Con menos de quince días en el cargo como ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa ya enfrenta una moción de interpelación presentada por Juntos por el Perú. Las motivaciones reales del partido izquierdista se evidencian al revisar su pliego: cuestiona el despliegue de las Fuerzas Armadas en Pataz, zona de La Libertad controlada por las organizaciones criminales más sanguinarias de la minería ilegal, responsables de terribles masacres.

EL BENDITO REINFO

El contexto no es casualidad: a fin de año vence el plazo del Reinfo y, precisamente, Juntos por el Perú preside en Diputados la Comisión de Energía y Minas, que aborda este espinoso tema. En la legislatura pasada, el partido mantuvo la titularidad de esa comisión por varias temporadas, incluso con el inefable Víctor Cutipa, hoy senador, que aspira a presidir ese grupo en su respectiva cámara.

MÁS DE LO MISMO

De prosperar esa agenda, el resultado sería más de lo ya vivido: mayor ilegalidad, fortalecimiento de las organizaciones criminales de la minería, continuidad del Reinfo y desestabilización de la minería formal. El Perú está en guerra contra las poderosas mafias de la minería ilegal, que el año pasado movilizó más de doce mil millones de dólares, y esos criminales han penetrado el Congreso.

SIGUE LA BRONCA

Mientras tanto, la pelea entre Fuerza Popular y Ahora Nación por una oficina en el Congreso sigue trayendo cola. El diputado de Ahora Nación Jahir Manrique está en el ojo de la tormenta: había denunciado ser agredido por una colaboradora fujimorista, pero salieron videos que lo muestran con una actitud agresiva frente a la trabajadora, poniéndole el celular en la cara. Se habla incluso de una denuncia policial. Ayayay...

Por unanimidad, la Comisión de Justicia del Senado aprobó la propuesta de su presidenta, Katherine Ampuero, para eliminar las sesiones virtuales: todas serán presenciales. La medida responde a una exigencia ciudadana que se extiende a todo el Congreso, y la Cámara de Diputados también ratificó que sus sesiones sean presenciales. Buena decisión.

En paralelo, crece el run run de que el Gobierno alistaría la salida del comandante general de la Policía, Óscar Arriola. El problema: su gestión recién termina a fines del 2027 y no se le puede remover, porque el Congreso anterior modificó la ley para que los jefes policiales tengan dos años fijos en el cargo. A menos que el general renuncie…

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