobiliarias. Este mismo domingo, la policía halló 200 kilogramos de oro en lingotes durante un registro en la vivienda de un hermano de Kuris, informó Anadolu.
El ministro del Interior turco, Mustafa Çiftçi, afirmó que la cofradía planeaba trasladar su centro de operaciones a la ciudad alemana de Colonia, donde construye un centro comunitario valorado en 70 millones de euros.
Los "süleymancilar" son seguidores del predicador turco Süleyman Hilmi Tunahan (1888-1959). Desde la década de 1960 crearon una red de centros de enseñanza coránica en Turquía y en 1973 registraron una asociación en Alemania, conocida hoy por las siglas VIKZ. Esa organización federa unas 300 mezquitas en Alemania y mantiene buenas relaciones con altos cargos públicos alemanes, aunque también ha sido cuestionada por difundir un islam fundamentalista y segregador, y ha sido descrita como secta.
El tribunal turco ordenó prisión preventiva para los 32 dirigentes de la cofradía islamista, quienes enfrentan cargos por fraude. La medida fue dictada tras una investigación que los vincula con un esquema de captación ilegal de fondos. Los implicados, miembros de la organización religiosa, habrían utilizado su influencia para obtener beneficios económicos indebidos, según la fiscalía. El caso ha generado gran expectativa en Turquía, donde el gobierno ha intensificado su control sobre grupos religiosos. Las autoridades judiciales determinaron que existen suficientes indicios para mantenerlos detenidos mientras continúa el proceso legal. Los abogados defensores han anunciado que apelarán la decisión, argumentando que se trata de una persecución política contra la cofradía. Este fallo se produce en un contexto de tensiones entre el Estado turco y las organizaciones islámicas, que han visto aumentar la vigilancia oficial. La cofradía, conocida por su influencia en sectores económicos y sociales, ha negado las acusaciones y denunciado irregularidades en el procedimiento. El caso sigue en desarrollo, y se espera que las próximas audiencias definan el futuro judicial de los acusados.
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