Para Carlos Casas, ex viceministro de Economía, la oportunidad es "de oro", pero advierte que si se desperdicia por agilizar el proceso, "vamos a tener problemas". En entrevista con Correo, el economista sostiene que una ley de formalización minera debe apuntar a mejorar la productividad y brindar servicios a los mineros en proceso de formalización, pero también requiere una decisión política firme para erradicar a los ilegales de las zonas que tienen tomadas.

Casas plantea que la lucha contra la ilegalidad y el apoyo a la formalización "tienen que ir juntas", aunque advierte que "lo ilegal es lo primero que se tiene que erradicar, generando desincentivo para que se vayan a la minería legal". Si se levantan los controles, alerta, "más se van a pasar a lo ilegal".

Entre las medidas que propone destaca la creación de un Fondo Minero para brindar asistencia técnica, así como establecer un efectivo mecanismo de trazabilidad y mejorar el acceso al crédito, de modo que los mineros no acudan a prestamistas ilegales que les facilitan dinero a cambio de su producción.

Consultado sobre el REINFO, que vence el 31 de diciembre, el ex viceministro considera que "lo más probable es que se prorrogue porque armar una ley tomará tiempo". Explica que hay varios proyectos sobre la mesa y que el Ejecutivo "tendrá que organizarse para poder tener una propuesta que sea realmente efectiva", que mejore la productividad, brinde servicios a quienes están en proceso de formalización y contemple la erradicación de los ilegales.

Para Casas, todo responde a "un sistema coordinado que tiene que ir de la mano", con varias aristas en las que hay que trabajar y que requieren un diseño cuidadoso. "Son varias aristas en las que hay que trabajar, hay que diseñarlo muy bien y tenemos una oportunidad de oro", insiste.

¿Y accederán al crédito formal?

La idea es que sí, y para ello se podría establecer un fondo de garantías tipo Reactiva que les permita obtener financiamiento y, de esa manera, ir bancarizándose. Ese proceso, por presión del mercado, los llevaría a adoptar prácticas más amigables con el ambiente y a no involucrarse en actividades ilícitas. La bancarización trae consigo muchas implicancias positivas, y la evidencia muestra que los pequeños y microempresarios valoran especialmente el crédito y son los mejores pagadores. Si se aplica esa lógica con los pequeños mineros, se avanzaría. Ya hay algunas cajas que han progresado con apoyo de organizaciones u ONG, pero el esfuerzo tiene que ser mucho mayor.

Dijo que se pueden dar incentivos tributarios...

Justamente, la propuesta es trasladar a los mineros informales el régimen que hoy tienen los agroexportadores, quienes después de 20 años ya han tenido suficiente. Si se establece un sistema de esa naturaleza para quienes quieren formalizarse, se lograría que mineros que actualmente no pagan nada de impuestos empiecen a tributar. La idea es que se les aplique un régimen similar al de la agroindustria, considerando que, aunque existe presión fiscal, la minería informal hoy no aporta al fisco. Hay que ofrecerles un incentivo para que comiencen a pagar en la medida en que mejore su productividad y puedan asumir los costos de la formalidad, que no son baratos.

Las normas para formalizar a la pequeña minería la tratan como grandes empresas y tendrían que pagar 29.5% por Impuesto a la Renta.

Por eso se plantea ese cambio de régimen. Además, el paquete de medidas incluye mecanismos de trazabilidad, que son bastante importantes, así como herramientas para mejorar la productividad, introducir prácticas sostenibles en la pequeña minería y garantizar el respeto de los derechos humanos. También se busca facilitar el acceso al crédito e incluso diseñar un nuevo sistema tributario. Todo esto viene en un combo para generar incentivos y evitar que el minero informal caiga en la ilegalidad.

Entonces, ¿dos meses no serán suficientes?

Hoy los mineros tienen muy poco acceso al crédito y, al no recibir dinero del sistema formal, recurren al informal, donde el ilegal les adelanta fondos a cambio de su producción. La economía formal les cierra la puerta a quienes quieren formalizarse y terminan en la ilegalidad. Por ello, el esfuerzo debe ser integral y sostenido en el tiempo.

Consultado sobre si el Reinfo debería ampliarse más allá del 31 de diciembre, Casas estimó que “unos seis meses” serían suficientes “para tener una buena ley”. En su lugar, el ex viceministro propone reemplazarlo por un sistema permanente, pues siempre habrá alguien que quiera ingresar al negocio minero, pero con reglas claras, “quizás un poquito más de sofisticación con los que están”, además de hacerlo “más transparente, pero riguroso”.

Sobre el presupuesto, el especialista señaló que solo el 0.01% del presupuesto de la República se destina a formalización minera, un monto con el que “es poco lo que se puede lograr” y que explica la ausencia de resultados. Casas es director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad UP, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, ex decano de su Facultad de Economía y ex miembro del Consejo Directivo de Servir.

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